La comisión 'antipiratería' ha tramitado ya más de 300 solicitudes de los autores

La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que inició su andadura hace tres meses, ha tramitado hasta el momento más de 300 demandas de autores que han denunciado la utilización de sus obras en Internet sin su permiso ante este órgano administrativo con el que el Gobierno pretende hacer más difícil la llamada 'piratería'.
"Se trata de ir poniendo obstáculos" a las prácticas no autorizadas en Internet, ha indicado en una entrevista la directora general de Industrias Culturales, María Teresa Lizaranzu, que ha destacado también la necesidad de que entidades como CEDRO, que gestiona los derechos reprográficos, dependan menos de los ingresos por copia privada, que este año se cargarán a los presupuestos del Estado.
Según Lizaranzu, el proceso administrativo de la Comisión de Propiedad Intelectual, que ella misma preside, complementa desde el pasado 1 de marzo los procesos civiles y penales que se llevan a cabo contra estas descargas no autorizadas.

'Menos rápido'

La responsable de Política Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha reconocido que el trabajo de este órgano ha ido "menos rápido" de lo que hubieran deseado pero, ha indicado, al tratarse de un procedimiento nuevo han querido que las solicitudes estuvieran "muy bien argumentadas" y cumplieran con todas las garantías.
Por ello, estos meses se han dedicado al proceso de instrucción de las demandas y a establecer una serie de criterios de funcionamiento.
En la actualidad, los vocales están votando si procede actuar contra las páginas denunciadas y, una vez que se notifique a los titulares que han sido identificados como presuntos vulneradores de derechos de propiedad intelectual, se les instará a retirar esos contenidos de Internet en un plazo de 20 días.
En caso de que no lo hagan, la Comisión comunicará a los servidores que deben cortar el servicio a dichas páginas.

También la LSSI

Durante estos trámites, ha indicado Lizaranzu, la Comisión ha descubierto que, además de vulnerar la propiedad intelectual, algunas de estas páginas atentan contra la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, por lo que se abren otras vías para bloquearlas.
Pero, frente a la llamada 'piratería' en Internet, es esencial complementar estas vías con la labor didáctica y con una oferta comercial más visible en la red, ha recalcado Lizaranzu, que ha explicado que se trata de ofrecer a los usuarios, a través de plataformas y otros nuevos modelos de negocio, productos culturales a precios "razonables" en la Red.
Respecto a la compensación por copia privada que sustituye al desaparecido canon digital, y que este año corre a cargo de los Presupuestos del Estado, la directora general de Política e Industrias Culturales ha apostado por un mayor equilibrio en los ingresos de entidades como CEDRO.
Lizaranzu ha destacado que el 80% por ciento de los ingresos de esta entidad proceden de la compensación por la reproducción de libros para uso privado, frente a lo que recauda por licencias concedidas a empresas, centros de enseñanza, organismos públicos y otras instituciones por el uso de obras de su repertorio.

En los Presupuestos

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado introducirá durante su tramitación en el Senado una enmienda que contemplará la partida destinada a la compensación por copia privada, cuyo montante no ha sido hecho público por el momento, después de que en diciembre el Gobierno aprobara la eliminación del canon digital.
Frente a esta situación, Lizaranzu ha indicado que uno de los objetivos del Gobierno es promover que universidades y empresas accedan a estas licencias.
Pero el cobro por estos servicios ha enfrentado recientemente a los rectores de las Universidades con CEDRO, entidad que ha demandado a la Autónoma de Barcelona y a la Carlos III de Madrid por distribuir en sus campus virtuales contenidos de sus socios, autores y editores, sin autorización.
El pasado 16 de abril, los rectores de las Universidades españolas acusaron a CEDRO de utilizar esas demandas judiciales como medida de presión para negociar el cobro de 5 euros por cada alumno que acceda a contenidos que son del repertorio de esta entidad.