Polémica en México por el control de internet

Fuente: BBC Mundo.

México vive una polémica "virtual": empresarios de tecnología de la información y proveedores de servicios de internet se oponen a que el gobierno ratifique el Acuerdo Comercial Internacional de Anti Falsificación, porque los obligaría a convertirse en policías de la información cibernética.

El ACTA, las siglas en inglés del acuerdo, pretende establecer reglas internacionales para combatir la falsificación de productos, su comercio ilegal y violaciones a leyes de propiedad intelectual en los países que lo ratifiquen.
Uno de los capítulos establece que los proveedores de internet deben reportar infracciones legales que cometan sus usuarios, y en caso extremo cancelarles el servicio.
Es el punto que rebaten los empresarios del país.
Javier Allard, director de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI), dice que esta disposición obligaría a revisar los contenidos de sus clientes, lo que implica una violación a su privacidad.
"Si pides al proveedor que vea el tráfico, decida si es ilegal y ejecute una sanción, lo conviertes en policía, ministerio público y juez", dice en conversación con BBC Mundo.
Ese no es el objetivo del ACTA, dicen autoridades mexicanas. Un informe del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) advierte que el documento no pretende "monitorear a los individuos ni entrometerse en su espacio privado".

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Dos años de negociación

Las primeras discusiones para el Acuerdo surgieron en 2006, cuando los gobiernos de Japón y Estados Unidos propusieron un tratado internacional contra la falsificación, piratería y otras prácticas ilegales.
El objetivo es establecer políticas comunes y compromisos de varios países para combatir el tráfico de estos productos, incluso a través de internet, y que tienen un efecto negativo en la economía mundial.
Las negociaciones del ACTA se llevan a cabo desde hace dos años, y en éstas participan los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Jordania, Marruecos, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Suiza y México.
Hasta ahora existe un documento previo que es analizado por los gobiernos participantes. No existe una fecha para terminar las negociaciones y firmar el acuerdo.

Problemas empresariales

Mientras las pláticas internacionales continúan, en México y otros países la polémica está al alza.
Los empresarios de tecnología de la información dicen que no se oponen al combate de la piratería, pero no están de acuerdo en las reglas planteadas hasta ahora.
Y es que además de la violación a la privacidad de los usuarios y las leyes mexicanas, alegan que la propuesta que se discute pone en riesgo la vida de las empresas de los proveedores de servicios de internet.
Por ejemplo, los empresarios deberían invertir en sistemas de monitoreo del tráfico cibernético, lo cual encarece el acceso a la web.
Sería un problema para México donde según el Instituto Nacional de Estadísticas existen 27,4 millones de usuarios de internet, menos de la tercera parte de la población del país.
Además, el contenido actual del ACTA sería difícil de aplicar en México, dice Allard, porque viola la Constitución del país. "Estaríamos metidos en una serie de amparos y recursos legales", explica.