Sus amigos de Facebook le vigilan, y los amigos de sus amigos también. Incluso el FBI se ha apuntado a la moda de las redes sociales. La Oficina Federal de Investigación utiliza perfiles falsos para espiar a los usuarios en busca de posibles terroristas, delincuentes e incluso inmigrantes ilegales. Además de la web de los 500 millones de amigos, el Gobierno estadounidense también cotillea lo que sucede en Twitter, MySpace o Flickr. Nada pasa desapercibido para los federales, ni siquiera lo que compramos en Amazon o las búsquedas que realizamos en Google.
La Electronic Frontier Foundation (EFF), un grupo de defensa de los derechos de los usuarios de internet con base en San Francisco, lleva meses denunciado lo que entienden como "una manera poco ética de recolectar información". En un informe interno del FBI al que tuvo acceso la EFF, la agencia federal reconocía que las aplicaciones sociales más populares de internet son una fuente inagotable de elementos para la investigación, ya que "la tendencia narcisista de algunas personas les incita a tener el mayor número posible de amigos, entre los que se incluye mucha gente a la que ni siquiera conocen".
Los sabuesos del FBI se aprovechan de la vanidad de los usuarios de las redes sociales para espiarles sin límites, y no sólo a peligrosos criminales, sino también a todo aquel que pueda realizar un comentario sospechoso o tener entre sus contactos a un presunto delincuente. "No sabemos qué nivel de sospecha, si es que es necesario alguno, debe pesar sobre un usuario para que se inicie una investigación", se queja Jennifer Lynch,portavoz de la asociación, que recuerda que "cualquiera que utilice estas páginas es un blanco potencial".
Tras semanas controlando su actividad en internet, a principios de octubre la agencia federal estadounidense se decidió a implantar un sistema de localización por GPS en el coche de Yasir Afifi, un estudiante californiano de 20 años. Los agentes sospechaban que Afifi,hijo de un conocido representante de la comunidad musulmana, tenía contactos con grupos fundamentalistas.
No sólo se equivocaban, sino que además tuvieron que reconocer públicamente su error y admitir que espiaban a un ciudadano estadounidense sin orden judicial. Mientras realizaba un cambio de aceite, el joven encontró el dispositivo electrónico pegado en la parte inferior de su vehículo. Sorprendido, colgó las fotos en su página personal. Unos días después recibió una llamada del FBI solicitándole que les devolviera el costoso GPS, valorado en casi 1.000 dólares.
Estas actuaciones un tanto chapuceras no han conseguido evitar que la Administración de Barack Obama mantenga su empeño de abanderar un cambio en la legislación tecnológica que permitirá espiar las comunicaciones a través de redes sociales como Facebook o Twitter, además de los servidores codificados de los teléfonos Blackberry y los sistemas de llamada a través de la red como Skype. Hasta ahora, las compañías vinculadas a internet habían quedado exentas de la obligación de adaptar sus servidores para permitir el espionaje por parte de las agencias del Gobierno, algo que, en virtud de la Ley de Asistencia de las Comunicaciones a las Fuerzas del Orden de 1994, sí se exige a compañías de telefonía fija y móvil y a empresas proveedoras de conexión a internet.
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La Electronic Frontier Foundation (EFF), un grupo de defensa de los derechos de los usuarios de internet con base en San Francisco, lleva meses denunciado lo que entienden como "una manera poco ética de recolectar información". En un informe interno del FBI al que tuvo acceso la EFF, la agencia federal reconocía que las aplicaciones sociales más populares de internet son una fuente inagotable de elementos para la investigación, ya que "la tendencia narcisista de algunas personas les incita a tener el mayor número posible de amigos, entre los que se incluye mucha gente a la que ni siquiera conocen".
Los sabuesos del FBI se aprovechan de la vanidad de los usuarios de las redes sociales para espiarles sin límites, y no sólo a peligrosos criminales, sino también a todo aquel que pueda realizar un comentario sospechoso o tener entre sus contactos a un presunto delincuente. "No sabemos qué nivel de sospecha, si es que es necesario alguno, debe pesar sobre un usuario para que se inicie una investigación", se queja Jennifer Lynch,portavoz de la asociación, que recuerda que "cualquiera que utilice estas páginas es un blanco potencial".
Investigación fallida
Esta no es la primera vez que la agencia federal se queda fuera de juego con sus prácticas al límite de la legalidad. Ya entre 2003 y 2006 obtuvo de manera inadecuada miles de registros telefónicos durante sus investigaciones en materia de terrorismo. Sin embargo, ese afán por controlar lo que pasa por las redes sociales le ha costado algún que otro sonoro ridículo.Tras semanas controlando su actividad en internet, a principios de octubre la agencia federal estadounidense se decidió a implantar un sistema de localización por GPS en el coche de Yasir Afifi, un estudiante californiano de 20 años. Los agentes sospechaban que Afifi,hijo de un conocido representante de la comunidad musulmana, tenía contactos con grupos fundamentalistas.
No sólo se equivocaban, sino que además tuvieron que reconocer públicamente su error y admitir que espiaban a un ciudadano estadounidense sin orden judicial. Mientras realizaba un cambio de aceite, el joven encontró el dispositivo electrónico pegado en la parte inferior de su vehículo. Sorprendido, colgó las fotos en su página personal. Unos días después recibió una llamada del FBI solicitándole que les devolviera el costoso GPS, valorado en casi 1.000 dólares.
Estas actuaciones un tanto chapuceras no han conseguido evitar que la Administración de Barack Obama mantenga su empeño de abanderar un cambio en la legislación tecnológica que permitirá espiar las comunicaciones a través de redes sociales como Facebook o Twitter, además de los servidores codificados de los teléfonos Blackberry y los sistemas de llamada a través de la red como Skype. Hasta ahora, las compañías vinculadas a internet habían quedado exentas de la obligación de adaptar sus servidores para permitir el espionaje por parte de las agencias del Gobierno, algo que, en virtud de la Ley de Asistencia de las Comunicaciones a las Fuerzas del Orden de 1994, sí se exige a compañías de telefonía fija y móvil y a empresas proveedoras de conexión a internet.
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