El ministerio de Educación chileno anunció un
proyecto que sacará a la banca del sistema de créditos necesario para el
pago de las carreras universitarias, y hará al Estado responsable de su
financiamiento.
La medida implica entre otras cosas el fin del
llamado Crédito con Aval del Estado (CAE) en que los bancos financian
los aranceles para las universidades privadas, con tasas de interés de
hasta un 6,4%, situación que, al criterio de sus opositores, se traduce
en altas cifras de endeudamiento entre quienes acceden a esos créditos.Gabriel Boric, actual presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), valoró la medida anunciada por el ministro de Educación, Harald Beyer, la que a su juicio es consecuencia directa de las movilizaciones que dieron la vuelta al mundo.
"Esto demuestra que mediante la movilización y la organización estudiantil es posible lograr avances. Esto es un avance para el movimiento estudiantil pero, sin embargo, viene a regular un exceso del actual sistema y no apunta a la transformación de la esencia del mismo", comentó a BBC Mundo.
Deuda por deuda
El proyecto que se oficializará en los próximos días "en términos
exactos significa que los fondos se originan en el Estado y los bancos
dejan de financiar la educación superior, tanto en la educación pública
como en la educación privada", destacó el ministro Beyer.
La medida beneficiará al 90% de los estudiantes y excluirá sólo al 10% más rico del país según el ministro, quien además resaltó que se trata de "un gran avance en términos de calidad y equidad para todos los estudiantes de la educación superior".
Gabriel Boric, quien reemplazó a Camila Vallejo como presidente de la FECh y vocero de la Confech que agrupa a las dirigencias, afirmó que más allá del avance que la iniciativa representa hay una discusión de fondo que el movimiento estudiantil va a seguir impulsando.
"Queremos dejar muy claro que nosotros no queremos cambiar deuda por deuda sino la lógica bajo la cual opera la educación en Chile. Es un avance, pero un avance pequeño, y con esto en ningún caso se le pone fin a la discusión", enfatizó.
Similar es la visión de Patricio Contreras, presidente de la Universidad de Los Lagos en la zona sur del país, quien planteó que "no hay que embriagarse con este anuncio, y con la madurez que ha alcanzado el movimiento hay que ser muy rigurosos en estudiar y observar con mucha atención de qué se trata este proyecto".
La cancelación se iniciará cuando el profesional haya empezado a trabajar, con un cobro máximo del 10% de su salario, y con un máximo de 180 cuotas. Si en ese plazo la deuda no se cancela en su totalidad, es condonada.
Además habrá una nueva política de becas en que se rebajarán los puntajes que los estudiantes deben obtener en la prueba de selección universitaria para acceder a estos beneficios, aumentando la cobertura.
Otro de los cambios que aparece como clave es que las universidades tradicionales deberán hacerse cargo de la brecha entre el arancel de referencia (lo que dicen cobrar y es cubierto por el Estado) y el arancel real (lo que en definitiva cuesta la carrera).
En el palacio gubernamental de La Moneda destacan la medida como un cambio rumbo hacia una mayor equidad, pero Gabriel Boric llamó a la calma y recordó que "estamos acostumbrados a ver un gobierno que hace anuncios muy grandilocuentes y al final muchas veces éstos no apuntan en la dirección que uno hubiese esperado".
Por lo pronto, el movimiento estudiantil convocó para este miércoles 25 de abril a la primera gran manifestación nacional del año, con sus principales reuniones pactadas en Santiago y Valparaíso.
La medida beneficiará al 90% de los estudiantes y excluirá sólo al 10% más rico del país según el ministro, quien además resaltó que se trata de "un gran avance en términos de calidad y equidad para todos los estudiantes de la educación superior".
Gabriel Boric, quien reemplazó a Camila Vallejo como presidente de la FECh y vocero de la Confech que agrupa a las dirigencias, afirmó que más allá del avance que la iniciativa representa hay una discusión de fondo que el movimiento estudiantil va a seguir impulsando.
"Queremos dejar muy claro que nosotros no queremos cambiar deuda por deuda sino la lógica bajo la cual opera la educación en Chile. Es un avance, pero un avance pequeño, y con esto en ningún caso se le pone fin a la discusión", enfatizó.
Similar es la visión de Patricio Contreras, presidente de la Universidad de Los Lagos en la zona sur del país, quien planteó que "no hay que embriagarse con este anuncio, y con la madurez que ha alcanzado el movimiento hay que ser muy rigurosos en estudiar y observar con mucha atención de qué se trata este proyecto".
Lo que propone el proyecto
El anuncio del gobierno de Sebastián Piñera tiene como punto principal la eliminación del CAE y su reemplazo por un crédito que tendrá un interés de 2% para todas las universidades, con un cambio en el sistema de pago una vez que el estudiante haya egresado.La cancelación se iniciará cuando el profesional haya empezado a trabajar, con un cobro máximo del 10% de su salario, y con un máximo de 180 cuotas. Si en ese plazo la deuda no se cancela en su totalidad, es condonada.
Además habrá una nueva política de becas en que se rebajarán los puntajes que los estudiantes deben obtener en la prueba de selección universitaria para acceder a estos beneficios, aumentando la cobertura.
Otro de los cambios que aparece como clave es que las universidades tradicionales deberán hacerse cargo de la brecha entre el arancel de referencia (lo que dicen cobrar y es cubierto por el Estado) y el arancel real (lo que en definitiva cuesta la carrera).
En el palacio gubernamental de La Moneda destacan la medida como un cambio rumbo hacia una mayor equidad, pero Gabriel Boric llamó a la calma y recordó que "estamos acostumbrados a ver un gobierno que hace anuncios muy grandilocuentes y al final muchas veces éstos no apuntan en la dirección que uno hubiese esperado".
Por lo pronto, el movimiento estudiantil convocó para este miércoles 25 de abril a la primera gran manifestación nacional del año, con sus principales reuniones pactadas en Santiago y Valparaíso.
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