Durante años, el trabajo de un director de colegio ha consistido en cerciorarse de que los estudiantes se comportaban en los pasillos y no fumaban en el lavabo. La vigilancia terminaba en las puertas del centro. Ahora, cuando los estudiantes también protestan, se mofan o piden ayuda a gritos en las redes sociales, los educadores tienen más oportunidades de controlarlos las 24 horas del día. Y algunas escuelas recurren para ello a la tecnología.
Varias empresas se ofrecen para filtrar lo que hacen los estudiantes a través de la red del centro. Ahora, unas cuantas brindan herramientas automatizadas para escrutar también las publicaciones realizadas fuera del campus en busca de peligros. Para los directores de los colegios, esto plantea nuevos interrogantes sobre si deberían —o si la ley les permite— castigar a los niños por sus arrebatos en Internet.
El problema se ha agravado después de que una niña de 12 años se suicidara en Florida tras sufrir acoso escolar por la Red y en la vida real. Los educadores buscan el equilibrio entre el derecho de los estudiantes a la libertad de expresión y los problemas que los alumnos puedan tener por lo que publican en las redes sociales, tanto en el colegio como ante la justicia. Los tribunales han intervenido en este debate.
En septiembre, una corte federal de apelaciones de Nevada dio la razón a los responsables de un colegio que expulsaron a un alumno de segundo de secundaria por amenazar en Myspace con disparar a sus compañeros. En 2011, un juzgado de Indiana sentenció que la dirección de un colegio había violado la Constitución al castigar a las alumnas que posaban con piruletas con forma de falo en las fotos de una fiesta del pijama subidas a Facebook.
“Esto preocupa y, en algunos casos, supone un gran problema para los distritos escolares”, afirma Daniel A. Domenech, director general de la Asociación Estadounidense de Administradores de Escuelas. Según él, la vigilancia de lo que dicen los alumnos en Internet puede resultar confusa. “¿Es algo que un estudiante tiene derecho a hacer o algo que va contra las normas y regulaciones de un distrito?”, plantea.
Las entrevistas con docentes indican que la vigilancia a los estudiantes fuera de los recintos escolares todavía se realiza principalmente siguiéndolos en las redes sociales o confiando en que estos cuenten sus problemas. Y vigilar a los alumnos en la red entraña sus riesgos: una directora de Misuri tuvo que dimitir tras ser acusada de fisgonear a sus alumnos a través de una cuenta falsa de Facebook. “Eran nuestros hijos a los que estaba vigilando”, dijo una usuaria de Twitter que se identificó como Judy Rayford cuando se dio a conocer la noticia el año pasado. Y sin “autorización” de hijos ni padres, agregó.
Pero la tecnología se está poniendo al día. En agosto, los responsables educativos de Glendale, California, pagaron a la tecnológica Geo Listening para que analizara las publicaciones de los niños del distrito en las redes sociales. La compañía aseguraba que ayudaría a proteger a los estudiantes después de varios suicidios de adolescentes de la zona.
Los estudiantes se mofaron de la iniciativa en Twitter. Alguno afirmó que los directores del Distrito Unificado de Escuelas de Glendale (GUSD) “ni siquiera entenderían lo que tuiteo la mayoría del tiempo; deberían contratar a un analista de jerga de instituto #shoutout2GUSD”.“Más bien deberíamos controlar al gusd”, escribió un usuario de Twitter cuando un monitor, que negó su culpabilidad, fue detenido por supuestos abusos sexuales.
Chris Frydrych, consejero delegado de Geo Listening, que también tiene su sede en California, rechaza explicar cómo funciona la tecnología de su empresa, y solo dice que combina “una pizca de tecnología y mucho capital humano”. Según el directivo, Geo Listening busca palabras clave y sentimientos en las actualizaciones públicas. Asegura que no leen los mensajes de Facebook dirigidos a “amigos” o “amigos de amigos”.
Frydrych tampoco revela con qué otras escuelas trabajan, pero pronostica que a final de año tendrán contratos con 3.000 centros.
David Jones, de CompuGuardian, en Salt Lake City (Utah), señala que sus servicios permiten a los directores de los colegios controlar si los estudiantes investigan temas como la fabricación de bombas o hablan de la anorexia. “Te ayuda a descubrir qué alumnos están teniendo determinados problemas”, precisa. “Y luego puedes profundizar en ellos”.
La cuestión reside en saber cuándo se pasa de proteger a los niños unos de otros o de sí mismos a coartar su libertad de expresión? John G. Palfrey Jr., director de la Academia Phillips en Massachusetts, aboga por un término medio. Él, que solo sigue a sus estudiantes en Twitter si ellos hacen lo propio, recela de las herramientas de vigilancia automatizadas. “No queremos grabar todas las conversaciones que mantengan en el pasillo”, afirma Palfrey. “La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad, pero también necesitamos que dispongan de tiempo y espacio para crecer sin la sensación de que estamos observando cada uno de sus movimientos”.
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