Sanciones para quienes publiquen inflación superior a la oficial

El gobierno de Argentina inició procedimientos administrativos en contra de al menos nueve consultoras privadas que publican estimados del índice de precios al consumidor (IPC).

Tras enviar en los últimos días cuestionarios solicitando información a estas empresas, la Secretaría de Comercio Interior determinó imputar a varias de ellas por violar presuntamente la Ley de Lealtad Comercial.
De acuerdo al documento de notificación que recibieron las consultoras, divulgado por la agencia de información estatal Telam, "la legislación prohíbe la realización de cualquier clase de presentación, publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda incurrir a error, engaño o confusión respecto de, entre otras cosas, el precio y condiciones de comercialización de bienes muebles, inmuebles o servicios".
Las consultoras involucradas tienen un período de tiempo para responder a la acusación ante el despacho ministerial, pero de confirmarse el cargo podrían recibir una multa de hasta US$120.000.
En Argentina, la inflación es uno de los temas más debatidos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) afirma que en 2010 cerró en 10,9% en Buenos Aires, mientras que las estimaciones privadas ubican al indicador entre el 23% y el 28%.
El INDEC cambió en 2007 su metodología para calcular el costo de la vida, tras perder su autonomía con una intervención gubernamental que removió toda su cúpula.
Desde entonces en el país hay un debate sobre la credibilidad de sus cifras, tanto por parte de los sectores que critican como de los que apoyan a las autoridades.

¿Culpa del mensajero?

"No tenemos una postura antigobierno", dijo a BBC Mundo Carlos Melconian, director de M&S Consultores, una de las empresas imputadas.
"Tenemos 19 años haciendo esto. No hay diferencias (con el INDEC) en la metodología sino en la amplitud de la muestra, ya que el Instituto tiene recursos muy superiores. Pero ello no significa que lo que hagamos esté mal", aseveró.
Las acciones de la Secretaría de Comercio Interior se originaron tras un reclamo del gremio de vendedores de frutas y verduras –la Cámara de Operadores Frutihortícolas- que solicitó la intervención gubernamental alegando que las estimaciones privadas de precios alarman a sus consumidores, por ende causando una baja en sus ventas.
De acuerdo a las autoridades "a través de las inexactitudes verificadas, se podría inducir a error, engaño o confusión, tanto a los consumidores como a los comerciantes, respecto de los precios y condiciones de comercialización de diversos bienes, generando incertidumbre a la población", indica la comunicación recibida por las consultoras investigadas.
"No intento reemplazar la tasa (de inflación) oficial", responde a las acusaciones Melconian, quien sugiere que quizás hay algo más detrás del procedimiento administrativo.
"Conteste lo que conteste se nota en la pluma (de la comunicación recibida) la animosidad", añadió.
Ninguna de las consultoras ha sido multada hasta la fecha, pero algunas han insinuado que disputarían cualquier castigo financiero ante la justicia.

Dos miradas, un país

Las medidas de Comercio Interior han sido ampliamente criticadas en la prensa que no comulga con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como por ejemplo el diario Clarín (que actualmente está enfrentado al gobierno tras apoyarlo hace pocos años).
En dicho periódico escribió Mario Midón, un académico de derecho de la Universidad del Nordeste, que "la Constitución (…) garantiza la libertad de expresión sin censura previa. El ejercicio de ese derecho (…) no sufre ninguna lesión cuando una entidad privada anuncia mes a mes que los índices inflacionarios no son los oficiales".

BBC Mundo