La Unión Europea supervisará la gestión de residuos radiactivos en sus países miembros. Una directiva sobre seguridad de desechos, adoptada ayer definitivamente por los 27, exigirá a los Gobiernos remitir a Bruselas antes de 2015 un plan y un calendario detallado sobre su gestión. La directiva incluye la obligación de construir almacenes definitivos en profundidad geológica, la solución considerada más segura para la gestión de los residuos. Sin embargo, según la directiva, dos o mas países podrán compartir este tipo de instalaciones.
El comisario de Energía, Günther Oettinger, aseguró que con la nueva norma "la UE se convierte en la región más avanzada en cuanto a la gestión segura de los residuos radiactivos y el combustible gastado". Serán el propio Oettinger y sus sucesores en el cargo los que supervisen cada detalle de los planes de gestión: desde su financiación hasta sus características técnicas, pudiendo hacer cambios en ellos si no se ajustan a las reglas comunes. La euforia del Ejecutivo comunitario se explica por la aplicación de reglas comunes en este campo, hasta ahora reservado celosamente a las competencias nacionales. Se inscribe dentro de un proceso de europeización de las reglas que se aceleró tras la catástrofe de Fukushima, que dio lugar al diseño de pruebas de resistencia a las centrales, actualmente en desarrollo. Además, se da carpetazo a un debate científico. "Tras 30 años de investigación, se acepta generalmente a nivel técnico que el almacenamiento geológico profundo constituye la opción más sostenible y más segura como punto final de la gestión de residuos de alta actividad y de combustible gastado considerado residuo", recordó la Comisión, en un comunicado.
La norma no legisla sobre instalaciones como el Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) pendiente de lograr una ubicación definitiva en España. La norma, que ahora tendrá que ser transpuesta a la legislación nacional, prohíbe la exportación a países en desarrollo, pero la permite a Estados fuera de la UE que cuenten con un almacén definitivo similar a los que se exigirán dentro de las fronteras comunitarias.
Para Oettinger, "es lo máximo que se podía conseguir de forma vinculante de los Estados miembros", 14 de ellos con centrales nucleares.
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El comisario de Energía, Günther Oettinger, aseguró que con la nueva norma "la UE se convierte en la región más avanzada en cuanto a la gestión segura de los residuos radiactivos y el combustible gastado". Serán el propio Oettinger y sus sucesores en el cargo los que supervisen cada detalle de los planes de gestión: desde su financiación hasta sus características técnicas, pudiendo hacer cambios en ellos si no se ajustan a las reglas comunes. La euforia del Ejecutivo comunitario se explica por la aplicación de reglas comunes en este campo, hasta ahora reservado celosamente a las competencias nacionales. Se inscribe dentro de un proceso de europeización de las reglas que se aceleró tras la catástrofe de Fukushima, que dio lugar al diseño de pruebas de resistencia a las centrales, actualmente en desarrollo. Además, se da carpetazo a un debate científico. "Tras 30 años de investigación, se acepta generalmente a nivel técnico que el almacenamiento geológico profundo constituye la opción más sostenible y más segura como punto final de la gestión de residuos de alta actividad y de combustible gastado considerado residuo", recordó la Comisión, en un comunicado.
La norma no legisla sobre instalaciones como el Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) pendiente de lograr una ubicación definitiva en España. La norma, que ahora tendrá que ser transpuesta a la legislación nacional, prohíbe la exportación a países en desarrollo, pero la permite a Estados fuera de la UE que cuenten con un almacén definitivo similar a los que se exigirán dentro de las fronteras comunitarias.
Críticas ecologistas
La posibilidad de exportar residuos llevó a las formaciones ecologistas a criticar el resultado de las negociaciones. Rebecca Harms, copresidenta del grupo verde en la Eurocámara, aseguró que el acuerdo es insuficiente porque "permite la transferencia de un problema europeo a otros países". Greenpeace, por su parte, recuerda que Hungría o Bulgaria seguirán vendiendo su basura nuclear a Rusia. La directiva "coloca a otros el problema a largo plazo y pone a los europeos en riesgo al permitir el transporte de residuos peligrosos", aseguró Jan Haverkamp, portavoz de la ONG.Para Oettinger, "es lo máximo que se podía conseguir de forma vinculante de los Estados miembros", 14 de ellos con centrales nucleares.
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