La intrahistoria de la negociación, baldía finalmente, para tratar de aprobar la llamada ley Sinde está cuajada de peticiones absolutamente ajenas a la prohibición de las descargas. El PSOE intentó el martes, pocas horas antes de la votación, pactar con el PP, después de que CiU la noche del lunes le diera el portazo. Los populares accedieron a negociar con el Gobierno, pero el precio iba a ser bastante alto. La dirección del Grupo Popular exigió "la supresión en un mes del canon digital".
Así lo aseguran fuentes gubernamentales y de la dirección del Grupo Socialista, que citan al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui y al portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, como interlocutores de la portavoz parlamentaria popular, Soraya Sáenz de Santamaría.
Lo cierto es que antes de que el PP exigiera la supresión del canon, la conversación era fluida porque no había diferencias fundamentales respecto al fondo de la norma, y el PSOE estaba dispuesto a aceptar una enmienda basada en la petición del PP de una garantía judicial adicional a la hora de pedir los datos sobre las webs infractoras. Pero ante una exigencia "tan drástica" como la del canon, la negociación terminó.
Después, han llegado los reproches. Por un lado, el portavoz del PP, Esteban González Pons, pidió la dimisión de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, tras denunciar que el Gobierno acudió al PP "como último recurso", cuando es el primer partido de la oposición. De paso, el portavoz popular criticó a la "la ministra, que no sirve para nada".
En el PSOE, no obstante, se exculpa en muy buena medida a la titular de Cultura de lo ocurrido, al estimar que la decisión de tramitar su ley dentro de otra -la Ley de Economía Sostenible (LES)- no fue suya. "Ha sido un asunto que ha trascendido a la ministra", señalan fuentes socialistas.
La portavoz del comité electoral del PSOE, Elena Valenciano, criticó a Pons y aseguró que el rechazo del PP a la norma no se produjo por razones de fondo sino por oportunismo político.
Este es el argumento que el PSOE esgrime con gran enojo. "Todos los grupos parlamentarios quieren que se regulen las descargas pero sin asumir el riesgo y la impopularidad por lo que se demuestra que el único ente serio de la política española es el Gobierno".
Ahora bien, la oposición se queja de que se metiera dentro de la LES un asunto totalmente ajeno. Así el PNV se comprometió con la ley fundamental pero no con las descargas. CiU tampoco, aunque entró en la negociación por si acaso podía obtener otras contrapartidas "de economía productiva". Pero, finalmente, también se descolgó. Lo cierto es que el PSOE contaba con CiU y a partir de la noche del lunes cuando este grupo rompe la negociación, empieza la confusión.
"Nunca pensamos que CiU iba a romper", señalan fuentes socialistas. En medio del disgusto que ayer reinaba en todos los ámbitos socialistas se concluía invariablemente que "la potencia de la Red en sus ataques a la ley ha sido determinante para que nadie quisiera estar al lado del Gobierno", sostiene el portavoz de la Comisión, Francisco Fernández Marugán, que defiende la labor del Grupo Socialista.
El Pais
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