En lo único que estaban todos de acuerdo era en la necesidad de reformar un código forestal que databa de 1965 y que dejaba numerosas lagunas legales. Pero, mientras que las organizaciones ecologistas y buena parte de la sociedad civil pretendían que la nueva ley reforzase las áreas reservadas, los diputados y senadores llamados ruralistas, protectores de los intereses de latifundistas y empresas del agronegocio exportador en Brasil, han dejado sentir su influencia. Por 59 votos a favor y apenas siete en contra, el Senado aprobaba en la noche del martes, al borde de la madrugada, la polémica reforma que, según la organización ecologista WWF, supondrá "un golpe mortal para la Amazonia".
Ahora el proyecto volverá al Congreso, que ya se manifestó a favor de la reforma, y la última palabra será de la presidenta, Dilma Rousseff, que tiene el poder de vetar total o parcialmente la ley. Es la última oportunidad para quienes se oponen al nuevo código, y WWF ha anunciado que iniciará una campaña internacional para presionar a Rousseff. Para esta organización, el texto abriría el camino a la deforestación de una extensión de selva de 79 millones de hectáreas y dispararía las emisiones de CO2 de Brasil.
Dos son los aspectos más polémicos de la nueva ley: de un lado, se rebaja la protección de las áreas reservadas y, por otro, en contra de lo que quería el Gobierno, el proyecto otorga la amnistía a quienes cometieron crímenes ambientales, como destruir vegetación nativa en áreas protegidas, antes de julio de 2008.
La exministra de Medio Ambiente de Brasil, nombrada en 2003 por el entonces presidente Lula y dimitida en 2008, Marina Silva, cargó ayer en la cumbre del clima de Durban (Suráfrica) contra la reforma de la ley forestal. "Reduce la protección de los bosques, amnistía a los culpables y aumentará la deforestación", aseguró con semblante indignado en una rueda de prensa, antes de pedir a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que vete el avance de la reforma. Silva abandonó el Partido de los Trabajadores en 2009 para adherirse al Partido Verde, con el que rozó el 20% de los votos en las elecciones generales de octubre de 2010, que ganó Rousseff, informa Manuel Ansede desde Durban.
Pero la presión sobre la presidenta es enorme. Según La Folha de São Paulo, 50 parlamentarios que votaron el código recibieron financiación a su campaña electoral en 2010 de las empresas del agronegocio que se beneficiarán de la amnistía, por un valor de 15 millones de reales (unos 6,2 millones de euros).
Los pocos senadores críticos advirtieron sobre la reforma. Raudolfe Rodrigues insistió en que, al disminuir la protección en áreas sensibles, aumenta el riesgo de deslizamientos de tierras y erosión del suelo en un país donde, cada año, la época de lluvias se salda con tragedias mortales. El senador Marinor Brito lamentó que no se hayan escuchado las recomendaciones de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia y de la Academia Brasileña de Ciencias: para los expertos, no es necesario deforestar más para aumentar la producción.
Pero no todo fueron ayer malas noticias para la selva. Los últimos datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, en sus siglas en portugués) indican una histórica reducción de la deforestación en la Amazonia brasileña: entre agosto de 2010 y julio de 2011 se destruyeron 6.238 kilómetros cuadrados de selva, un 11% menos con respecto al año anterior y la cifra más baja desde que este organismo fiscaliza la deforestación. El Gobierno atribuye el buen dato a los mayores controles de fiscalización.
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