La decisión de Bruselas de reclamar un adelantamiento de la bajada de los precios de las tarifas de terminación en red móvil en España no ha gustado ni en Telefónica ni en Vodafone, las principales operadoras españolas. Fuentes cercanas a estas compañías han señalado que la Comisión Europea ha actuado con una gran rigidez con España en este caso, cuando 20 de los 27 países de la unión (incluido nuestro país) todavía no han regulado el descenso de estas tarifas, que son las que se cobran los operadores entre sí por las llamadas que terminan en sus respectivas redes. En este sentido, recuerdan que sólo Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Portugal y España se han movido en este ámbito.
Este lunes, la CE decidió suspender los planes de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) que pasaban por concluir el descenso escalonado de estas tarifas de interconexión en diciembre de 2013. El propio regulador español, en su propuesta, había adelantado el fin de la bajada de estas tarifas porque, anteriormente, estaba prevista para octubre de 2014. Las tarifas pasarán de cuatro céntimos por minuto (4,98 céntimos en el caso de Yoigo) a 1,09 céntimos en octubre de 2014. Es decir, el descenso será de entre un 75% y un 80%.
Bajo el escenario abierto por Bruselas, ahora deberá ser el BEREC, organismo que agrupa a los órganos reguladores de telecomunicaciones de los países europeos, quien realice un informe sobre la cuestión. En el estudio podría dar la razón a Bruselas o bien contradecirla. En este sentido, fuentes jurídicas señalan que sería raro que el BEREC conceda toda la razón a la CE, cuando todavía 20 países no se han pronunciado sobre la cuestión y están muy por detrás de España en la ejecución de este proceso.
"Si apoyaran a Bruselas, los reguladores de estos países se verían obligados a acelerar el calendario en sus respectivos mercados y situar el fin del descenso de las tarifas de interconexión en sus respectivos países en diciembre de este año. No tendría sentido que se exigiera a España que cumpliera estos plazos cuando en estos países no se ha hecho", señalan fuentes jurídicas, quienes creen que estos estados se posicionarán con España.
Otras fuentes del sector advierten de que una implantación acelerada podría abrir numerosos litigios judiciales en distintos países. En su opinión, muchas operadoras se considerarían afectadas por lo que creerían como un cambio adelantado de las reglas del juego, y recurrirían a los tribunales.
De momento, la CMT prevé aprobar una cautelar para poner en marcha un calendario con los plazos previstos para el recorte de estas tarifas.
En cualquier caso, la disputa entre todas las partes se ha endurecido. En su argumentación, Bruselas señala que el plan de la CMT "podría significar un año más de precios innecesariamente altos para los usuarios españoles, en un momento en que ya se encuentran muy afectados por la crisis económica". Por el contrario, fuentes de las grandes operadoras españolas aseguran que el precio del móvil está cayendo a un ritmo de casi el 10% anual y advierten de que "sólo el 20% de la bajada de las tarifas de interconexión repercuten finalmente en los precios para el usuario final".
Estas operadoras han señalado que la reducción de estos precios de una vez o en un plazo breve afectaría a los ingresos que ya tienen establecidos en sus presupuestos, y tendría un "impacto desestabilizador" en el mercado móvil. "Se mermaría nuestra capacidad de inversión", aseguran.
Este lunes, la CE decidió suspender los planes de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) que pasaban por concluir el descenso escalonado de estas tarifas de interconexión en diciembre de 2013. El propio regulador español, en su propuesta, había adelantado el fin de la bajada de estas tarifas porque, anteriormente, estaba prevista para octubre de 2014. Las tarifas pasarán de cuatro céntimos por minuto (4,98 céntimos en el caso de Yoigo) a 1,09 céntimos en octubre de 2014. Es decir, el descenso será de entre un 75% y un 80%.
Bajo el escenario abierto por Bruselas, ahora deberá ser el BEREC, organismo que agrupa a los órganos reguladores de telecomunicaciones de los países europeos, quien realice un informe sobre la cuestión. En el estudio podría dar la razón a Bruselas o bien contradecirla. En este sentido, fuentes jurídicas señalan que sería raro que el BEREC conceda toda la razón a la CE, cuando todavía 20 países no se han pronunciado sobre la cuestión y están muy por detrás de España en la ejecución de este proceso.
"Si apoyaran a Bruselas, los reguladores de estos países se verían obligados a acelerar el calendario en sus respectivos mercados y situar el fin del descenso de las tarifas de interconexión en sus respectivos países en diciembre de este año. No tendría sentido que se exigiera a España que cumpliera estos plazos cuando en estos países no se ha hecho", señalan fuentes jurídicas, quienes creen que estos estados se posicionarán con España.
Otras fuentes del sector advierten de que una implantación acelerada podría abrir numerosos litigios judiciales en distintos países. En su opinión, muchas operadoras se considerarían afectadas por lo que creerían como un cambio adelantado de las reglas del juego, y recurrirían a los tribunales.
De momento, la CMT prevé aprobar una cautelar para poner en marcha un calendario con los plazos previstos para el recorte de estas tarifas.
En cualquier caso, la disputa entre todas las partes se ha endurecido. En su argumentación, Bruselas señala que el plan de la CMT "podría significar un año más de precios innecesariamente altos para los usuarios españoles, en un momento en que ya se encuentran muy afectados por la crisis económica". Por el contrario, fuentes de las grandes operadoras españolas aseguran que el precio del móvil está cayendo a un ritmo de casi el 10% anual y advierten de que "sólo el 20% de la bajada de las tarifas de interconexión repercuten finalmente en los precios para el usuario final".
Estas operadoras han señalado que la reducción de estos precios de una vez o en un plazo breve afectaría a los ingresos que ya tienen establecidos en sus presupuestos, y tendría un "impacto desestabilizador" en el mercado móvil. "Se mermaría nuestra capacidad de inversión", aseguran.
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