El Gobierno español se ha propuesto mejorar el acceso de los
ciudadanos a la información de los distintos organismos regulándolo a
través de una Ley de Transparencia, aún en fase de borrador y abierto a la participación ciudadana hasta la semana que viene.
El Ejecutivo propone una ley en dos bloques, uno sobre transparencia propiamente dicha y otro sobre buen Gobierno. Se impulsa de esta forma una norma paralizada desde hace años; España es el único país importante de la UE que no regula el acceso de los datos públicos.
No obstante, ya hay expertos que critican el borrador fundamentalmente por los límites del texto, que restringe el acceso a información relativa a temas de seguridad nacional o a la Casa Real, porque deja fuera a demasiados ámbitos de la Administración y porque no da importancia al formato de los datos, informa Pablo Romero desde Madrid.
Detenemos nuestra mirada en las normas que rigen otros países, en algunos, como Italia, desde hace más de dos décadas años, y su utilidad pública (real).
Desde que en 1966 se aprobó la Ley de Libertad de Información, cualquiera—persona física o jurídica, estadounidense o extranjera— tiene derecho a acceder cualquier documento del Ejecutivo federal de Estados Unidos (sólo de la Administración federal). La Ley establece que, una vez que se solicita un documento a un organismo público, éste tiene 10 días hábiles para responder, que se extienden a 20 en caso de fuerza mayor, como tener que consultar a otra Agencia. Sin embargo, frecuentemente tardan meses. La razón, según el Gobierno, es falta de tiempo y de recursos para examinar sus archivos. En ese caso, las autoridades envían una carta al demandante explicándole que han recibido su petición y que la están procesando.
Una de las características de EEUU es que allí se paga por todo. Y la Ley de Libertad de Información no es una excepción. Hay tasas administrativas, de búsqueda y de copia. Dependiendo del peticionario —puede ser una empresa, una ONG, un ciudadano privado, una universidad, un medio de comunicación...— éstas varían. En algunos casos muy concretos, sólo solicitar la información puede salir por más de 200 euros.
La gran cuestión con esta Ley es, evidentemente, qué es secreto y qué no lo es. De hecho, desde la presidencia de Ronald Reagan, el Gobierno de EEUU puede incluso negar que existan documentos que afecten a la seguridad nacional. Otras excepciones afectan a investigaciones criminales en curso, e incluso a yacimientos minerales. Frecuentemente, los tribunales acaban decidiendo qué debe ser desvelado y qué no.
El Reino Unido pasa por ser unos de los países "ejemplares" a la hora de aplicar las leyes de transparencia, que en el 2005, provocaron un sonado escándalo, cuando The Guardian reveló las dietas que cobraban los diputados y los artículos personales que adquirían con dinero público.
La ley determina que la Administración tiene un plazo de 20 días como máximo para facilitar la información que solicita el ciudadano. En los últimos cuatro años, los británicos realizaron más de 4.000 solicitudes para conocer cualquier dato de las instituciones públicas, aunque el número se ha disparado tras la creación de una web especifica donde puede rastrearse las peticiones. En el Reino Unido existe una comisión de información y un tribunal especializado estos casos.
El ejemplo más notorio y reciente de transparencia administrativa ha llegado precisamente con el último y polémico presupuesto. El ministro de Finanzas George Osborne ha anunciado una campaña de información que llegará a los domicilios de los británicos y que explicará minuciosamente la tarta de gastos e ingresos previstos para el 2012.
La Ley de Libertad de Información, que entró en vigor en Alemania el 1 de enero de 2006, regula el acceso de los ciudadanos a la información referente a cualquier instancia pública y a los proyectos de gestión de la Administración alemana. Establece los procedimientos para acceder a la información sobre cualquier contrato público o subvención, así como a los datos referentes a sueldos públicos.
A raíz de la reciente celebración de un Foro Ciudadano, Merkel ha adoptado con fecha 12 de febrero la propuesta de una reforma legal que permita publicar de forma rutinaria toda esa información en internet, de forma que con una simple consulta a las web de la Administración se acceda a esta información, especialmente los destinos de todas las partidas de presupuestos públicos, excepto fondos reservados, junto a información referente a cualquiera persona, asociación u organización que sea receptora de fondos públicos, excepto datos privados de receptores de subsidios.
