Google tiene varios procesos judiciales pendientes en España por cuestiones relacionadas con la privacidad. Al procedimiento sancionador que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene abierto contra la compañía por la polémica captación de información de su servicio Street View se suma el reciente juicio en la Audiencia Nacional por la negativa del buscador a borrar enlaces. "España es el único país en el que una agencia de protección de datos ha intentado obligar a Google a eliminar esa información", explicó el responsable mundial de privacidad de Google, Peter Fleischer, reunido ayer en Madrid con varios medios españoles.
La AEPD ha dado la razón a 93 ciudadanos que quieren que la compañía elimine de su buscador enlaces a páginas que les ofenden. Google se ha negado a ello, y 69 de esos casos se encuentran apelados ante la Audiencia Nacional. Para Fleischer, parte de la polémica está centrada en la interpretación del llamado "derecho al olvido". Este concepto, en su opinión, hace referencia a que alguien tenga derecho a eliminar de la web toda la información que él mismo ha subido, pero no a lo que dicen los demás. El responsable de privacidad quiso dejar claro cómo ve su compañía la eliminación de enlaces: "Nosotros estamos a favor de la privacidad, pero no de eliminar contenido. Es una cuestión de principios, porque esta decisión exigiría bloquear enlaces a un contenido que es legal. Además, se corre el riesgo de sentar un precedente muy peligroso".
Google teme lo que podría suceder si a esos 93 casos siguiesen otros miles y qué ocurriría si en ese borrado empezaran a influir intereses comerciales o políticos. "Lo que no queremos es que se nos utilice como un medio de censura indirecta", añadió. Google sostiene que la responsabilidad de eliminar el contenido que los demandantes consideran no adecuado debe corresponder a quien los publicó y no al buscador, que es un intermediario entre quien lo publica y el usuario que lo busca. Si las páginas retiran la información, los robots de búsqueda que utiliza la compañía para componer su página de resultados dejarán de mostrar los enlaces que llevan a ella.
Fleischer no cree que este tipo de conflictos provenga de una especial animadversión de la AEPD, aunque sí asocia la cuota de mercado que su compañía tiene en España (en torno a un 90% de las búsquedas) con la responsabilidad y los problemas que han surgido en el último año. Pese a ellos, insiste en que Google no se plantea dejar de operar en España, un rumor que se escuchó con fuerza cuando las presiones de la AEPD alcanzaron su punto álgido. "Somos una compañía global y estamos orgullosos de nuestra posición en España. Incluso en Italia, donde hemos tenido situaciones judiciales difíciles y con las que no estamos de acuerdo, seguimos operando". Está previsto que los jueces de la Audiencia Nacional hagan pública su sentencia en las próximas semanas.
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La AEPD ha dado la razón a 93 ciudadanos que quieren que la compañía elimine de su buscador enlaces a páginas que les ofenden. Google se ha negado a ello, y 69 de esos casos se encuentran apelados ante la Audiencia Nacional. Para Fleischer, parte de la polémica está centrada en la interpretación del llamado "derecho al olvido". Este concepto, en su opinión, hace referencia a que alguien tenga derecho a eliminar de la web toda la información que él mismo ha subido, pero no a lo que dicen los demás. El responsable de privacidad quiso dejar claro cómo ve su compañía la eliminación de enlaces: "Nosotros estamos a favor de la privacidad, pero no de eliminar contenido. Es una cuestión de principios, porque esta decisión exigiría bloquear enlaces a un contenido que es legal. Además, se corre el riesgo de sentar un precedente muy peligroso".
Google teme lo que podría suceder si a esos 93 casos siguiesen otros miles y qué ocurriría si en ese borrado empezaran a influir intereses comerciales o políticos. "Lo que no queremos es que se nos utilice como un medio de censura indirecta", añadió. Google sostiene que la responsabilidad de eliminar el contenido que los demandantes consideran no adecuado debe corresponder a quien los publicó y no al buscador, que es un intermediario entre quien lo publica y el usuario que lo busca. Si las páginas retiran la información, los robots de búsqueda que utiliza la compañía para componer su página de resultados dejarán de mostrar los enlaces que llevan a ella.
Fleischer no cree que este tipo de conflictos provenga de una especial animadversión de la AEPD, aunque sí asocia la cuota de mercado que su compañía tiene en España (en torno a un 90% de las búsquedas) con la responsabilidad y los problemas que han surgido en el último año. Pese a ellos, insiste en que Google no se plantea dejar de operar en España, un rumor que se escuchó con fuerza cuando las presiones de la AEPD alcanzaron su punto álgido. "Somos una compañía global y estamos orgullosos de nuestra posición en España. Incluso en Italia, donde hemos tenido situaciones judiciales difíciles y con las que no estamos de acuerdo, seguimos operando". Está previsto que los jueces de la Audiencia Nacional hagan pública su sentencia en las próximas semanas.
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