Es pronto para hacer un balance pleno de la llamada ley Sinde-Wert, pero el marco global permite sacar conclusiones. Pensada para agilizar los siempre perezosos trámites judiciales y sospechosa desde el primer día de pretenderse un atajo que eludiera el habitual sentido de las sentencias -en España, abrumadoramente favorables a usuarios y titulares de páginas de enlaces, y contrarias al criterio de las sociedades de gestión y organizaciones de contenidos-, de momento su funcionamiento no está siendo ni muy ágil ni muy eficaz, si lo que pretendía era el cese de la descarga gratuita. El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle -verdadero responsable, desde la oposición, de la actual redacción de la ley, aunque lleve el nombre de dos ministros sucesivos-, admitía el pasado diciembre que la ley no está funcionando como se pretendía, bien a pesar de que el siempre pinturero en sus declaraciones ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, decía después que todo va miel sobre hojuelas.
Desde su puesta en marcha el 1 de marzo pasado, la Comisión de la Propiedad Intelectual ha recibido 355 solicitudes de retirada de contenidos on line. La comisión abrió un periodo de subsanación porque muchas, casi todas, las demandas contenían defectos de forma, lo cual no tiene nada de extraño tratándose de un procedimiento nuevo. Más llamativo es el hecho de que, a pesar del requerimiento de la Administración, casi el 70% de ellas nunca fueron correctamente presentadas y tuvieron que ser archivadas. De ese modo, la comisión sólo ha iniciado la tramitación de 111 solicitudes, de las que 14 fueron resueltas con su archivo, al retirar la web denunciada, sin más litigio, los contenidos a los que aludía la reclamación: 14 enlaces retirados en diez meses es un magro fruto para una ley que tantos quebraderos de cabeza trajo a este Gobierno y al anterior. No llega ni a un 4% de las reclamaciones presentadas, casi diez meses después de la puesta en marcha del dispositivo.
Quizá por eso, la secretaría de Estado de Cultura asegura que se modificará el reglamento que regula el actual procedimiento y señala que ya cuenta con un texto borrador que está discutiéndose con otros grupos políticos y ministerios. No es la única reforma que pondrá en práctica en la presente legislatura relativa a la protección de la propiedad intelectual en el entorno digital. Vista la morosidad de Bruselas en establecer las líneas maestras de la regulación de este delicado asunto para el nuevo mundo en el que la copia carece de valor, Lassalle está negociando una reforma parcial de la ley de Propiedad Intelectual que pretende anticiparse a las directivas comunitarias. No tiene fecha, pero sí será un anticipo de una reforma global posterior que tendrá vocación de permanencia.
Pero este despliegue de actividad legislativa de vocación efímera no es una característica específica de nuestro país. Todas las iniciativas de persecución de las descargas han seguido idéntico destino. Por ejemplo, el sistema francés, uno de los más agresivos: se basa en un procedimiento de tres avisos que concluyen con la desconexión del internauta que se descarga contenidos protegidos, es decir, persigue al consumidor, no sólo al proveedor de contenido sin licencia. Conocida como ley Hadopi, en alusión a la comisión que la aplica, y en vigor desde junio del 2009 -pronto cumplirá tres años y fue una de las leyes bandera del gobierno de Nicolas Sarkozy-, sólo ha conseguido sentar a un usuario de internet ante un juez, y ese caso fue fallado a favor del demandado. Pierre Lescure, asesor (y no ministro de Cultura como se ha publicado inicialmente) de la hoy ministra de Cultura, Aurélie Filippetti, quiere reducir la partida presupuestaria destinada a la lucha contra las descargas y a la aplicación de la ley Hadopi vista su rotunda inoperatividad. Hay más, al actual ministro nunca le ha gustado esa ley, no sólo por motivos funcionales, sino también políticos. Considera que con su persecución del internauta, la ley se extralimita.
Lo ocurrido en España y Francia no es raro ni exclusivo. El resultado de las iniciativas de tipo punitivo de lucha contra las descargas gratuitas de contenidos on line ha arrojado resultados casi idénticos en todo el mundo, sean los casos de las regulaciones más agresivas, como la ley francesa o la británica, o las de vocación más laxa, como la española.
Las descargas gratuitas se han ido reduciendo en todos los países occidentales de forma sensible. De forma incluso espectacular, si hablamos de la música, y mucho más discreta si hablamos de cine o series de televisión. En el ámbito del libro, el asunto es distinto, porque la lenta implantación del e-reader (y su versión sofisticada, la tableta), hace que las descargas literarias justamente estén empezando. La razón de esta reducción en el ámbito audiovisual, sin embargo, no está en la persecución, visto el descriptible éxito de las medidas de sanción de la demanda, sino en la sensible ampliación de la cantidad y la calidad de la oferta legal.
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