Los prisioneros ejecutados aportan más del 65% de los órganos empleados para trasplantes en China, el país donde más sentencias de muerte se dictan al año, publicó este miércoles el periódico oficial China Daily.
Expertos sanitarios citados por el diario advierten de la "corrupción" que se da en los procedimientos de trasplantes. El viceministro de Salud, Huang Jiefu, declaró que los presos ejecutados "no son en absoluto una fuente adecuada para los trasplantes de órganos".
Cada año se dictan 1.067 ejecuciones en China, pero la cifra real está por encima de las 8.000, según han filtrado los propios legisladores chinos.
Sin embargo, Huang aseguró que las autoridades médicas respetan la voluntad de los sentenciados y sólo se usan los órganos de aquellas personas que otorgan su consentimiento, algo desmentido desde organizaciones como Amnistía Internacional.
Sistema nacional de donación de órganos
El viceministro chino realizó estas declaraciones durante la presentación este martes de un sistema nacional de donación de órganos para toda China, dirigido por Cruz Roja con la coordinación de Pekín.
El objetivo es poder reducir la dependencia de la donación por parte de prisioneros ejecutados y luchar contra el tráfico ilegal de órganos que todavía subsiste en China, a pesar de que en 2007 se lanzó una nueva ley que prohibía el tráfico de órganos.
Las estadísticas oficiales señalan que en la actualidad más de un millón de chinos están en lista de espera para un trasplante, aunque en el gigante asiático el dinero y los contactos con el poder sirven para adelantar las operaciones.
Según Qian Jianmin, jefe de Cirugía de Trasplantes del hospital Huashan de Shanghai, los centros que realizan estas operaciones son conscientes de la procedencia de los órganos.
Explicó que los receptores pueden llegar a pagar hasta 21.000 euros por un órgano, sin tener en cuenta el coste de la operación. Debido a la falta de órganos, en China sólo se efectúan 20.000 trasplantes anuales, y muchas veces los hospitales prefieren operar a ciudadanos extranjeros a los que cobran facturas notablemente superiores.
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