Una de las señas de identidad de Bélgica es la excesiva burocracia para determinados trámites de la vida diaria. Y algo parecido ocurre con el acceso de los ciudadanos a datos públicos y ficheros, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por centralizar toda esa información en una gran base de datos.
En realidad lo que sucede en Bélgica no es un problema de transparencia, sino de difícil acceso a la información. Desde la Agencia Federal de Información y Comunicación (FedICT) explican que uno de los grandes proyectos que actualmente está en desarrollo es la "iniciativa de información abierta", con la que se pretende centralizar en una única página web toda la información que un ciudadano belga puede necesitar, desde los impresos para determinada gestión administrativa hasta la última estadística sobre inmigración.
Estos esfuerzos vienen en parte motivados por el apremio que la Comisión Europea está lanzando a los estados miembros para que abran sus datos a los ciudadanos en Internet. En diciembre, el departamento que dirige la comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, lanzó una propuesta legislativa para que los Gobiernos coloquen en páginas webs todos los datos públicos que puede interesar a un ciudadano, salvo aquellos que estén protegidos por derechos de copyright o los que pongan en peligro la seguridad nacional.
Según el Ejecutivo Comunitario esta medida -que debe ser debatida por los estados miembros- no sólo supondría un gran paso hacia la mayor transparencia pública, sino que podría generar unos beneficios de hasta 140.000 millones de euros al año en toda la UE al facilitar la creación de negocios, empleo, etcétera. Además, la Comisión pondrá en marcha un nuevo proceso legislativo que tienen mucho que ver con la Ley de Transparencia, ya que permitirá a los ciudadanos hacer propuestas de legislación para que la Comisión Europea las presente a los estados miembros.
La Ley de Transparencia fue aprobada en Italia en 1990 con el objetivo de mejorar la colaboración entre los ciudadanos y la administración pública. Desde entonces ha sufrido varias modificaciones. La última en 2009 de la mano de Renato Brunetta, polémico ministro de la Administración Pública durante el último Gobierno de Berlusconi. La llamada 'Ley Brunetta' contiene, por una parte, una serie de medidas dirigidas a mejorar el acceso del ciudadano a la información sobre la actividad pública, y por otra, iniciativas de 'Buen Gobierno' encaminadas a mejorar la transparencia dentro de las administraciones públicas.
En este sentido la Ley de Transparencia italiana introdujo medidas encaminadas a optimizar la productividad del trabajo en la administración pública premiando las administraciones que optimicen mejor los recursos y pongan en marcha proyectos innovadores, o recompensando a los mejores funcionarios con cursos de formación y promocionándolos en función de sus méritos y no de otras variables como la antigüedad en el puesto de trabajo. Además, y esto era el punto más polémico de toda la reforma, las administraciones deben publicar en Internet los currículum y sueldos de los dirigentes así como las ausencias del personal.
El ciudadano, por su parte, puede consultar en Internet todos los datos relativos a la organización de las administraciones y obtener una copia, y entre otras novedades, introduce el derecho a la llamada auto-certificación de algunos documentos oficiales como por ejemplo los títulos de estudio para agilizar los tiempos burocráticos.
Existe además un organismo, la Comisión Independiente por la Valorización, Transparencia e Integridad de las Administraciones Públicas (CIVIT) que actúa como garante elaborando periódicamente directivas para mejorar el funcionamiento y la aplicación de la Ley.
En Portugal, existe una Ley de Acceso a los Documentos Administrativos que permite a los ciudadanos conocer la información pública una vez solicitada, pero no obliga a los órganos del Gobierno ni entidades públicas a informar a los ciudadanos sobre sus actividades. En diciembre pasado, el Partido Socialistas (PS), actualmente en la oposición, presentó en el Parlamento luso el proyecto de Ley de la Transparencia Activa de la Información Pública, que fue aprobado. No obnstante, los dos partidos que constituyen actualmente el gobierno de coalición de derechas, Partido Socialdemócrata y Partido Democristiano, votaron en contra y el proyecto acabó siento rechazado.
