Los jóvenes impulsan la modernización tecnológica de los abogados

La abogacía es una de las profesiones más conservadoras en cuanto a la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Y esto se observa en cómo estos profesionales buscan información para su labor diaria: mientras los mayores se enorgullecen de permanecer fieles al formato gráfico, los más jóvenes se suscriben a servicios de alertas de último momento para conocer fallos que involucran a los fueros donde trabajan.
La llegada de las TIC al ámbito de los tribunales genera, además, oportunidades de negocios para las empresas que clasifican y administran bases de datos de leyes y sentencias judiciales.
Actualmente, en la Argentina hay más de 160 mil abogados matriculados en las diversas provincias.
La ciudad de Buenos Aires es el distrito que mayor número de abogados posee (más de 70 mil); le sigue la Provincia de Buenos Aires (más de 40 mil) y luego el interior del país (más de 50 mil). Se calcula que el 70% de ese mercado se encuentra en actividad, es decir, aproximadamente 120 mil abogados.
Sin embargo, sólo el 15% utiliza productos jurídicos en línea pagos. Es decir, hay un 85% que no está suscripto a este tipo de productos.
Julio Levene (h), director ejecutivo de IJ International Legal Group, una empresa que desde 2008 tiene una biblioteca en Internet con un sistema de búsquedas de fallos, trazó ante iProfesional.com un cuadro generacional de los abogados, de acuerdo a su relación con las tecnologías, y explicó por qué un letrado no debe recurrir a Google o Wikipedia cuando necesita sustentar sus escritos.
“Hoy, la eficiencia es fundamental en el manejo de información”, dijo el bisnieto del historiador Ricardo Levene y nieto del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Levene (hijo). A partir de esa necesidad, describió así a los abogados:

• "Los que tienen más de 50 años encarnan el prototipo tradicional del abogado enamorado del libro y de su gran biblioteca";
• "entre 35 y 50 años, están más conectados a la tecnología, usan Internet y son más eficientes, aunque siguen clavados en el papel";
• y entre 25 y 35 años, buscan mayor eficiencia y rapidez y soluciones informáticas a sus problemas”.
• A estos estratos se suman los estudiantes de abogacía que se divierten con las TIC y que no buscan información en los tomos de editoriales tradicionales del sector sino en Internet.

