Documentos conseguidos por la organización Greenpeace y publicados por The Guardian demuestran que el gigante petrolero, que en mayo de 2010 destinó 500 millones de dólares a estos estudios, debatió a nivel interno cómo "orientar" los resultados del GRI (Gulf of Mexico Research Initiative) en su beneficio. "¿Qué influencia tenemos sobre los equipos?" se preguntaba en un email Russell Putt, uno de los responsables medioambientales de la compañía, que anteayer celebró su junta anual.
Los papeles confirman lo que se sospechaba: que BP, que ha liderado y financiado todos los esfuerzos de rehabilitación de las costas de Luisiana, Alabama, Misisipi y Florida, los cuatro estados más afectados, también ha hecho lo posible por eludir responsabilidades.
Controlar los datos
"Es indignante ver que los responsables de BP discutían cómo manipular el programa científico", comentó Kert Davies, director de investigación de Greenpeace en EEUU. "Su motivación el verano pasado era muy clara, querían controlar los datos".En estos momentos, un año después de la catástrofe (20 de abril de 2010), se sabe poco sobre los resultados científicos del desastre. El Gobierno estadounidense y BP mantienen todas las informaciones como confidenciales de cara a la batalla legal que les espera para determinar responsabilidades financieras.
Además, otros documentos publicados por The Guardian también demuestran la cierta confusión interna entre las distintas agencias federales, sobre todo la que se ocupa de las costas (National Oceanic and Atmospheric Administration) y la agencia medio ambiental (Environmental Protection Agency). Un informe oficial publicado el pasado otoño aseguraba también que la Casa Blanca hizo lo posible por tratar de minimizar el alcance real del desastre.
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