La Comisión Europea ha presentado una propuesta para que la Unión  Europea apruebe el tratado ACTA, acuerdo comercial para combatir la  falsificación, que ha tenido una oculta y polémica negociación. Tras  muchos borradores, instaura la colaboración de los estados en el combate  contra la falsificación. En el terreno de la propiedad intelectual,  abre la vía al filtrado de contenidos y a la fórmula de la respuesta  graduada (avisos al internauta que descargue obras protegidas y sanción  si no desiste) organizada entre actores privados, por ejemplo por la vía  de un pacto entre sociedades de gestión y proveedores de acceso.  También consagra sanciones penales en caso de desbloqueo de programas de  gestión de derechos de autor (DRM) embebidos en las copias digitales de  las obras.
En el texto se justifica el apoyo a ACTA porque la violación de los  derechos de la propiedad intelectual perjudica al comercio legítimo y a  la competitividad, lo que conlleva consecuencias negativas que van en  contra del crecimiento y el empleo.
El documento considera el  texto final del tratado un acuerdo equilibrado que tiene presentes los  derechos de los ciudadanos y las preocupaciones de consumidores,  proveedores de acceso, etc. Llama la atención que el texto afirma que el  Parlamento europeo ha sido informado de forma regular de las  negociaciones. De hecho, el Parlamento votó una resolución en la que  denunciaba la falta de transparencia de las negociaciones que se  llevaronen sectreto entre los estados intervinientes como EE UU, Japón, Corea del Sur, Australia, Suiza, México y Gran Bretaña, entre otros. Finalmente, el Parlamento europeo aprobó en noviembre de 2010  el tratado con el voto de 331 diputados del Partido Popular Europeo y  Conservadores y Reformistas Europeos y la oposición de 229. Internautas y  operadoras de telecomunicaciones han manifestado reiteradamente su preocupación por algunos aspectos del mismo.
El Pais
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