La ley 46/2007 de 24 de agosto garantiza a los ciudadanos el acceso a los documentos administrativos de los órganos de Estado y de las Regiones Autonómicas que integran la Administración Pública y todos los demás órganos que desarrollen funciones administrativas, municipios incluidos.
Aún así, el proyecto de ley socialista exigía "la introducción de un nuevo modelo de gestión de la información pública que refuerce el control por parte de los ciudadanos". Los diputados socialistas querían introducir en la actual legislación portuguesa la "obligatoriedad" para "todos los órganos y entidades englobados en la Ley de Acceso a los Documentos Administrativos de informar a través de internet de forma completa, organizada y con un lenguaje de fácil comprensión sobre toda la información y documentación que deba ser considerada pública y por tanto objeto de divulgación", ya que consideran que la ley vigente, aunque garantiza el acceso a los datos, es de difícil ejecución en la práctica.
La remodelada 'Ley de Libertad de información', aprobada en 1998 por el Parlamento israelí (Knésset), tiene como objetivo garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar información de carácter público en manos de las autoridades. Éstas deben dar una respuesta en un plazo de 30 días a cualquier ciudadano o residente de Israel que lo desee.
Pero la práctica queda lejos de la realidad. "Cuando los organismos públicos se niegan, alegan argumentos como daño a la intimidad o las sensibles relaciones con otro país y por supuesto el habitual motivo de la seguridad", nos explica la abogada Alona Vinograd, directora del Movimiento de Libertad de Información, una potente ONG que lucha para que la ley se cumpla. Si la autoridad competente (oficina del primer ministro, ayuntamientos, Parlamento, ministerios, etc..) rechaza dar la información pedida, el solicitante puede recurrir a un tribunal.
"Es aquí donde nosotros entramos. De los 41 recursos que presentamos, la Justicia nos dio la razón en 38 obligando al ente a dar la información", añade Vinograd lamentando que "aún falta mucha para una verdadera transparencia". En todos los organismos públicos acogidos a la ley, hay una figura dedicada exclusivamente al contacto con el ciudadano. "Mucha veces se olvidan de que la información que dispone la autoridad pertenece al público y que el ciudadano tiene el derecho a recibirla", concluye antes de apuntar algo conocido en Israel: asuntos "delicados" como el Mosad o el potencial nuclear suelen estar fuera de su alcance.
Como en los países vecinos, la corrupción es una lacra instalada en el corazón del Estado egipcio. Durante décadas las influencias (wasta, en árabe) han sido el salvoconducto perfecto para lograr un trabajo y la luz pública jamás ha alcanzado a uno de los secretos mejor guardados de la república: El presupuesto del Ejército, dueño de un imperio económico que podría controlar hasta el 30% del mercado local.
Un año después de la revolución, la opacidad permanece instalada en las altas esferas. Según la organización Transparencia Internacional, Egipto ocupa el puesto 112 de los 182 países incluidos en su clasificación de 2011. Al calor de una transición administrada por una Junta Militar aficionada al oscurantismo, un grupo de activistas de derechos humanos y expertos han elaborado un proyecto de ley que trata de combatir la corrupción creando mecanismos de control como el defensor del pueblo y garantizado el acceso público a la información de la administración.
El borrador, que se presentará próximamente en el nuevo parlamento para su discusión, coincide con la configuración de la comisión que debe redactar la nueva Constitución y que ha sido criticada por la hegemonía de los islamistas. El texto propuesto por la sociedad civil para legislar el acceso a la información establece un órgano que, designado por el Parlamento, se encargue de reclamar la publicación de documentos estatales -incluidos los presupuestos de Defensa o Inteligencia- y estudiar las peticiones rechazadas por la administración. De momento, la consulta de información por parte de los ciudadanos es una utopía para un aparato estatal con fama de kafkiano y heredero de una dictadura en plena y compleja mudanza democrática.
