En medio de aplausos y cánticos, la presidenta
argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció el lunes el envío de un
proyecto legislativo para proceder a expropiar buena parte de la
porción accionaria de la española Repsol en Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF) y con ello tomar control de esta última petrolera.
La reacción española no se hizo esperar. El
ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, calificó la
decisión tomada por la presidenta argentina de "hostil" y
"discriminatoria"."En términos generales, cualquier gesto de hostilidad en contra de una empresa española en el resto del mundo, el gobierno de España lo interpreta como un gesto de hostilidad contra España y contra el gobierno", señaló el ministro, quien agregó que anunciarán próximamente medidas "claras y contundentes" en respuesta a la decisión argentina.
Sin embargo, no hay evidencia hasta el momento de que las advertencias españolas hayan generado un cambio de posición argentina.
Debido a que el oficialismo tiene la mayoría tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, se da como un hecho la aprobación parlamentaria en Buenos Aires.
El proyecto pretende que el Estado tenga 51% de YPF en detrimento del accionista mayoritario, Repsol.
Pero para proceder a la expropiación, tal y como exige la legislación vigente, se declaró el patrimonio a expropiar como de "utilidad pública". Y este sería un aspecto quizás más crucial que la misma expropiación.
"Al declararlo de utilidad pública, deja de manejarse (la empresa) como un bien privado o de mercado porque ante todo está la necesidad del país", señaló en la televisora del Estado el analista de temas energéticos Raúl Dellatorre.
Varios analistas en el sector energético, que prefirieron no ser identificados, le comentaron a BBC Mundo que la medida puede servir como precedente para que el Estado empiece a tener un rol preponderante en el sector de hidrocarburos argentino a raíz de lo que parece una medida puntual de expropiación.
"De hecho, a raíz de esto pueden empezar a surgir propuestas de que se haga lo mismo con las otras empresas extranjeras en el país –como Chevron, Petrobras, entre otras- ya que en el fondo es el petróleo la utilidad pública y no YPF", señaló el consultor en temas de petróleo, Eduardo Fernández.
Reforma profunda
La renacionalización del negocio petrolero en Venezuela, durante el
gobierno de Hugo Chávez, comenzó declarando diversas actividades en el
sector energético de utilidad pública y fue considerado el primer paso
para luego aprobar la obligatoriedad de que los proyectos energéticos
siempre se efectuasen en asociaciones estratégicas en las que el Estado
tuviese la mayoría accionaria.
Según lo explicado por los expertos en el área, al declararse de utilidad pública no existe el derecho a huelga, se debe ofrecer el producto en las mismas condiciones a todas las empresas y el gobierno puede tomar decisiones sobre este producto si se considera que afecta el interés nacional.
En Argentina otro precedente de utilidad pública ocurrió en 2008 con Aerolíneas Argentinas, también expropiada de una compañía española a quien se señaló de dejarla al borde de la quiebra con millonarias deudas.
No obstante, mientras aún se dan los primeros pasos hacia la expropiación de YPF, aún faltan detalles por definirse en el nuevo modelo energético de Argentina.
Aunque, Fernández de Kirchner fue tajante al decir que "el modelo no es una estatización. Es recuperación de la soberanía y control del instrumento fundamental".
"Además se conserva (YPF) como sociedad anónima. Por ello funcionará según la ley de sociedad privada", apuntó la mandataria.
Pero advirtió: "Éramos el único país de la región que no manejaba sus recursos naturales".
Tal situación habría provocado una incapacidad de la empresa para cubrir la demanda energética nacional, pese a que posee el 60% del mercado de combustibles.
Y por ello, en 2010, señaló Fernández de Kirchner, Argentina se vio obligada por primera vez en su historia a importar hidrocarburos, a un costo que el año pasado rozó los US$10.000 millones. Una cifra que casi equipara el superávit comercial del país en el mismo período.
"De proseguir esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, nos toparíamos con un país inviable", dijo la presidenta.
Y añadió: "Está el negocio petrolero y el comercial. Pero acá hubo poco negocio petrolero y mucho comercial".
El gobierno argentino acusa a Repsol de repartir entre sus accionistas 90% de sus utilidades y no invertir en el negocio petrolífero en una Argentina necesitada de combustibles.
Sin embargo, la empresa más bien asegura que en 2011 tuvo una inversión récord de US$3.057 millones.
