"Si no hacemos algo, nuestros hijos acabarán viendo el pescado no en el plato, sino en dibujos". La frase la pronunció ayer Maria Damanaki, la comisaria europea de Pesca, que propuso una profunda reforma de esta política de la Unión Europea para proteger los sobreexplotados caladeros. Quizás para evitar un no por respuesta de los gobiernos y la Eurocámara, que deberán negociarla, la propuesta obvió dos cifras esenciales: la reducción de la flota pesquera y la de las cuotas de pesca.
Sin embargo, de las medidas propuestas se deduce una rebaja drástica en el volumen de ambas. La primera es basar en criterios científicos la distribución de las cuotas y no en los tira y afloja entre gobiernos durante las negociaciones. Según la comisaria, cuando la UE no esté segura de la salud del caladero, se reducirán las capturas "echando mano del principio de precaución". Además, se crearán planes plurianuales de gestión que garanticen la supervivencia de las especies.
La UE también prohibirá el desaprovechamiento de capturas, que muchos barcos tiran al mar antes de atracar porque no son la especie a la que se dedican o, simplemente, para cumplir con las cuotas exigidas. El resto de medidas incluye un sistema de comercio de derechos de pesca o el fomento de la acuicultura con fondos y estrategias concretas.
Las organizaciones ecologistas reconocieron ayer que la reforma es un paso en la buena dirección, pero de momento, insisten, es insuficiente. Según Xavier Pastor, responsable para Europa de Oceana, la propuesta "no cambia nada" porque "le faltan las soluciones necesarias" para traducir unas intenciones que son buenas en una protección efectiva del medio ambiente. Para Tony Long, director de WWF Europa, la propuesta no calmará la "alarma creciente" por la "desastrosa gestión" de los caladeros que, según los datos de la comisaria, están sobreexplotados. Hasta un 75% de los caladeros europeos sufre sobrepesca, una cifra que aumenta hasta el 82% en el mar Mediterráneo.
El Grupo Verde en la Eurocámara criticó especialmente el sistema de comercio de derechos de pesca. Para Raül Romeva (ICV-Verds), este sistema es un "escándalo", ya que "provocará una mayor especulación y la concentración de los derechos de pesca en las manos de quienes más pueden pagar". Para OCEAN2012 una coalición que quiere vigilar la reforma de la política pesquera común en 2012 es "inaceptable", ya que han de tenerse en cuenta no sólo la capacidad de pago, sino las características "sociales, económicas y ambientales" de los pesqueros, en palabras de Miquel Ortega.
La propuesta deberá ser negociada entre los gobiernos y la Eurocámara, algo que, según la comisaria, será un proceso "duro" pero necesario para garantizar la sostenibilidad de los caladeros. La reforma debería entrar en vigor en 2013.
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