El Ejecutivo propone una ley en dos bloques, uno sobre transparencia propiamente dicha y otro sobre buen Gobierno. Se impulsa de esta forma una norma paralizada desde hace años; España es el único país importante de la UE que no regula el acceso de los datos públicos.
No obstante, ya hay expertos que critican el borrador fundamentalmente por los límites del texto, que restringe el acceso a información relativa a temas de seguridad nacional o a la Casa Real, porque deja fuera a demasiados ámbitos de la Administración y porque no da importancia al formato de los datos, informa Pablo Romero desde Madrid.
Detenemos nuestra mirada en las normas que rigen otros países, en algunos, como Italia, desde hace más de dos décadas años, y su utilidad pública (real).
Estados Unidos
Pablo Pardo, desde WashingtonDesde que en 1966 se aprobó la Ley de Libertad de Información, cualquiera—persona física o jurídica, estadounidense o extranjera— tiene derecho a acceder cualquier documento del Ejecutivo federal de Estados Unidos (sólo de la Administración federal). La Ley establece que, una vez que se solicita un documento a un organismo público, éste tiene 10 días hábiles para responder, que se extienden a 20 en caso de fuerza mayor, como tener que consultar a otra Agencia. Sin embargo, frecuentemente tardan meses. La razón, según el Gobierno, es falta de tiempo y de recursos para examinar sus archivos. En ese caso, las autoridades envían una carta al demandante explicándole que han recibido su petición y que la están procesando.
Una de las características de EEUU es que allí se paga por todo. Y la Ley de Libertad de Información no es una excepción. Hay tasas administrativas, de búsqueda y de copia. Dependiendo del peticionario —puede ser una empresa, una ONG, un ciudadano privado, una universidad, un medio de comunicación...— éstas varían. En algunos casos muy concretos, sólo solicitar la información puede salir por más de 200 euros.
La gran cuestión con esta Ley es, evidentemente, qué es secreto y qué no lo es. De hecho, desde la presidencia de Ronald Reagan, el Gobierno de EEUU puede incluso negar que existan documentos que afecten a la seguridad nacional. Otras excepciones afectan a investigaciones criminales en curso, e incluso a yacimientos minerales. Frecuentemente, los tribunales acaban decidiendo qué debe ser desvelado y qué no.
Reino Unido
Carlos Fresneda, desde LondresEl Reino Unido pasa por ser unos de los países "ejemplares" a la hora de aplicar las leyes de transparencia, que en el 2005, provocaron un sonado escándalo, cuando The Guardian reveló las dietas que cobraban los diputados y los artículos personales que adquirían con dinero público.
La ley determina que la Administración tiene un plazo de 20 días como máximo para facilitar la información que solicita el ciudadano. En los últimos cuatro años, los británicos realizaron más de 4.000 solicitudes para conocer cualquier dato de las instituciones públicas, aunque el número se ha disparado tras la creación de una web especifica donde puede rastrearse las peticiones. En el Reino Unido existe una comisión de información y un tribunal especializado estos casos.
El ejemplo más notorio y reciente de transparencia administrativa ha llegado precisamente con el último y polémico presupuesto. El ministro de Finanzas George Osborne ha anunciado una campaña de información que llegará a los domicilios de los británicos y que explicará minuciosamente la tarta de gastos e ingresos previstos para el 2012.
Alemania
Rosalía Sánchez, desde Berlín.La Ley de Libertad de Información, que entró en vigor en Alemania el 1 de enero de 2006, regula el acceso de los ciudadanos a la información referente a cualquier instancia pública y a los proyectos de gestión de la Administración alemana. Establece los procedimientos para acceder a la información sobre cualquier contrato público o subvención, así como a los datos referentes a sueldos públicos.
A raíz de la reciente celebración de un Foro Ciudadano, Merkel ha adoptado con fecha 12 de febrero la propuesta de una reforma legal que permita publicar de forma rutinaria toda esa información en internet, de forma que con una simple consulta a las web de la Administración se acceda a esta información, especialmente los destinos de todas las partidas de presupuestos públicos, excepto fondos reservados, junto a información referente a cualquiera persona, asociación u organización que sea receptora de fondos públicos, excepto datos privados de receptores de subsidios.
