El sistema fiscal estadounidense es un coladero. Y eso permitió a
Microsoft evitar entre 2009 y 2011 el pago de 4.500 millones de dólares
(unos 3.400 millones de euros) en impuestos. Lo consiguió expatriando el
equivalente a 21.000 millones (16.200 millones de euros) en ventas, de
acuerdo con informe elaborado por el subcomité de investigaciones del
Senado de EE UU, que está siendo discutido a puerta cerrada en
Washington.
El caso de la firma tecnológica de Redmond no es único, como señalan
los relatores del informe, que también citan las maniobras fiscales
hechas por Hewlett-Packard con el mismo propósito. La investigación
examina como las grandes multinacionales transfieren las ganancias de
sus operaciones hacia países donde la imposición es más favorable. Lo
hacen de forma lícita.
Es un asunto recurrente en el Capitolio, por su carga política y por
la urgencia que tiene EE UU para dar con fuentes de ingresos que le
permitan reducir el déficit público. En el caso de estas firmas
tecnológicas, como también hacen Google, Apple o Cisco Systems, utilizan
los derechos de propiedad intelectual, royalties y licencias como canal para no rendir cuentas al Tío Sam.
Microsoft saltó al paso de la revelación diciendo que no hace nada
irregular y pone de relevancia la compleja estructura del actual sistema
fiscal en EE UU. También señala que cooperó en todo momento con la
investigación. El senador Carl Levin, el mismo que atacó a Goldman Sachs
por el empaquetado de hipotecas basura, considera sin embargo que estás
prácticas son “dudosas”.
La cantidad que se baraja en el caso de Microsoft equivale a la mitad
de las ventas que tiene en EE UU. Ese dinero se suele enviar hacia
países como Irlanda. Por el panel que preside Levin estaba previsto que
pasaran para prestar testimonio ejecutivos de Microsoft y de HP, así
como de la consultora Ernst & Young y funcionarios de la agencia que
recauda impuestos en EE UU.
La manera en la que las empresas, especialmente las del sector
tecnológico, usan sus filiales en el extranjero para beneficiarse
fiscalmente es un problema que demócratas y republicanos están de
acuerdo en que hay que corregir cuanto antes. El problema está en la
manera de ponerse de acuerdo en Washington para tapar esos agujeros,
ante el lobby que ejercen estas compañías.
“En un momento en el que se deben adoptar difíciles decisiones
presupuestarias, en el que las familias se enfrentan a incrementos de
impuestos y recortes de gastos en programas públicos críticos en el
ámbito de la educación y la salud, estas estructuras son inaceptables”,
remachó Levin. Abuso en el que, según el senador, participan abogados,
auditores y asesores fiscales.
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