Nueve meses después de que las autoridades de Estados Unidos bloquearan más de 80 sitios, domésticos y extranjeros, acusados de vulnerar la propiedad intelectual, EE UU ha reanudado el bloqueo de sitios acusados de piratería. En esta ocasión han sido más de 130. A diferencia de la anterior campaña, esta vez se han dirigido a webs que vendían directamente productos falsificados, particularmente ropa. Uno de ellos ofrecía software. En la anterior ocasión, la operación también afectó a sitios que presentaban enlaces a descargas de contenidos protegidos.
El departamento de Justicia y el de Inmigración no han dado explicaciones oficiales de la operación, pero en los sitios bloqueados aparece una nota recordando que la piratería es un delito federal sometido a penas de prisión y multas.
La acción se ha iniciado en pleno debate en el Congreso del proyecto de ley SOPA que pretende impedir el acceso a sitios que ofrezcan productos sin tener la licencia correspondiente a través el bloqueo de su dominio y obligando a proveedores de acceso a cortar el mismo así como prohibiendo la publicidad y que las compañías dedicadas a la intermediación del pago puedan trabajar con los mismos. La ley ha despertado serias preocupaciones en el mundo de Internet que ha mostrado su oposición por lo que puede suponer de atentado al statu quo de Internet y perjudique la libre circulación de contenidos. Grandes empresa como Google o Facebook, e incluso compañías que inicialmente había mostrado su apoyo a la iniciativa, como Microsoft y Apple, han publicado notas en las que manifiestan su preocupación por los métodos que ampara la citada ley.
La propia BSA ha publicado un documento en el que explican que una ley que persiga a la piratería de los contenidos y programas es básica para promover la creatividad. "Impedir que los piratas saquen provecho de sus robos" es un objetivo que aplauden, pero ello debe hacerse correctamente. El texto advierte que para solucionar el problema, "las acciones legales y los recursos han de ser ajustados". "La libertad de expresión y la privacidad son derechos que no pueden ser comprometidos", prosigue. La BSA detecta que algunos observadores han planteado "dudas razonables" sobre determinadas disposiciones de SOPA que podrían tener consecuencias imprevistas y afectar a personas ajenas a la piratería. "Estas preocupaciones deben ser consideradas".
Una campaña de firmas en Internet, bajo el lema Salvemos Internet, ha recogido 800.000.
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