Arrecian las mismas críticas que han teñido las idas y venidas del proceso de Belo Monte, todavía en fase de licitación tras ser bloqueado varias veces por la justicia y la presión internacional: un Gobierno empecinado en sacar adelante obras que sitúa como estratégicas para el suministro energético y el desarrollo económico del país, frente a la resistencia no sólo de asociaciones ecologistas e indígenas, sino también de científicos y técnicos que cuestionan la viabilidad económica, social y medioambiental del mastodóntico proyecto. Se prevé que, de salir adelante tal como ha sido planteado, el Complejo de Tapajós inundará 200.000 hectáreas de selva (un área similar a la isla de Tenerife) y afectará a un territorio indígena. Como en el caso de Belo Monte, la presidenta Dilma Rousseff parece tenerlo tan claro como su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva. No en vano Dilma, todavía como ministra de Lula, fue la creadora del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), el ambicioso plan de infraestructuras en el que se engloba la obra de Tapajós y que simbolizó el choque entre desarrollismo y ambientalismo que precipitó la salida del Ejecutivo de la entonces ministra de Medio Ambiente, la senadora Marina Silva.
Beneficios privados
"No sólo las represas conllevan riesgos sociales, económicos y medioambientales incalculables; se trata de un problema que requiere un debate político más amplio", afirma Rogério Honn, miembro de la coordinación nacional del Movimiento de los Afectados por las Represas. "Gran parte de la población brasileña sigue sin tener acceso a la electricidad, y la factura de la luz está entre las más caras del mundo: de estas megapresas sólo se benefician los intereses privados", añade. Grandes beneficios para las grandes empresas, mientras los pequeños agricultores y los indígenas ven cómo "se acaba con su forma de vida", añade Rogério.Las asociaciones vecinales y ecologistas lamentan que, además, la presidenta vaya a aprobar la reducción de tres áreas protegidas mediante una medida provisoria, esto es, un decreto que se salta el trámite parlamentario y, con ello, dificultará la participación de la sociedad civil y las comunidades indígenas. Es más: según el diario Folha de São Paulo, a petición de la estatal Electronorte el decreto se firmará sin realizar antes los estudios previos preceptivos. Era el camino más fácil para evitar problemas legales como los que ha enfrentado la licitación de Belo Monte: si la normativa del Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SNUC) no permite que esas áreas sean alteradas por las obras, entonces es más sencillo reducir la superficie de los parques naturales que cambiar la ley. Todo ello, según la Folha, ante la opinión contraria de los jefes de las áreas protegidas y de varios técnicos del Instituto Chico Mendes por la Biodiversidad (ICMBio), el organismo gubernamental encargado de los estudios previos, que ya ha anunciado, con carácter de urgencia, que elaborará un estudio sobre la biodiversidad en la región. Mientras, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), responsable de la sostenibilidad ambiental de las obras públicas, estaría "recibiendo presiones políticas impuestas por las empresas, estatales o privadas, nacionales o extranjeras, que están envueltas en la operación (Electronorte, Camargo Correa, Cnec)", según la organización Tapajós Libre.
Riesgos medioambientales
Asociaciones ecologistas como Greenpeace alegan que el complejo provocará la inundación de un área prioritaria para la conservación de peces y aves, y podría llevar a la extinción de varias especies. Según documentos del ICMBio citados por la Folha, las centrales anegarían hasta 320.000 hectáreas de selva (mayor que la suma de las superficies de Tenerife, La Palma y la Gomera). Entre otras cosas, la obra inundaría un tramo de la carretera Transamazónica, cuyo trazado debería corregirse y pasar dentro del Parque Nacional de la Amazonia.No es un riesgo aislado. El Complejo de Tapajós es un megaproyecto que superará los 14.000 megavatios de potencia instalada; apenas una de las usinas, la de São Luiz do Tapajós, será la cuarta mayor central del país, con 6.133 megavatios de capacidad, casi la potencia que suman las centrales de Jirau y de Santo Antônio, dos usinas construidas también en el Amazonas y que levantaron una enorme polémica por sus consecuencias sociales y ambientales. Y no serán, ni mucho menos, las únicas: el Gobierno planea construir en la Amazonia unas 300 represas en las próximas décadas.
La matriz hidroeléctrica supone más de un 70% de la energía que se produce en Brasil, según la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel). Aún así, Brasil utiliza menos del 30% de su potencial energético; el problema es que la mayor parte de esa capacidad no explotada está en la selva amazónica, esa misma que alberga la mayor biodiversidad del planeta y que aloja a 1,6 millones de indígenas de 370 pueblos diferentes. Mientras, la demanda de energía eléctrica sigue en franco aumento, tanto por el crecimiento del país como por el desarrollo de programas gubernamentales como Luz para Todos, que pretende llevar el acceso a la electricidad a las más recónditas aldeas del Amazonas o del sertão nordestino.
El conflicto entre desarrollismoy ambientalismo está servido. Y mientras los ecologistas alertan de las imprevisibles consecuencias que cada una de esas represas tendrá sobre el ecosistema amazónico, el Gobierno y las empresas implicadas alegan que el proyecto de Tapajós inaugura un nuevo modelo de central hidroeléctrica que acabará con esa dialéctica irresoluble.
Un modelo pionero
Esa cuadratura del círculo la conseguirá Brasil con un modelo innovador, inspirado en las plataformas petrolíferas en alta mar, según ha explicado el ministro de Minas y Energía, Marcio Zimmermann. La energía sería transmitida a través de torres más altas, para garantizar que se requiera la menor deforestación posible. Además, la central estaría alejada de cualquier población e incomunicada por carretera, y los trabajadores, que serían sustituidos de forma periódica, serían transportados en helicóptero. Además, dado el elevado grado de automatización de la planta, se requerirá un mínimo de empleados para mantenerla. Se trataría así de evitar el impacto ambiental adicional que supuso, en centrales como la de Santo Antônio, el crecimiento urbano incontrolado y la inmigración en la región asociados a una obra de esta envergadura.
Frente a este esquema pionero, los movimientos sociales permanecen escépticos. Rogério Honn critica que "el Gobierno está desplegando toda esa propaganda, cuando la realidad es que muchos trabajadores vendrán de otras regiones y 2.000 kilómetros cuadrados de ecosistema amazónico serán inundados: la repercusión social y ambiental será tremenda".
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