Los intentos por promulgar leyes contra videojuegos en California, EE.UU., han tenido un coste total de 1,8 millones de dólares solo en los salarios de los abogados que defendieron estos intentos legislativos declarados finalmente inconstitucionales por la Corte Suprema.
El coste se deriva del pago de las tasas legales y el tener que asumir la minuta de los abogados de la Entertainment Merchants Association y la Entertainment Software Association, las dos organizaciones que presentaron los recursos contra las leyes californianas. Esto ha supuesto, solo en pagar a los abogados, 300.000 dólares a las arcas del estado a lo que hay que sumar los 500.000 dólares de facturación de los abogados del estado de California.
Los defensores de la ley, declarada inconstitucional, no se arrepienten del coste que ha supuesto este fracaso. "Cuando luchas por una buena causa sabes que está bien hacerlo, y esto era por proteger a los niños; no puedes arrepentirte de eso", ha dicho Leland Yee, el político impulsor de las leyes rechazadas.
La Corte Suprema ha reconocido a los videojuegos protección bajo la primera enmienda constitucional estadounidense, lo que sienta un precedente de protección sobre la libertad de expresión en los videojuegos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario