Para muchos apasionados de los videojuegos, uno de los alicientes del mundo virtual es que no está regido por los mismos parámetros que la vida real. Pero para dos organizaciones suizas, esto debe cambiar en los casos en los que las guerras, los conflictos armados o la lucha antiterrorista sean el centro de la acción del juego.
"Los civiles o las iglesias y las mezquitas pueden ser atacadas con total impunidad; en las escenas en las que hay interrogatorios se permite la tortura, la degradación o el trato inhumano a los prisioneros sin ningún tipo de sanción, y a menudo hay ejecuciones extrajudiciales", recuerdan la asociación suiza para la justicia criminal internacional TRIAL y la organización en defensa de los derechos de los menores Pro Juventute, autores de un estudio al respecto (PDF).
Ambas instituciones han examinado un total de 20 videojuegos, tales como 'Call of Duty', 'Army of two' o '24, el juego', desde el punto de vista de los derechos humanos y las leyes que regulan los conflictos armados. Su conclusión es que casi ningún juego incluye estas reglas o sanciones para los jugadores que las incumplan. Por eso, Trial y Pro Juventute subrayan las conexiones entre violencia juvenil y videojuegos, y recuerdan que muchos ejércitos los utilizan como método de entrenamiento y reclutamiento de sus soldados.
"Envían el mensaje equivocado de que no hay límites en los conflictos o en otras situaciones extremas, como en las operaciones contra el terrorismo", denuncia Frida Castillo, de TRIAL, para quien es "una lástima" que los fabricantes de videojuegos apenas usen la posibilidad de incorporar estas leyes y sanciones de forma creativa.
Ni TRIAL ni Pro Juventute tienen entre sus objetivos la prohibición de estos videojuegos violentos, ni siquiera hacerlos menos agresivos o más didácticos, sino conseguir que incorporen las leyes internacionales que se aplican en esas mismas situaciones en la vida real.
Por eso, el informe recomienda a los diseñadores y a los fabricantes de videojuegos que eviten construir escenarios que lleven con facilidad a violaciones de las reglas que imperan en los conflictos armados. "Se debe luchar para que los jugadores tengan una perspectiva más precisa, acorde con la legalidad y la realidad de los conflictos armados", reza el informe.
Así, por ejemplo, se sugiere que aparezcan los tribunales de derechos humanos internacionales o el Comité Internacional de la Cruz Roja, y que se penalice a los jugadores que maten o secuestren a inocentes o civiles o torturen.
"En una situación de paz, la gente normalmente sabe que está prohibido matar, robar, etc. Sin embargo, en una situación de conflicto armado, que es una situación de alguna manera excepcional, la lógica cambia y la gente no necesariamente está familiarizada con las reglas de derecho internacional humanitario", explica Castillo.
Aunque el Gobierno suizo tiene sobre la mesa dos propuestas llegadas del Parlamento para prohibir la venta de videojuegos violentos, ni TRIAL ni ProJuventute están de acuerdo con esas medidas. No obstante, sí que creen que los Gobiernos tienen una responsabilidad en esta cuestión porque "tienen la obligación de 'respetar y hacer respetar' las reglas contenidas en los Convenios de Ginebra 'en todas las circunstancias'", explica la integrante de TRIAL. Castillo sostiene que "los gobiernos tienen la obligación de diseminar el contenido de los Convenios" por lo que "se puede decir que los Estados tienen la obligación de controlar que los contenidos de los videojuegos no contengan violaciones de derecho internacional humanitario en tanto que al contenerlas, estarían violando su obligación de 'difundir lo más ampliamente posible (...) en tiempo de paz (...) al conjunto de la población' esos principios".
Züger está de acuerdo con las recomendaciones de Pro Juventute y TRIAL, aunque considera que "no supondría ningún cambio en la percepción que los usuarios tienen porque para ellos esto es sólo un juego". "A la mayoría de jugadores este tipo de cosas les dan igual", asegura.
"No hay ningún país en el mundo que tenga ninguna ley o normativa que haga que las mismas reglas de la vida real se apliquen a la vida digital", señala el presidente de la asociación que representa a los distribuidores de videojuegos en el país helvético.
