Miembros de todos los grupos políticos de la Eurocámara han solicitado "aclaraciones" sobre cómo se aplicaría el tratado internacional contra las falsificaciones conocido como ACTA, negociado (y aprobado) por la UE y otros diez países de todo el mundo, antes de votar si respaldan o rechazan su entrada en vigor.
La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo debatió el jueves sobre el acuerdo, que la Comisión Europea ha decidido remitir al Tribunal de Justicia de la UE para comprobar si está totalmente en línea con las leyes comunitarias.
El ponente del informe parlamentario sobre el asunto, el socialista británico David Martin, pidió el respaldo a su propuesta de que el Parlamento Europeo remita de forma paralela a la Justicia europea sus propias preguntas sobre la legalidad de ACTA.
En concreto, Martin quiere tener más información sobre las agencias de control de fronteras que deben gestionar los bienes falsificados, y sobre si los proveedores de Internet podrían aplicar este acuerdo en contra de sus clientes.
Hasta que la máxima instancia judicial de la UE no emita su sentencia -algo que según fuentes comunitarias podría demorarse un año-, los eurodiputados no están dispuestos a pronunciarse sobre la ratificación del texto, un voto necesario para que el tratado pueda entrar en vigor.
"No hay una ley de los 'tres avisos' en ACTA, pero no sabemos cómo los proveedores de servicios de Internet interpretarán las tareas que se les dé y si pensarán que tienen el deber de cortar internet a la gente", enfatizó.
El conservador sueco Christofer Fjellner, que también colabora en el informe del Parlamento, afirmó que será necesario examinar a fondo las garantías que da la Comisión Europea de que el tratado "no cambiará la vida" de los ciudadanos europeos.
Tanto Martin como otros eurodiputados que intervinieron en la sesión criticaron, además, la "falta de transparencia" del acuerdo, en cuyas negociaciones, en manos de la Comisión Europea y de los gobiernos, no han podido intervenir.
El eurodiputado alemán de Izquierda Unitaria europea Helmut Scholz puso de manifiesto que los países donde se originan más falsificaciones no están incluidos en el acuerdo, e insistió en que ese fenómeno debería abordarse a través de las estructuras internacionales existentes.
"El tribunal aportará la claridad que tanto necesitamos sobre nuestras preocupaciones", apuntó.
ACTA pretende reforzar la protección de la propiedad intelectual en diversos sectores, que van de la moda a la industria, con la novedad de que incluye, por primera vez en este tipo de pactos internacionales, un capítulo exclusivamente dedicado al medio digital.
Durante su negociación, ha levantado la desconfianza, en especial, de los internautas, que temen ver restringidas sus libertades fundamentales en la Red.
La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo debatió el jueves sobre el acuerdo, que la Comisión Europea ha decidido remitir al Tribunal de Justicia de la UE para comprobar si está totalmente en línea con las leyes comunitarias.
El ponente del informe parlamentario sobre el asunto, el socialista británico David Martin, pidió el respaldo a su propuesta de que el Parlamento Europeo remita de forma paralela a la Justicia europea sus propias preguntas sobre la legalidad de ACTA.
En concreto, Martin quiere tener más información sobre las agencias de control de fronteras que deben gestionar los bienes falsificados, y sobre si los proveedores de Internet podrían aplicar este acuerdo en contra de sus clientes.
Hasta que la máxima instancia judicial de la UE no emita su sentencia -algo que según fuentes comunitarias podría demorarse un año-, los eurodiputados no están dispuestos a pronunciarse sobre la ratificación del texto, un voto necesario para que el tratado pueda entrar en vigor.
Posibles consecuencias
"Tenemos un interés crítico en defender la propiedad intelectual de la UE y necesitamos actuar en ese sentido", dijo Martin, pero a su vez se declaró preocupado por la "posibles consecuencias no intencionadas" de ACTA y "cómo pueda ser leído el texto"."No hay una ley de los 'tres avisos' en ACTA, pero no sabemos cómo los proveedores de servicios de Internet interpretarán las tareas que se les dé y si pensarán que tienen el deber de cortar internet a la gente", enfatizó.
El conservador sueco Christofer Fjellner, que también colabora en el informe del Parlamento, afirmó que será necesario examinar a fondo las garantías que da la Comisión Europea de que el tratado "no cambiará la vida" de los ciudadanos europeos.
Tanto Martin como otros eurodiputados que intervinieron en la sesión criticaron, además, la "falta de transparencia" del acuerdo, en cuyas negociaciones, en manos de la Comisión Europea y de los gobiernos, no han podido intervenir.
El eurodiputado alemán de Izquierda Unitaria europea Helmut Scholz puso de manifiesto que los países donde se originan más falsificaciones no están incluidos en el acuerdo, e insistió en que ese fenómeno debería abordarse a través de las estructuras internacionales existentes.
Apoyo de la Comisión
Por su parte, el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, reiteró que enviar ACTA al Tribunal de Justicia ha sido "la decisión acertada", dada la "responsabilidad que tienen los políticos de establecer los hechos y no seguir a la gente"."El tribunal aportará la claridad que tanto necesitamos sobre nuestras preocupaciones", apuntó.
ACTA pretende reforzar la protección de la propiedad intelectual en diversos sectores, que van de la moda a la industria, con la novedad de que incluye, por primera vez en este tipo de pactos internacionales, un capítulo exclusivamente dedicado al medio digital.
Durante su negociación, ha levantado la desconfianza, en especial, de los internautas, que temen ver restringidas sus libertades fundamentales en la Red.
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