Falta de transparencia, indefinición de sus objetivos, peligro para las libertades civiles en Internet... El polémico -y silencioso- tratado internacional contra la 'piratería' de bienes denominado ACTA ha levantado una gran ola de protestas en la Red que se materializarán en cientos de ciudades del mundo.
En la Red, más de dos millones de firmas contra ACTA han sido recogidas en Avaaz, una comunidad de movilizaciones 'online', mientras que se están organizando manifestaciones de protestas en cientos de ciudades por todo el mundo, principalmente en Europa. En España están convocadas en Barcelona, Madrid y Valencia.
ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, o Acuerdo comercial anti-falsificación, versión final en PDF) es un tratado multilateral voluntario que trata de poner coto a las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual e industrial en todo el mundo.
Firmado recientemente por prácticamente todos los países europeos, incluido España, el tratado -cocinado desde 2007 de forma secreta hasta que algunas filtraciones obligaron a hacer públicos los borradores en 2010- prevé una protección transfronteriza de patentes y 'copyright' que podría poner en peligro la libertad de expresión en Internet mediante medidas de censura extrajudiciales, tal y como critican importantes organizaciones de defensa de los derechos en la Red como EFF o La Quadrature du Net.
Para tratar de frenar este tratado, que ha llegado a ser comparado con el proyecto legislativo estadounidense SOPA-PIPA -frenado tras una movilización global-, grupos activistas han convocado manifestaciones en todo el mundo el 11 de febrero para denunciar la firma de este tratado y tratar de frenar su aplicación.
El tratado cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea (PDF), que niega que el mismo suponga una violación de la libertad en la Red o fuera de ella -afirma que no se 'monitorizará Internet, ni da luz verde para registros de aparatos electrónicos en las fronteras, por ejemplo-, y en realidad se trata de una "armonización" de las normas que se aplican cuando existen violaciones de la propiedad intelectual e industrial (patentes).
No obstante, aún tiene que dar su visto bueno la Eurocámara, una decisión que deberá tomar el próximo verano. El propio Parlamento Europeo, y a instancias de los grupos conservadores -la Democracia Cristiana (PPE) y los Conservadores y Reformistas Europeos-, votó y aprobó en noviembre del pasado año una resolución favorable aunque con ciertas reservas, al texto del ACTA, tras haber criticado en 2008 "la falta de un proceso transparente y un contenido potencialmente reprensible".
Según recuerda The Economist en un editorial especialmente crítico con ACTA, el enviado de Eslovenia, que firmó el acuerdo, reconoció que su conducta había sido "una falta de cuidado cívica", mientras que el primer ministro de Rumania, que recientemente dimitió junto a todo su Ejecutivo, admitió que no podía decir por qué su país ha firmado.
Otros países, como Polonia o la República Checa, ya se han echado atrás después de firmar el tratado y han suspendido el proceso de ratificación del mismo, al menos hasta analizar el impacto del documento.
Entre los detractores del tratado se encuentra, adenmás, el eurodiputado francés Kader Arif, que curiosamente era el propio relator del proceso para la Unión Europea. Arif dimitió poco después de la firma en Tokio del acuerdo por parte de 22 de los 27 países de la UE, y calificó ACTA "como una farsa" que se desarrolló sin transparencia durante todo el proceso. Ha sido sustituido en su puesto por David Martin, un responsable sospechoso de haber servido en muchas ocasiones a los intereses de las coporaciones, denuncia La Quadrature du Net.
Desde el Partido de los Socialistas Europeos (PES) se ha hecho un llamamiento a los eurodiputados para votar contra ACTA (PDF)y condena "las deficiencias democráticas" del tratado, el cual aumenta el "riesgo de permitir que los proveedores de Internet violen la provacidad" en Internet, y "puede restringir la libertad de expresión".