"Los civiles o las iglesias y las mezquitas pueden ser atacadas con total impunidad; en las escenas en las que hay interrogatorios se permite la tortura, la degradación o el trato inhumano a los prisioneros sin ningún tipo de sanción, y a menudo hay ejecuciones extrajudiciales", recuerdan la asociación suiza para la justicia criminal internacional TRIAL y la organización en defensa de los derechos de los menores Pro Juventute, autores de un estudio al respecto (PDF).
Ambas instituciones han examinado un total de 20 videojuegos, tales como 'Call of Duty', 'Army of two' o '24, el juego', desde el punto de vista de los derechos humanos y las leyes que regulan los conflictos armados. Su conclusión es que casi ningún juego incluye estas reglas o sanciones para los jugadores que las incumplan. Por eso, Trial y Pro Juventute subrayan las conexiones entre violencia juvenil y videojuegos, y recuerdan que muchos ejércitos los utilizan como método de entrenamiento y reclutamiento de sus soldados.
"Envían el mensaje equivocado de que no hay límites en los conflictos o en otras situaciones extremas, como en las operaciones contra el terrorismo", denuncia Frida Castillo, de TRIAL, para quien es "una lástima" que los fabricantes de videojuegos apenas usen la posibilidad de incorporar estas leyes y sanciones de forma creativa.
Ni TRIAL ni Pro Juventute tienen entre sus objetivos la prohibición de estos videojuegos violentos, ni siquiera hacerlos menos agresivos o más didácticos, sino conseguir que incorporen las leyes internacionales que se aplican en esas mismas situaciones en la vida real.
Por eso, el informe recomienda a los diseñadores y a los fabricantes de videojuegos que eviten construir escenarios que lleven con facilidad a violaciones de las reglas que imperan en los conflictos armados. "Se debe luchar para que los jugadores tengan una perspectiva más precisa, acorde con la legalidad y la realidad de los conflictos armados", reza el informe.
Así, por ejemplo, se sugiere que aparezcan los tribunales de derechos humanos internacionales o el Comité Internacional de la Cruz Roja, y que se penalice a los jugadores que maten o secuestren a inocentes o civiles o torturen.
"En una situación de paz, la gente normalmente sabe que está prohibido matar, robar, etc. Sin embargo, en una situación de conflicto armado, que es una situación de alguna manera excepcional, la lógica cambia y la gente no necesariamente está familiarizada con las reglas de derecho internacional humanitario", explica Castillo.
Aunque el Gobierno suizo tiene sobre la mesa dos propuestas llegadas del Parlamento para prohibir la venta de videojuegos violentos, ni TRIAL ni ProJuventute están de acuerdo con esas medidas. No obstante, sí que creen que los Gobiernos tienen una responsabilidad en esta cuestión porque "tienen la obligación de 'respetar y hacer respetar' las reglas contenidas en los Convenios de Ginebra 'en todas las circunstancias'", explica la integrante de TRIAL. Castillo sostiene que "los gobiernos tienen la obligación de diseminar el contenido de los Convenios" por lo que "se puede decir que los Estados tienen la obligación de controlar que los contenidos de los videojuegos no contengan violaciones de derecho internacional humanitario en tanto que al contenerlas, estarían violando su obligación de 'difundir lo más ampliamente posible (...) en tiempo de paz (...) al conjunto de la población' esos principios".
Un reto para los diseñadores
"El mayor reto es cómo aplicas esta normativa a los desarrolladores de juegos si no hay ninguna base legal", explica Peter Züger, el presidente de la Asociación de Entretenimiento Interactivo de Suiza (AIES).Züger está de acuerdo con las recomendaciones de Pro Juventute y TRIAL, aunque considera que "no supondría ningún cambio en la percepción que los usuarios tienen porque para ellos esto es sólo un juego". "A la mayoría de jugadores este tipo de cosas les dan igual", asegura.
"No hay ningún país en el mundo que tenga ninguna ley o normativa que haga que las mismas reglas de la vida real se apliquen a la vida digital", señala el presidente de la asociación que representa a los distribuidores de videojuegos en el país helvético.
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