Los beneficiados por la ley del papel de diario en Argentina

"Quien controla la producción de papel, controla la palabra impresa en la República Argentina".

Eso dice uno de los fundamentos de la llamada Ley de Papel Prensa, la norma impulsada por el gobierno argentino que regula la fabricación, comercialización y distribución del papel de diario, y que fue promulgada esta semana por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Según el gobierno, la producción de papel para periódicos es de interés público y debe ser "tutelada" por el Estado.
Por ello, propuso esta ley que obliga a la única productora de pasta celulosa y papel para diarios del país, Papel Prensa, a cubrir el 100% de la demanda interna de Argentina y a vender su insumo al mismo precio para todos.
Actualmente Papel Prensa, que pertenece mayoritariamente a los dos principales diarios del país, Clarín y La Nación, y minoritariamente al Estado, abastece al 75% del mercado y, hasta el año pasado, vendía su papel a precios escalonados, según el volumen de compra (una práctica común en el comercio de bienes).
Con esta ley, la empresa -que actualmente produce 175.000 toneladas de papel de diario- deberá empezar a generar las cerca de 225.000 toneladas que se requieren para que Argentina se autoabastezca.

Mayor presencia del Estado

Para ello, Papel Prensa deberá hacer las inversiones necesarias. Si los socios mayoritarios no cuentan con los recursos, la propia ley detalla que el Estado podrá poner el dinero. En ese caso, verá ampliada su participación accionaria actual (del 27,5%), lo que achicaría el margen del Grupo Clarín (49%) y La Nación (22,5%).
Según estos medios, que son críticos del gobierno, la Ley de Papel Prensa es una vía indirecta del gobierno para controlarlos. Esta acusación es respalda por gran parte de la oposición y varias asociaciones de prensa locales y extranjeras.
En cambio, el gobierno asegura que propuso esta norma para dar acceso a su insumo fundamental a los cientos de diarios más pequeños del país, que se ven obligados a importar su papel -a un costo mayor- porque Papel Prensa no les brinda su producto o se los vende a precios más altos de lo que pagan Clarín y La Nación.
El gobierno sustenta esta acusación en el hecho de que esos dos diarios consumen cerca del 75% de la producción de Papel Prensa, y pagan por este insumo precios más bajos que los periódicos más chicos que compran el 25% restante.

¿Es más caro importar?

Pero para Clarín y La Nación, el argumento que utiliza el gobierno es falaz.
Por una parte, argumentan que desde 2010 el propio gobierno dictó una resolución que obliga a Papel Prensa a vender su producto al mismo precio para todos: US$753 por tonelada.
Además niegan que importar papel sea más caro que comprarlo de Papel Prensa y sostienen que el auge de los medios online ha hecho que la demanda por papel de diario caiga en todo el mundo. El precio internacional del producto cayó a US$680 por tonelada.
En efecto, actualmente Clarín y La Nación son los principales importadores de papel para diarios del país.
Pero, entonces ¿quién tiene la razón? BBC Mundo les hizo esta pregunta a algunos de los actores involucrados en la polémica sobre esta ley: los distribuidores y compradores de papel de diario.
"Es cierto que el papel es más barato en el exterior, pero importarlo tiene costos que hacen que el precio final sea más alto de lo que uno pagaría a Papel Prensa", afirmó Eduardo Santillo, presidente de la cooperativa que edita el diario Comercio y Justicia y otros 20 periódicos más pequeños de la provincia de Córdoba.
Otro detrimento de la importación es el caudal de la compra: "Lo mínimo que se puede importar son 100 toneladas. Pero un diario pequeño apenas usa unas 7 toneladas al mes", explicó.

Sistema mixto

Al igual que la mayoría de los diarios y distribuidores consultados, la editorial compra una parte de su papel a Papel Prensa e importa el resto.
Marcelo Marino de la comercializadora de papel de diario Socmar SRL, dijo a BBC Mundo que si bien importar es más caro, tiene una crucial ventaja: la financiación.
"A Papel Prensa se le debe pagar al contado, pero con las empresas extranjeras se puede financiar el pago", señaló.
Otra virtud del papel importado es que, según aseguran quienes lo usan, es de mejor calidad que el producido localmente.
No obstante, tanto Marino como otros expertos resaltaron que sólo las empresas más grandes pueden sacar provecho de la importación, ya que las más pequeñas no tienen la estructura necesaria para poder hacerlo.
Marino dice que lo ideal sería "no tener que importarlo".
No obstante, niega que los diarios más grandes restrinjan el acceso de los más pequeños al insumo de Papel Prensa y señala que la producción local simplemente "no alcanza".
Es por eso que considera que los diarios más pequeños se verán efectivamente beneficiados por esta nueva ley.

Riesgo

Julio Sánchez Penas, gerente de la Cooperativa de Provisión de la Prensa Argentina Ltda (Cooppal), que distribuye papel a unos 120 diarios pequeños y medianos del interior del país, coincidió en que los periódicos más chicos saldrán ganando al poder comprar su insumo en el país.
Sin embargo, el empresario cuestionó la intención del gobierno al impulsar la regulación del papel de prensa.
"Si querían garantizar el papel para los diarios más chicos les podrían haber cedido a éstos sus acciones en Papel Prensa no podían haber reservado exclusivamente para esos medios las cerca de 48.000 toneladas de papel que les corresponde por tener el 27,5%" de la productora, sugirió.
Otros críticos del gobierno agregan que las autoridades podrían haber forzado a la otra gran papelera del país, Papel de Tucumán, a fabricar el insumo para diarios, en vez de exigir a Papel Prensa que suministre la totalidad de la demanda nacional.
Por este motivo, son muchos los que creen que la Ley de Papel Prensa es una medida que el gobierno adoptó en el marco de la "guerra" que mantiene con el Grupo Clarín, el principal multimedios del país.
"Somos presos de un conflicto que no nos pertenece", resumió Sánchez Penas, haciendo eco del pensamiento de muchos de sus colegas en el sector.
El riesgo de esta ley, según sus detractores, es que esa misma pluralidad de voces que se quiere garantizar, termine siendo coartada por una excesiva injerencia estatal.