El Reino Unido cambiará su política de persecución de las infracciones de la propiedad intelectual. De entrada, admitirá la legalidad de que el lícito propietario de una obra puede obtener una copia privada de la misma para su uso personal. La normativa aclarará expresamente que esta copia privada no podrá ser compartida. Por otra parte, el Gobierno desiste de elaborar una ley que imponga el bloqueo de los sitios considerados infractores del copyright. Ello no supone que deje de perseguirse a los mismos. De hecho, las autoridades británicas aplauden el proceso culminado la semana pasada por la que la operadora BT bloqueó el acceso a Newzbin2 tras recibir una orden judicial en este sentido impulsada por Hollywood. La toma de posición del Gobierno británico, que incluye una aportación del departamento de Cultura, es su respuesta al informe del profesor Ian Hargreaves.
La normativa británica también introducirá un sistema de avisos a los internautas que se detecte infringen la ley descargando copias protegidas comercialmente. La persistencia en esta conducta podrá suponer la retirada de la conexión a Internet. El sistema, sin embargo, no se calcula que entre en vigor hasta 2012. Los internautas que reciban el aviso podrán recurrir la veracidad del mismo pero tendrán que depositar cautelarmente 20 libras esterlinas para poder hacerlo. Con esta medida se quiere evitar que los afectados discutan sistemáticamente la veracidad de la acusación. En caso de probarse que ésta era falsa se devolverá el importe al internauta inocente.
El Reino Unido es de los pocos países europeos que no admitía la copia privada. En España está reconocida y ello justifica la existencia del canon digital, según sus defensores, como método de compensación al autor por la existencia de la citada copia. Vince Cable, secretario de Negocios del Gobierno británico, ha argumentado que no puede tratarse al consumidor como un eterno sospechoso y que no tiene sentido alabar las innovaciones tecnológicas de la industria y luego decir a los consumidores que no pueden usar esta tecnología para los productos que han comprado. Cable anticipó que el reconocimiento de la copia privada será para casos limitados y no precisó si se admitiría, por ejemplo, enlos servicios en la nube del tipo de los lanzados por Google o Amazon.
Con respecto al bloqueo de webs, el Gobierno considera que el procedimiento judicial es demasiado lento para ser efectivo y pone como ejemplo la oferta en directo de un partido de fútbol desde Internet por parte de un sitio que carece de los derechos para hacerlo. El sitio puede abrir un viernes y cerrar el domingo, después de haber pirateado las imágenes. Una agilidad que imposibilita la reacción judicial. El Gobierno espera que la industria de los contenidos y las operadoras puedan llegar a pactar un sistema de persecución más efectivo que, en cualquier caso, deberá contra con una orden judicial.
La semana pasada, un tribunal británico ordenó a la operada BT que impida a sus clientes acceder al sitio Newzbin2 por considerar que maneja material protegido por derechos de autor. En marzo del año pasado, los tribunales británicos condenaron a Newzbin por piratería y le obligaron a suprimir todos los enlaces controvertidos. El sitio, con 700.000 miembros, no albergaba contenidos si no que suministraba enlaces sobre películas, juegos, programas de televisión y todo tipo de material audiovisual. Cuando todos daban por enterrado el servicio, un grupo hacker, aparentemente desligado de sus anteriores propietarios, anunció que poseía el código fuente del servicio así como la base de datos lo que le permitió reabrir el sitio bajo el nombre de Newzbin2 y con los servidores alejados del Reino Unido.
BT ha considerado legítimo el camino judicial tomado por la MPA y en setiembre se revisará ante el juez la efectividad de las medidas tomadas. En España, la llamada ley Sinde prevé el bloqueo de sitios por infracción de la propiedad intelectual tras un proceso sumario en la instancia contencioso-administrativa. Una ley que ha sublevado a la comunidad internauta.
Estas medidas suponen el inicio por parte de las autoridades británicas de un proceso para repensar las políticas de protección a la propiedad intelectual.
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