En AnonymousNano, la cuenta de Twitter de este bloguero, se suceden las llamadas a un ataque como los que tumbaron hace pocos días las webs de Amazon o PayPal en defensa de WikiLeaks. Para que tenga éxito sería necesario que un gran número de internautas se sumasen a la protesta, pero como se puede constatar en Twitter cada vez son más los interesados.
Esta convocatoria no es el único acto que ha surgido en la Red. El envío de correos de protesta ha tenido un gran éxito y ya son al menos tres los sitios web que lo facilitan. Una tercera vía sugiere llamar a los partidos políticos para preguntar por su postura ante la nueva normativa y amenazar con cambiar el voto si fuese a favor.
La Asociación de Internautas (AI) no ha tardado en sumarse a las protestas y facilita tanto los teléfonos de los partidos como los correos electrónicos de los diputados que deben aprobar la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible, la que recoge la nueva normativa para el cierre de webs. "Tras la aprobación de la 'Ley Sinde', el Gobierno tendrá la potestad legal de cerrar cualquier web, por mucho que un juez diga que está vulnerando su derecho fundamental protegido por la Constitución a la libertad de expresión", explica esta organización.
También la asociación de consumidores FACUA se ha puesto en marcha y ha enviado a los grupos parlamentarios 30.000 firmas contra la normativa con el texto 'Si es legal es legal', un manifiesto en contra de la 'Ley Sinde'. Y, al igual que la AI, invita a escribir a los diputados implicados y a llamar a los partidos políticos para expresar la disconformidad la ley.
Twitter se ha convertido en el mejor indicador de la postura de los internautas hacia la normativa. '#leysinde' lleva ya 24 horas entre lo más popular en la red social -siempre entre el primer y segundo puesto- y el debate es cada vez más intenso. Hay usuarios a favor, en contra y otros más descreídos que ya dan la 'Ley Sinde' por aprobada. En cualquier caso son decenas de mensajes por minuto que permiten hacer una idea de la importancia que el tema ha adquirido desde que cerraron las grandes webs de descargas.
Polémica reforma
El Gobierno aprobó el texto del proyecto de la LES el 19 de marzo y en septiembre superó intacto su primer trámite parlamentario al esquivar las cinco enmiendas a la totalidad en el Pleno del Congreso con los votos de PSOE, PNV y CC.El texto prevé un sistema mixto para decidir sobre el cierre de webs en el que intervendrán una comisión de Propiedad Intelectual (dependiente del Ministerio de Cultura) y la Audiencia Nacional, que será la encargada de llevar a cabo un proceso judicial 'ultrarrápido' en la vía contencioso-administrativa, y mediante el cual se podrá decretar el cierre de páginas web en tan sólo cuatro días.
Dicha Comisión será el órgano encargado de recibir las denuncias de entidades de gestión o de particulares que consideren que se están vulnerando sus derechos de autor.
Este órgano será el que estudie cada caso e inicie cada expediente administrativo correspondiente. Se encargará de advertir al propietario del sitio para que retire los contenidos que, según esta Comisión y basándose en la denuncia previa, vulneran derechos de propiedad intelectual.
Si el denunciado no hace caso, la Comisión acudirá a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que centralizará las denuncias en este ámbito. El juez tendrá, desde que reciba el expediente, un plazo de cuatro días para pronunciarse y ordenar o no el bloqueo de la página denunciada.
Una de las principales críticas a este proyecto normativo es la equiparación 'de facto' de los derechos de propiedad intelectual con el resto de derechos fundamentales, tal y como apuntó en su informe sobre la LES el Consejo Fiscal.
El Mundo
No hay comentarios:
Publicar un comentario