El fundador de Megaupload, Kim Schmitz, conocido como «Dotcom», aseguró que no pretende huir de Nueva Zelanda al comparecer ante el Alto Tribunal para apelar contra fallo del juez que le denegó la semana pasada la libertad condicional. Este viernes le han vuelto a rechazar la petición de libertad.
El informático alemán, quien testifica por primera vez desde su detención el 20 de enero, afirmó que si regresa a su país no podrá «descongelar» sus activos y que por ese motivo prefiere quedarse en Nueva Zelanda para buscar que le devuelvan su dinero.
«¿Qué podría hacer en Alemania con cinco hijos y una esposa y sin dinero?», dijo Dotcom en declaraciones citadas por la agencia local APNZ. Ante el cierre de Megaupload sin un proceso judicial, Dotcom señaló que se trata del «mayor desprecio a los derechos humanos básicos en la historia de internet», según el canal TV3.
Dotcom fue detenido hace dos semanas en su mansión en las afueras de Auckland, junto a otros tres directivos de Megaupload en el transcurso de una operación policial internacional que incluyó el cierre de su portal de descargas en internet y la detención de dos supuestos cómplices en Europa.
Dotcom pidió la libertad condicional, pero el juez David McNaughton del Tribunal del distrito de North Shore la denegó y ordenó que el millonario alemán permanezca detenido hasta al menos el próximo 22 de febrero, cuando está prevista la celebración de una vista sobre la extradición solicitada por Estados Unidos.
En la audiencia celebrada, Dotcom explicó que él ya no tiene fondos porque «todo ha sido confiscado» y que las armas ilegales halladas en su mansión alquilada eran para defender a su familia de potenciales agresores.
Junto a Dotcom también fueron detenidos los alemanes Mathias Ortmann, de 40 años y cofundador de Megaupload, y Finn Batato, de 38 años y responsable técnico del portal, así como el holandés Bram van der Kolk, de 29 años y jefe de programación.
El juez McNaughton concedió la semana pasada la libertad condicional a Batato y Van der Kolk, aunque los dos directivos siguen detenidos debido a cuestiones administrativas.
En el caso de que se apruebe la extradición, los cuatro detenidos serán juzgados en EE.UU., cuya justicia les imputa varios delitos, desde relación con el crimen organizado y blanqueo de dinero, hasta violación de la ley de derechos de propiedad intelectual. Si son declarados culpables de tales delitos pueden ser condenados a una pena máxima de 50 años de cárcel.
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