Un juez de Estados Unidos ha ordenado la publicación de los documentos previamente cerrados en el caso de piratería contra el fallecido activista de Internet Aaron Swartz (en la foto).
Swartz se suicidó en enero, antes del juicio por el presunto robo de millones de artículos académicos desde una base de datos privada que utiliza una red informática en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).
En los documentos, que incluyen información sobre la presunta piratería de Swartz en la base de datos JSTOR (un sistema de archivo "online" de publicaciones académicas) mediante la red informática del MIT, deben desaparecer los nombres de los testigos y de las fuerzas del orden, según ha ordenado el juez de distrito Nathaniel Gorton.
La información acerca de las deficiencias en las instalaciones de ordenadores en las dos redes de la institución también debe ser redactada, ha dicho Gorton, citado por la agencia Reuters.
Desde la muerte de Swartz, "MIT y JSTOR se sometieron a una serie de amenazas y acoso por parte de personas que apoyaban a al señor Swartz", ha asegurado Gorton para explicar por qué los nombres no deben ser publicados.
Los incidentes incluyeron una falsa información el pasado mes de febrero acerca de que un hombre armado estaba suelto en el campus del MIT.
Swartz lideró una exitosa campaña para bloquear un proyecto de ley presentado en 2011 en la Cámara de Representantes de EE.UU. llamado Stop Online Piracy Act (SOPA), lo que generó una fuerte oposición en la comunidad tecnológica.
También ayudó a crear una primera versión del sistema de alimentación RSS y desempeñó un papel en la construcción del sitio web para compartir noticias Reddit.
El caso desató una fuerte polémica jurídica en EE.UU. El equipo de abogados que trabaja para la fiscal Carmen Ortiz utilizaron la ley para acusar a Swartz de 13 cargos por delitos graves que suponen un tiempo máximo de prisión de 35 años, aunque no se había beneficiado de la descarga de JSTOR.
La oficina de Ortiz, que había presionado para tener los nombres extraídos de los documentos, elogió el fallo. "Creemos que la decisión del tribunal establece un equilibrio razonable entre la prestación del acceso público a la información pertinente y la protección de los intereses de privacidad y seguridad de los testigos y de las víctimas en este asunto", ha dicho la portavoz Christina DiIorio-Sterling en un correo electrónico.
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