El Gobierno ha aprobado este viernes, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual para su remisión al Congreso, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En este sentido, ha explicado que la evolución de la nuevas tecnologías, el progreso de la sociedad de la información o la identificación de problemas en el funcionamiento de las entidades de gestión encuentran en esta norma las regulaciones necesarias. "Se da respuesta con esta modificación parcial a alguno de los problemas más urgentes en la regulación de la propiedad intelectual", ha asegurado.
Así, ha apunta que se refuerzan los mecanismos de regulación y transparencia de las entidades de gestión de la propiedad intelectual, se unifica el lugar de pago, a través de una ventanilla única, de los usuarios que utilizan estos contenidos. Igualmente, según ha señalado, se "mejora" la protección de los derechos de la propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital, se da una nueva regulación del concepto de copia privada y se adapta el límite de la reseña de los agregadores de contenidos o buscadores de Internet.
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Santamaría ha precisado que esto último significa que se reconoce el derecho de las empresas editoras y de los autores de noticias a ser compensados económicamente por la explotación en determinadas circunstancias de sus contenidos. Por su parte, José Ignacio Wert ha especificado que se trata de una medida pionera en Europa al exigir a los agregadores que paguen de forma equitativa y proporcional a los editores, periodistas y escritores, según la cantidad de contenido que usen creados por ellos.
Esta nueva dirección anunciada por el Gobierno camina en sintonía con medidas ya aprobadas en Alemania y Francia que obligan a pagar a los agregadores como Google News por difundir noticias de los diferentes medios de comunicación.
Francia y Alemania
El presidente francés, François Hollande, fue quien declaró la guerra de forma más frontal a los agregadores de contenido como Google News. En concreto, en febrero del pasado año Google se vio abocada a aceptar un acuerdo con el Elíseo de un pago a los editores de prensa franceses de más de 60 millones de euros. Este importe fue destinado a un fondo específico para favorecer "la transición digital y para la innovación". El gobierno de Hollande defiende que este tipo de medidas son beneficiosas tanto para la prensa como para los agregadores.
En el caso de Alemania, la medida fue tomada al mes siguiente, en marzo del 2013. Fue aprobada por el parlamento alemán (Bundestag) por 293 votos a favor frente a 243 en contra, y permitía a los editores cobrar a Google por el uso de sus contenidos. Sin embargo, la medida alemana excluye por su parte el pago de los llamados snippets, que son las citas compuestas por palabras sueltas o extractos mínimos. Google reaccionó transformando su servicio de ser un sistema en el que se incluía por defecto los periódicos y éstos podían salirse si así lo pedían a otro en que hay que darse de alta aceptando en las condiciones que Google no les pagará un euro.
No obstante, el primer país europeo con el que se topó con problemas Google News fue Bélgica, cuyos editores de diarios exigieron en los tribunales ya en 2006 la retirada de su contenido del servicio, pese a que podían hacer lo mismo solicitándoselo directamente a Google, cosa que no hicieron. El conflicto se cerró en 2012 con un acuerdo privado en el que el gigante de internet no pagaba un duro, pero mejoraba a los diarios las condiciones de sus servicios publicitarios.
Las medidas
La reforma aprobada este viernes contiene medidas que se dirigen a varios aspectos diferentes de la propiedad intelectual, aunque todos ellos relacionados con internet:
"Transparencia, controly vigilancia efectiva de las entidades de gestión": tras los escándalos que han rodeado a la SGAE, se modifica el régimen de estas entidades. Habrá más control sobre su funcionamiento. Se obliga a negociar las tarifas con los afectados (normalmente patronales de negocios que pagan derechos). Si no hay un acuerdo, el Gobierno mediará. Se unificará la forma en la que se pagan estos derechos a todos los afectados (habrá una web para todas las entidades.
"Protección de los derechos de propiedad intelectual": esta parte va dirigida contra las webs de enlaces que redirigen a los servidores en los que están las películas, series, canciones, etc... El Gobierno cierra el círculo contra estas: podrá, incluso, pedir la ayuda de los anunciantes y los servicios de pago de los que se sirven estas webs.
"Revisión del concepto de copia privada": se limita esta cuestión. Prácticamente, sólo se permitirá copiar de la televisión o la radio, pero hacer copias de un CD o DVD original pasa a estar prohibido.
"Uso de fragmentos en la enseñanza e investigación": es la única parte en la que se abre algo la mano. Los profesores lo tendrán algo más fácil para usar pequeños fragmentos de obras protegidas en sus explicaciones (aunque no repartirlos entre sus alumnos).
"Límite de cita o reseña al ámbito de los agregadores de contenidos": es la parte que se conoce como ley anti-Google News. Este tipo de webs, que resumen noticias de medios de comunicación, estarán obligadas a negociar con las entidades de gestión de derechos (sobre todo Cedro). Y tendrán que pagar por mantener este tipo de agregadores.
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