La ley Sinde, que permitiría el cierre de las páginas web que facilitan la descarga ilegal de contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual, continuará en el limbo durante algún tiempo más. El Gobierno no encontró en el Congreso el apoyo de ningún otro grupo parlamentario para sacarla adelante, aparte del PSOE.
En una maratoniana sesión que se prolongó más de nueve horas y tras tres aplazamientos, los diputados votaron en la Comisión de Economía cada una de las enmiendas presentadas a la nueva normativa. Finalmente, la inclusión de la también conocida como ley antidescargas dentro de Ley de Economía Sostenible (LES) fue tumbada al recibir 18 votos a favor, 20 en contra y una abstención.
Aunque los socialistas estuvieron negociando durante casi todo el día, en particular con los nacionalistas catalanes, las concesiones económicas que estos exigían en otros puntos de la LES impidieron el acuerdo. De hecho, CiU había presentado 200 enmiendas, y pretendían que los socialistas aceptaran numerosas referidas a fiscalidad de vivienda, transporte, seguros y nucleares. Pero avanzada la tarde, el parlamentario de CiU Josep Sánchez i Llibre anunció la ruptura de las negociaciones, e indicó que el Gobierno debería «negociar con sus socios naturales», en referencia al PNV, que el lunes comunicó su negativa a respalda esta iniciativa.
Rechazo no definitivo
A pesar del fracaso del proyecto del Ejecutivo, el rechazo no es definitivo, pues esta ley pasa ahora al Senado, donde el próximo 18 de enero, en el primer pleno del 2011, volverá a ser debatida. Durante este tiempo, los socialistas intentarán cerrar el apoyo, principalmente con el PNV, aunque tampoco se descarta que sea con el Partido Popular, a la ley Sinde.
De hecho, los populares presentaron ayer varias enmiendas para asegurar una mayor intervención judicial en todo el proceso del posible cierre de las páginas web. Pero buscaron en todo momento una cierta equidistancia entre el respeto a los derechos de propiedad intelectual y el rechazo absoluto del proyecto del Gobierno.
Por su parte, la policía impidió durante toda la tarde que manifestantes en contra de la ley Sinde se concentraran a las puertas del Congreso. De hecho, los agentes amenazaban a las personas que se acercaban hasta las puertas de la sede de la Cámara baja con multarlas por llevar a cabo una concentración ilegal, al no haber solicitado el permiso correspondiente.
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