“El derecho siempre fue un mercado conservador y tradicional, pero hoy no pasa eso”, aclaró Levene. “Antes, era el último en adoptar las nuevas tendencias. Es decir, un mercado que respetaba la tradición. Era difícil entrar”, señaló.
Sin embargo, advirtió que en las tres franjas se observa un problema recurrente: la búsqueda de información judicial en fuentes como Google, donde “hay de todo y no se sabe si está actualizado o chequeado”, como también sucede en la enciclopedia virtual Wikipedia.
Quienes más recurren a estas herramientas son los abogados del interior, por una cuestión de costos. “No puede ser que el abogado busque en Google, porque es muy importante la confianza en la información”, señaló.
Modelo de negocioLevene dejó una carrera en el estudio Marval O’Farrel para asociarse con Matías Campana e investigar modelos de negocios para el sector judicial en 2006. Aunque es abogado y le “encanta” el derecho, no se dedicó a esta profesión. Hoy estudia administración de empresas.
Luego de comprobar que los servicios de búsqueda de información basados en TIC eran muy onerosos para un estudio promedio, pasaron a diseñar un boletín por correo electrónico con datos jurídicos.
Al poco tiempo, en 2008, profundizaron la apuesta con una biblioteca jurídica en la web. Para ello, se comunicaron con un grupo de inversores, que aportó unos 100 mil dólares.
En vez de arrancar con un sitio prearmado, prefirieron arrancar desde cero, con tres programadores y manager de producto, al cual se sumó luego un equipo externo. IJ Editores se montó entonces a pocas cuadras del Palacio de los Tribunales, en Buenos Aires.
En rigor, el modelo de esta compañía es muy similar al que se aplica en otras industrias atravesadas por Internet: ofrecer información de calidad y barata, con tecnología aplicada al manejo de ese contenido.
El modelo al cual apuntan IJ Editores y otros proveedores (ver más adelante en esta misma nota) incluye costo accesible, volumen de la base de datos, análisis de especialistas, síntesis de los principales temas del día, variedad de contenidos y actualización continua de la información.
Levene y sus socios se dedicaron, primero, a conseguir esa información, luego pasaron a mostrarla en un formato para cada mercado y una vez que sumaron a los estudios más importantes y a la Corte Suprema y las cámaras, se enfocaron en los profesionales.
Hoy, esta empresa trabaja y lanza aplicaciones para los teléfonos BlackBerry e iPhone, desde los cuales se accede a una base de datos con más de 150.000 fallos, más de 10.000 leyes y decretos, una base de doctrina y herramientas como sistema de reportes y alerta de novedades.
Los boletines temáticos tratan sobre derecho societario y laboral; concursal, procesal, responsabilidad civil y derecho bancario y mercados financieros; familia y sucesiones, contractual, administrativo, propiedad industrial e intelectual y derecho tributario; derechos reales y derecho de la seguridad social, arbitraje y mediación.
Los montos de inversión ascendieron de los 350 mil pesos en 2009 a 500 mil en 2010, entre otras cosas para lanzar una plataforma dirigida a alumnos universitarios de abogacía, con los programas de todas las materias, información de temas de los cursos, y la jurisprudencia y doctrina que se utilizarán.
El objetivo de esta iniciativa, gratuita para el alumno y con un costo bajo para la universidad, es capacitar a los estudiantes y futuros abogados en el uso de herramientas informáticas.
Así, existe un desarrollo para los estudiantes, otro para postgrado, y otro para que los abogados puedan ver libros en formato de resúmenes, citas, fallos y legislación relacionada.
En IJ Editores no hay previsto ningún servicio en formato papel. “Aquí no se imprime nada”, se enorgullece en decir Levene, quien confirma que, incluso, las facturas a sus clientes se emitirán en forma electrónica. Para este año planean llegar a Uruguay y Chile y luego al resto del Mercosur.
RivalesEl caso de IJ Editores es un ejemplo de cómo las TIC ofrecen un nuevo enfoque en los vínculos entre sentencias y opiniones de los juristas.
Además de la empresa de Levene hay otros servicios jurídicos en línea. La editorial La Ley ofrece, en su versión informática, acceso a más de 500 bases de datos de información jurídica con la tecnología de recuperación de información de Thomson Reuters. Esta tecnología es la misma que se aplica para el servicio Westlaw, en Estados Unidos, España o Inglaterra.
En tanto, elDial.com se convirtió en 1997 en el “primer diario jurídico digital argentino”. Al igual que IJ Editores, ofrece análisis y síntesis de actualización diaria que se envía vía boletín por correo electrónico.
Todos estos proveedores apuntan no sólo a los abogados más cercanos a las TIC sino también a los estudios más chicos y a los abogados ubicados en ciudades distantes de los grandes centros de producción de actualidad jurídica.
Otros jugadores del mercado de información judicial son Utsupra (gratuito para los matriculados en el Colegio Público de la Capital Federal, de San Isidro y La Matanza, entre otros), Abeledo Perrot y Microjuris.
Justamente, en enero, Abeledo Perrot fue protagonista de una operación que demuestra la relevancia de este mercado.
Thomson Reuters, la empresa dueña de la editorial La Ley, se quedó con las operaciones argentinas y chilenas de Legal Publishing Group, una empresa que era propiedad del fondo Palmfund y entre cuyas marcas estaba Abeledo Perrot.
La compañía que se dedica a dar información sobre empresas no difundió los detalles económicos de la transacción.
Legal Publishing Group tenía como foco la información a profesionales en el mercado legal y fiscal a través de distintos soportes y marcas.
En el país, además de Abeledo Perrot, una de las editoriales legales argentinas de más peso, que poseía revistas legales tradicionales, como Jurisprudencia Argentina y el sello Editorial Depalma.
En Chile, daba información online a oficinas gubernamentales y universidades. Era propietaria de la revista legal Gaceta Jurídica, el software Hyper Renta y su línea de Manuales de Consulta.

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