¿Es posible colapsar la Ley Sinde?

Después de más de dos años de tramitación, la pasada semana entró en vigor la Ley Sinde, una polémica norma que, según el Gobierno, las empresas y grupos de presión ligados a las denominadas industrias culturales, tiene como finalidad acabar con las descargas ilegales en internet.

Para sus detractores, en cambio, se trata de una norma inconstitucional que que abre la puerta a la censura en la red, ya que permite cerrar páginas webs sin necesidad de que lo determine un juez.

Un grupo de activistas contrarios a su aplicación ha decidido usar el propio mecanismo que establece la Ley Sinde para colapsar el funcionamiento de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano encargado de aplicar esta norma, tal y como explican en el blog “Guerra a la SGAE”.

Para ello, han publicado una guía en la que detallan cómo bloquear el sistema de forma “legal, pacífica y sin riesgo alguno de condena en costas”, a través de la presentación masiva de denuncias ante la Comisión reclamando el uso no autorizado de una obra.

Se basan en que la Ley de Propiedad Intelectual considera autor a cualquier persona que cree una obra literaria, artística o científica, entre las que se encuentran escritos, obras de pintura o dibujo, gráficos relativos a la ciencia, obras fotográficas y los programas de ordenador. Según esta definición, todos somos autores, también los blogueros o creadores de una web.

Cientos de solicitudes

De esta forma, su estrategia consiste en subir cualquier creación propia a internet y esperar a que sea indexada y enlazada por Google o cualquier otro buscador para denunciar esa acción ante la Comisión, ya que infringe el texto de la Ley Sinde. Este organismo, como todos los organismos públicos, está obligado a dar entrada a todas las peticiones que reciba, asignarles un número de registro e iniciar un expediente.

El objetivo de esta acción no es conseguir que el procedimiento llegue a su fin y que la Sección Segunda les de la razón, sino impedir su funcionamiento, colapsándola con cientos de solicitudes que, por ley, se verá obligada a recibir e iniciar un procedimiento.

Se trata de una estrategia simple que se basa en un viejo axioma jurídico: hecha la ley, hecha la trampa.