La velocidad mínima de acceso a internet será de un megabit por segundo a partir del día 1 de enero y, de esta forma, España será, junto con Finlandia y Malta, de los pocos países europeos que tienen reconocida por ley la velocidad de navegación por la red. Fuentes de Telefónica, que es la operadora que ofrece el servicio, señalaron que alrededor de 200.000 ciudadanos se verán beneficiados con esta velocidad que se garantizará a través de la tecnología más adecuada en cada ocasión: cobre, móvil, radio o satélite.
El uno de enero entra en vigor el contrato de Telefónica con el Estado para dar el servicio universal de telecomunicaciones tras el concurso que se celebró este año y que tiene como novedad la inclusión de la velocidad mínima de internet y que ha salido de las obligaciones el servicio de información telefónica 11818.
Al concurso para el servicio universal, cuyo coste es financiado por todos los operadores con poder significativo en el mercado, sólo se presentó Telefónica, que es la operadora que siempre ha sido la encargada de garantizar el derecho de acceso a las telecomunicaciones y ahora ha asumido de nuevo el compromiso por un periodo de 5 años.
A partir del uno de enero, los ciudadanos que hasta ahora no podían acceder a internet a un mega podrán pedir el servicio que tendrá un coste de 19,9 euros al mes más la cuota de línea mensual de 13,97 euros, que en 2012 vuelve a permanecer sin subida por acuerdo de la Comisión del Mercado de Valores.
El alta del servicio es de 38,1 euros para los que ya tienen contratadas las llamadas, y de 121,63 para los que no tienen ningún contrato de línea telefónica. Los usuarios que sólo quieran contratar internet tendrán que pagar un alta de 66 euros y pagar al mes 29,9 euros. A estos precios hay que sumar el IVA correspondiente.
El servicio universal de internet a un mega tiene una limitación de 5 gigabytes de contenidos al mes y a partir de ahí la velocidad baja a 126 kilobits por segundo. En el servicio universal que ofrece Telefónica a partir del uno de enero también se incluye el acceso obligatorio al servicio telefónico, a teléfonos públicos de pago (cabinas) y a guías telefónicas que podrán ser en formato digital, aunque el usuario siempre podrá exigirlas en papel.
El coste máximo del servicio universal, que será financiado por los operadores con poder significativo en el mercado, ha establecido tras el concurso en un máximo de 74,6 millones de euros al año.
A partir del uno de enero deja de estar incluido entre los servicios a los que tienen derecho todos los usuarios el de información telefónica a través del 11818, que costaba a 0,35 euros el minuto. Desde el 1 de enero las llamadas a este número no tendrán coste y el usuario escuchará una alocución indicando que ya no está disponible el servicio y que pueden dirigirse a otro servicio de información.
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