El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) ha celebrado este miércoles una vista para analizar si Google está sometido a la normativa europea y española de protección de datos y debe reconocer el derecho al olvido en países como España o no está obligado a ello.
La vista pública, en la que participaron Google, la Comisión Europea y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), parte de una cuestión prejudicial de interpretación que la Audiencia Nacional elevó al tribunal de Luxemburgo después de que Google recurriera cerca de 200 resoluciones de la AEPD. En ellas, el organismo solicitaba a la compañía que no indexara a través de sus buscadores informaciones que comportan un perjuicio grave para los derechos de los ciudadanos y la Audiencia Nacional decidió elevar la consulta al Tribunal Europeo al entender que la trascendencia del asunto podía afectar a otros Estados miembros de la UE.
En concreto, el TJUE analizó el caso del anuncio aparecido en La Vanguardia hace años en el que se subasta un inmueble de un ciudadano por impago a la Seguridad Social y que, pese a las peticiones de este, no ha sido retirado ni de la web del diario ni de los buscadores de internet, entre ellos Google.
La compañía estadounidense recordó ayer en un post escrito por William Echikson, su director de comunicación y asuntos públicos en EMEA, que siempre ha defendido que “solo el proveedor de dicho contenido puede tomar la decisión, o ser ordenado, para eliminar un contenido de internet”. Es decir, el buscador entiende que debe ser la fuente de origen de la información, un boletín oficial o un medio de comunicación el que se encargue de eliminarla cuando aun siendo legítima lesiona los derechos de las personas.
Google entiende además que en caso de que la recomendación del Tribunal de Luxemburgo sea a favor de la Agencia Española de Protección de Datos, las futuras resoluciones judiciales le obligarían a actuar en contra de su libertad de expresión y recuerda que existen tecnologías para que las fuentes de origen impidan a los motores de los buscadores encontrar dichas informaciones.
Tras la vista pública, las partes tendrán que esperar a que el Tribunal de Justicia Europeo emita un informe con sus recomendaciones a la Audiencia Nacional sobre cómo interpretar la ley española de protección de datos y cómo debe actuar. Un informe que previsiblemente tardará entre nueve meses y un año en hacerse público. Posteriormente, el tribunal español fallará una sentencia para cada uno de los casos recurridos por Google.
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