Las empresas suministradoras de acceso a internet en Francia tendrán la obligación de bloquear el acceso a ciertas webs en cuanto una autoridad administrativa dependiente del Ministerio del Interior, sin intervención de un juez, así lo reclame.
Eso es lo que se desprende de la votación del artículo 4 del nuevo proyecto estelar de seguridad (el 44º desde 2002) de Nicolas Sarkozy, la llamada LOPPSI 2, que tuvo lugar esta semana en el Senado. La ley da así a policías y gendarmes la libertad de juzgar qué imagen es pedófila y cuál no lo es.
Contra esta ley se están elevando algunas de las voces más íntegras de Francia, como la ex jueza anticorrupción Eva Joly. Las militantes de derechos civiles y activistas de internet cuestionan radicalmente el poder que gana el Ejecutivo conservador francés para dejar fuera de juego a los jueces.
El polémico artículo 4 prevé que "cuando las necesidades de la lucha contra la difusión de imágenes lo justifiquen, la autoridad administrativa notifica" a los suministradores de acceso las direcciones IP "de los servicios de comunicación que contravienen" la reglamentación antipederasta. Hecho lo cual, se "debe impedir el acceso" a esas webs. Los magistrados sólo serían informados a posteriori.
Hace un año, en otra, los conservadores también invocaron la pedofilia para justificar la autorización dada, por ley, para que la policía penetre en ordenadores de particulares y de asociaciones para "capturar" todo lo que pase por la memoria. En el texto final, esa autorización finalmente fue extendida a otros presuntos delitos.
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