Bélgica y la Unión Europea
Javier Gallego, desde BruselasUna de las señas de identidad de Bélgica es la excesiva burocracia para determinados trámites de la vida diaria. Y algo parecido ocurre con el acceso de los ciudadanos a datos públicos y ficheros, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por centralizar toda esa información en una gran base de datos.
En realidad lo que sucede en Bélgica no es un problema de transparencia, sino de difícil acceso a la información. Desde la Agencia Federal de Información y Comunicación (FedICT) explican que uno de los grandes proyectos que actualmente está en desarrollo es la "iniciativa de información abierta", con la que se pretende centralizar en una única página web toda la información que un ciudadano belga puede necesitar, desde los impresos para determinada gestión administrativa hasta la última estadística sobre inmigración.
Estos esfuerzos vienen en parte motivados por el apremio que la Comisión Europea está lanzando a los estados miembros para que abran sus datos a los ciudadanos en Internet. En diciembre, el departamento que dirige la comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, lanzó una propuesta legislativa para que los Gobiernos coloquen en páginas webs todos los datos públicos que puede interesar a un ciudadano, salvo aquellos que estén protegidos por derechos de copyright o los que pongan en peligro la seguridad nacional.
Según el Ejecutivo Comunitario esta medida -que debe ser debatida por los estados miembros- no sólo supondría un gran paso hacia la mayor transparencia pública, sino que podría generar unos beneficios de hasta 140.000 millones de euros al año en toda la UE al facilitar la creación de negocios, empleo, etcétera. Además, la Comisión pondrá en marcha un nuevo proceso legislativo que tienen mucho que ver con la Ley de Transparencia, ya que permitirá a los ciudadanos hacer propuestas de legislación para que la Comisión Europea las presente a los estados miembros.
Italia
Soraya Melguizo, desde MilánLa Ley de Transparencia fue aprobada en Italia en 1990 con el objetivo de mejorar la colaboración entre los ciudadanos y la administración pública. Desde entonces ha sufrido varias modificaciones. La última en 2009 de la mano de Renato Brunetta, polémico ministro de la Administración Pública durante el último Gobierno de Berlusconi. La llamada 'Ley Brunetta' contiene, por una parte, una serie de medidas dirigidas a mejorar el acceso del ciudadano a la información sobre la actividad pública, y por otra, iniciativas de 'Buen Gobierno' encaminadas a mejorar la transparencia dentro de las administraciones públicas.
En este sentido la Ley de Transparencia italiana introdujo medidas encaminadas a optimizar la productividad del trabajo en la administración pública premiando las administraciones que optimicen mejor los recursos y pongan en marcha proyectos innovadores, o recompensando a los mejores funcionarios con cursos de formación y promocionándolos en función de sus méritos y no de otras variables como la antigüedad en el puesto de trabajo. Además, y esto era el punto más polémico de toda la reforma, las administraciones deben publicar en Internet los currículum y sueldos de los dirigentes así como las ausencias del personal.
El ciudadano, por su parte, puede consultar en Internet todos los datos relativos a la organización de las administraciones y obtener una copia, y entre otras novedades, introduce el derecho a la llamada auto-certificación de algunos documentos oficiales como por ejemplo los títulos de estudio para agilizar los tiempos burocráticos.
Existe además un organismo, la Comisión Independiente por la Valorización, Transparencia e Integridad de las Administraciones Públicas (CIVIT) que actúa como garante elaborando periódicamente directivas para mejorar el funcionamiento y la aplicación de la Ley.
Portugal
Virginia López, desde LisboaEn Portugal, existe una Ley de Acceso a los Documentos Administrativos que permite a los ciudadanos conocer la información pública una vez solicitada, pero no obliga a los órganos del Gobierno ni entidades públicas a informar a los ciudadanos sobre sus actividades. En diciembre pasado, el Partido Socialistas (PS), actualmente en la oposición, presentó en el Parlamento luso el proyecto de Ley de la Transparencia Activa de la Información Pública, que fue aprobado. No obnstante, los dos partidos que constituyen actualmente el gobierno de coalición de derechas, Partido Socialdemócrata y Partido Democristiano, votaron en contra y el proyecto acabó siento rechazado.