En la Red, más de dos millones de firmas contra ACTA han sido recogidas en Avaaz, una comunidad de movilizaciones 'online', mientras que se están organizando manifestaciones de protestas en cientos de ciudades por todo el mundo, principalmente en Europa. En España están convocadas en Barcelona, Madrid y Valencia.
ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, o Acuerdo comercial anti-falsificación, versión final en PDF) es un tratado multilateral voluntario que trata de poner coto a las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual e industrial en todo el mundo.
Firmado recientemente por prácticamente todos los países europeos, incluido España, el tratado -cocinado desde 2007 de forma secreta hasta que algunas filtraciones obligaron a hacer públicos los borradores en 2010- prevé una protección transfronteriza de patentes y 'copyright' que podría poner en peligro la libertad de expresión en Internet mediante medidas de censura extrajudiciales, tal y como critican importantes organizaciones de defensa de los derechos en la Red como EFF o La Quadrature du Net.
Para tratar de frenar este tratado, que ha llegado a ser comparado con el proyecto legislativo estadounidense SOPA-PIPA -frenado tras una movilización global-, grupos activistas han convocado manifestaciones en todo el mundo el 11 de febrero para denunciar la firma de este tratado y tratar de frenar su aplicación.
El tratado cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea (PDF), que niega que el mismo suponga una violación de la libertad en la Red o fuera de ella -afirma que no se 'monitorizará Internet, ni da luz verde para registros de aparatos electrónicos en las fronteras, por ejemplo-, y en realidad se trata de una "armonización" de las normas que se aplican cuando existen violaciones de la propiedad intelectual e industrial (patentes).
No obstante, aún tiene que dar su visto bueno la Eurocámara, una decisión que deberá tomar el próximo verano. El propio Parlamento Europeo, y a instancias de los grupos conservadores -la Democracia Cristiana (PPE) y los Conservadores y Reformistas Europeos-, votó y aprobó en noviembre del pasado año una resolución favorable aunque con ciertas reservas, al texto del ACTA, tras haber criticado en 2008 "la falta de un proceso transparente y un contenido potencialmente reprensible".
Libertad de expresión
Los detractores de este acuerdo, como la plataforma accessnow.org, recuerdan que, entre otros aspectos, se trata de una norma con una gran indefinición que podría "poner la libertad de expresión en manos de empresas privadas", impedir el uso del patrimonio cultural de la sociedad" por sobreproteger los derechos de propiedad intelectual o convertir a los proveedores de Internet en policías de contenidos, con posibles vulneraciones de la privacidad de los usuarios (Argumentos, en PDF).Según recuerda The Economist en un editorial especialmente crítico con ACTA, el enviado de Eslovenia, que firmó el acuerdo, reconoció que su conducta había sido "una falta de cuidado cívica", mientras que el primer ministro de Rumania, que recientemente dimitió junto a todo su Ejecutivo, admitió que no podía decir por qué su país ha firmado.
Otros países, como Polonia o la República Checa, ya se han echado atrás después de firmar el tratado y han suspendido el proceso de ratificación del mismo, al menos hasta analizar el impacto del documento.
Entre los detractores del tratado se encuentra, adenmás, el eurodiputado francés Kader Arif, que curiosamente era el propio relator del proceso para la Unión Europea. Arif dimitió poco después de la firma en Tokio del acuerdo por parte de 22 de los 27 países de la UE, y calificó ACTA "como una farsa" que se desarrolló sin transparencia durante todo el proceso. Ha sido sustituido en su puesto por David Martin, un responsable sospechoso de haber servido en muchas ocasiones a los intereses de las coporaciones, denuncia La Quadrature du Net.
Desde el Partido de los Socialistas Europeos (PES) se ha hecho un llamamiento a los eurodiputados para votar contra ACTA (PDF)y condena "las deficiencias democráticas" del tratado, el cual aumenta el "riesgo de permitir que los proveedores de Internet violen la provacidad" en Internet, y "puede restringir la libertad de expresión".
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