Hasta el lunes, Pablo Soto era un “parásito”. Hoy se ha convertido en “un activo de sustancial presente y enorme potencial de futuro para nuestro país”. La primera definición es de la industria musical; la segunda, del Gobierno de España. Y ambos condenan y alaban a este joven programador por la misma razón: ha creado un software que se utiliza en el intercambio de archivos por internet. Para los creadores, Soto merece por ello un castigo valorado en 13 millones de euros; para la Administración, lo que necesita es una ayuda de 1,6 millones.
En la mañana de hoy, Soto trataba aún de reponerse de la intensidad de las emociones que había vivido ayer, cuando un juez de Madrid desestimaba “en su totalidad” la demanda presentada contra él por cuatro grandes discográficas y la asociación de productores musicales. Los demandantes le reclamaban 13 millones de euros por los “daños y perjuicios” provocados por los programas Blubster, Mp2P y Piolet, creados por él. El juez Antonio Martínez-Romillo, sin embargo, consideró que la tecnología creada por Soto es “totalmente neutra” y que no es responsable del uso que hagan de ella los internautas. Al conocer la sentencia, Soto no pudo dejar de llorar.
Hoy, su banco le volvía a dar motivos para emocionarse: la Administración española le había ingresado los 1.640.000 euros que le habían concedido en septiembre para que desarrollara su nuevo buscador Foofind, dentro del Plan Avanza2 Contenidos Digitales. Soto presentó la solicitud para esta ayuda en abril, cuando ya estaba claro que la demanda de las discográficas, presentada tres años y medio antes, le había cerrado “todas las posibilidades de acceder a financiación privada”, explica.
El objetivo del Plan Avanza2 es “fomentar y dar apoyo a la verdadera materia prima de los contenidos digitales: el factor humano y el talento creativo”. Soto pensó que la descripción se ajustaba perfectamente a su nuevo proyecto, la web Foofind. La idea de Soto es desarrollar un buscador “eficiente, gratuito y libre, es decir, que se pueda modificar”. La página muestra enlaces a todo tipo de archivos, incluidos los de intercambio P2P y, a pesar de que el equipo de Soto apenas ha comenzado a trabajar en él, Foofind ya tiene 120.000 visitantes únicos al mes.
El programador esperaba esta inyección de presupuesto para darle un empujón a la web. El hecho de que el ingreso del dinero se haya producido sólo un día después de haber ganado su sentencia es aparentemente casual. Sí muestra, en todo caso, la “esquizofrenia” que, según Soto, ha mostrado este Gobierno con el mundo del P2P. “El Ministerio de Cultura quiere aplicar la ley Sinde para cerrar páginas que los jueces dicen que son legales y que pueden ser un activo para la I+D”, mientras otros departamentos, como el Ministerio de Industria en este caso, premian esas aplicaciones con ayudas.
Soto utilizará la subvención para desarrollar su proyecto durante los próximos tres años. Fichará a media docena de los “mejores programadores de España” y adquirirá equipo técnico con el que poder ordenar los más de mil millones de archivos que quiere tener clasificados este año. “Daremos que hablar”, resume.
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