"Apple ha hecho que la gente admire programas que son enemigos de su propia libertad"

Richard Stallman (Nueva York, 1953) es el fundador y cara visible del software libre, aquel que defiende que los programas informáticos deben ser libremente copiados, modificados y distribuidos.
De esta idea ha surgido después el movimiento hacktivista, que propugna el uso de esas herramientas libres en la movilización social y cultural. El gurú del software libre participó el pasado fin de semana en el Free Culture Forum, organizado en Barcelona para defender el conocimiento libre, junto a los hacktivistas del 15-M. Stallman, siempre polémico, recibió múltiples críticas hace unas semanas tras la muerte del fundador de Apple, Steve Jobs, porque dijo que no se alegraba de que hubiera muerto, pero sí de que "ya no esté aquí".
¿Le importa si hablamos de Jobs?
No, no me molesta, pero no es muy importante. El asunto que realmente afecta a todo el mundo es quién tiene el control del software que usas. Hay dos posibilidades: o los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. El primer caso es el del software libre. En el segundo caso, el programa se llama privativo porque priva de su libertad a los usuarios.
Hay alguien que sí tiene el control del programa y, a través de él, tiene el control de los usuarios, los somete y, por tanto, genera un sistema de poder injusto. Lo malo de Apple y de Jobs es que han hecho que la gente admire programas que son enemigos de su propia libertad. En el caso de los productos recientes de Apple, el iPhone y el iBad [juego de palabras con el nombre de la tableta de Apple, iPad, y la expresión "yo malo"], sus esposas digitales son las más apretadas de la historia, porque restringen hasta la elección de programas a instalar.
Los usuarios del iPhone sólo pueden instalar programas aprobados por Apple. Esta empresa ha atacado la libertad de los usuarios y la ha reducido más que nunca. No es el único enemigo, pero sí el principal culpable. Por eso critiqué a Jobs, porque logró imponer estas restricciones poniendo sus productos de moda.
¿Ha seguido el Movimiento 15-M en España?
Me alegra observar esta resistencia, porque el imperio de las empresas manda en nuestros gobiernos, que imponen leyes injustas para reforzar el poder de las empresas, como la ley Sinde [contra las descargas en internet]. Los españoles deben votar por partidos que eliminarían esa ley, que ataca la práctica de compartir. Es una ley injusta no sólo por sus medidas, sino por su meta. Compartir es bueno y debe ser legal, debe ser fomentado.
Movimientos como Anonymous han tenido un papel importante en el 15-M.
Lo que conozco de Anonymous es su práctica de protestar contra las páginas de empresas o agencias que actúan mal. Estas protestas son el equivalente virtual de manifestarse en la calle, y puede ser incómodo, pero hay algo más importante en juego.
El software libre también está presente en el 15-M.
Leí sobre un programa para manejar sugerencias de los ciudadanos y establecer quiénes están a favor de cada cosa. Me gusta que el software libre se aproveche para este movimiento.
Dice que los gobiernos están restringiendo libertades. ¿Por qué?
En la UE hay una directiva que prohíbe la distribución de programas libres capaces de acceder a las obras encriptadas. Comprende publicar las obras en un formato secreto que sólo unos programas privativos e injustos sepan reproducir y, como los desarrolladores suelen ser bastante inteligentes como para descubrir el formato y desarrollar un programa libre capaz de reproducir las mismas obras, lo han prohibido. Atacan la libertad.
¿Y el poder económico también lo impide?
El caso de Wikileaks demuestra la precariedad de nuestros derechos en el mundo digital. Puedes imprimir y distribuir papeles con tu opinión y, si quieres recibir donaciones, puedes aceptar monedas en tu mano. Pero si quieres hacer las mismas cosas en internet necesitas el apoyo de unas empresas que pueden retirar ese apoyo bajo cualquier pretexto. Estás a su merced.
¿Cómo se puede solucionar eso?
Hay que establecer leyes que digan que las empresas que proporcionan determinados servicios no pueden retirarlos si los estás pagando.