La ley 46/2007 de 24 de agosto garantiza a los ciudadanos el acceso a los documentos administrativos de los órganos de Estado y de las Regiones Autonómicas que integran la Administración Pública y todos los demás órganos que desarrollen funciones administrativas, municipios incluidos.
Aún así, el proyecto de ley socialista exigía "la introducción de un nuevo modelo de gestión de la información pública que refuerce el control por parte de los ciudadanos". Los diputados socialistas querían introducir en la actual legislación portuguesa la "obligatoriedad" para "todos los órganos y entidades englobados en la Ley de Acceso a los Documentos Administrativos de informar a través de internet de forma completa, organizada y con un lenguaje de fácil comprensión sobre toda la información y documentación que deba ser considerada pública y por tanto objeto de divulgación", ya que consideran que la ley vigente, aunque garantiza el acceso a los datos, es de difícil ejecución en la práctica.
Israel
Sal Emergui, desde JerusalénLa remodelada 'Ley de Libertad de información', aprobada en 1998 por el Parlamento israelí (Knésset), tiene como objetivo garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar información de carácter público en manos de las autoridades. Éstas deben dar una respuesta en un plazo de 30 días a cualquier ciudadano o residente de Israel que lo desee.
Pero la práctica queda lejos de la realidad. "Cuando los organismos públicos se niegan, alegan argumentos como daño a la intimidad o las sensibles relaciones con otro país y por supuesto el habitual motivo de la seguridad", nos explica la abogada Alona Vinograd, directora del Movimiento de Libertad de Información, una potente ONG que lucha para que la ley se cumpla. Si la autoridad competente (oficina del primer ministro, ayuntamientos, Parlamento, ministerios, etc..) rechaza dar la información pedida, el solicitante puede recurrir a un tribunal.
"Es aquí donde nosotros entramos. De los 41 recursos que presentamos, la Justicia nos dio la razón en 38 obligando al ente a dar la información", añade Vinograd lamentando que "aún falta mucha para una verdadera transparencia". En todos los organismos públicos acogidos a la ley, hay una figura dedicada exclusivamente al contacto con el ciudadano. "Mucha veces se olvidan de que la información que dispone la autoridad pertenece al público y que el ciudadano tiene el derecho a recibirla", concluye antes de apuntar algo conocido en Israel: asuntos "delicados" como el Mosad o el potencial nuclear suelen estar fuera de su alcance.
Egipto
Francisco Carrión, desde El CairoComo en los países vecinos, la corrupción es una lacra instalada en el corazón del Estado egipcio. Durante décadas las influencias (wasta, en árabe) han sido el salvoconducto perfecto para lograr un trabajo y la luz pública jamás ha alcanzado a uno de los secretos mejor guardados de la república: El presupuesto del Ejército, dueño de un imperio económico que podría controlar hasta el 30% del mercado local.
Un año después de la revolución, la opacidad permanece instalada en las altas esferas. Según la organización Transparencia Internacional, Egipto ocupa el puesto 112 de los 182 países incluidos en su clasificación de 2011. Al calor de una transición administrada por una Junta Militar aficionada al oscurantismo, un grupo de activistas de derechos humanos y expertos han elaborado un proyecto de ley que trata de combatir la corrupción creando mecanismos de control como el defensor del pueblo y garantizado el acceso público a la información de la administración.
El borrador, que se presentará próximamente en el nuevo parlamento para su discusión, coincide con la configuración de la comisión que debe redactar la nueva Constitución y que ha sido criticada por la hegemonía de los islamistas. El texto propuesto por la sociedad civil para legislar el acceso a la información establece un órgano que, designado por el Parlamento, se encargue de reclamar la publicación de documentos estatales -incluidos los presupuestos de Defensa o Inteligencia- y estudiar las peticiones rechazadas por la administración. De momento, la consulta de información por parte de los ciudadanos es una utopía para un aparato estatal con fama de kafkiano y heredero de una dictadura en plena y compleja mudanza democrática.
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