La insatisfacción del Ejecutivo nacional argentino también se vio respaldada por los gobiernos provinciales, que desde finales del año pasado vienen quitándole la concesión a YPF en diferentes pozos para asumir directamente las exploraciones.
Los gobernadores ahora también tienen un rol clave en el futuro del negocio petrolero argentino, ya que el 51% expropiado se dividirá casi por la mitad entre las provincias (49%) y el gobierno central (51%).
Para algunos analistas, esa coparticipación puede convertirse en un problema al momento de tomar las decisiones en la nueva YPF pública.
El representante del Ejecutivo tendrá que negociar con diez autoridades de provincia antes de llevar una postura conjunta al directorio de la compañía.
"Puede haber parálisis o politización de las decisiones", comentó uno de los analistas consultados.
La decisión anunciada por Fernández de Kirchner este lunes puso fin a semanas de especulaciones que influyeron directamente en la pérdida del valor de la acción en YPF –al menos 40% en 2012- en los mercados bursátiles de Nueva York y Buenos Aires. Y tras conocerse el anuncio las negociaciones de estos títulos habían sido suspendidas.
Según lo explicado por los expertos en el área, al declararse de utilidad pública no existe el derecho a huelga, se debe ofrecer el producto en las mismas condiciones a todas las empresas y el gobierno puede tomar decisiones sobre este producto si se considera que afecta el interés nacional.
En Argentina otro precedente de utilidad pública ocurrió en 2008 con Aerolíneas Argentinas, también expropiada de una compañía española a quien se señaló de dejarla al borde de la quiebra con millonarias deudas.
No obstante, mientras aún se dan los primeros pasos hacia la expropiación de YPF, aún faltan detalles por definirse en el nuevo modelo energético de Argentina.
Aunque, Fernández de Kirchner fue tajante al decir que "el modelo no es una estatización. Es recuperación de la soberanía y control del instrumento fundamental".
"Además se conserva (YPF) como sociedad anónima. Por ello funcionará según la ley de sociedad privada", apuntó la mandataria.
Pero advirtió: "Éramos el único país de la región que no manejaba sus recursos naturales".
Argumentos
El gobierno argentino argumentó el decreto de expropiación anunciado este lunes por una presunta falta de inversión de Repsol-YPF en territorio argentino.Tal situación habría provocado una incapacidad de la empresa para cubrir la demanda energética nacional, pese a que posee el 60% del mercado de combustibles.
Y por ello, en 2010, señaló Fernández de Kirchner, Argentina se vio obligada por primera vez en su historia a importar hidrocarburos, a un costo que el año pasado rozó los US$10.000 millones. Una cifra que casi equipara el superávit comercial del país en el mismo período.
"De proseguir esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, nos toparíamos con un país inviable", dijo la presidenta.
Y añadió: "Está el negocio petrolero y el comercial. Pero acá hubo poco negocio petrolero y mucho comercial".
El gobierno argentino acusa a Repsol de repartir entre sus accionistas 90% de sus utilidades y no invertir en el negocio petrolífero en una Argentina necesitada de combustibles.
Sin embargo, la empresa más bien asegura que en 2011 tuvo una inversión récord de US$3.057 millones.
La insatisfacción del Ejecutivo nacional argentino también se vio respaldada por los gobiernos provinciales, que desde finales del año pasado vienen quitándole la concesión a YPF en diferentes pozos para asumir directamente las exploraciones.
Los gobernadores ahora también tienen un rol clave en el futuro del negocio petrolero argentino, ya que el 51% expropiado se dividirá casi por la mitad entre las provincias (49%) y el gobierno central (51%).
Para algunos analistas, esa coparticipación puede convertirse en un problema al momento de tomar las decisiones en la nueva YPF pública.
El representante del Ejecutivo tendrá que negociar con diez autoridades de provincia antes de llevar una postura conjunta al directorio de la compañía.
"Puede haber parálisis o politización de las decisiones", comentó uno de los analistas consultados.
La decisión anunciada por Fernández de Kirchner este lunes puso fin a semanas de especulaciones que influyeron directamente en la pérdida del valor de la acción en YPF –al menos 40% en 2012- en los mercados bursátiles de Nueva York y Buenos Aires. Y tras conocerse el anuncio las negociaciones de estos títulos habían sido suspendidas.
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