En el Hospital Policlínico de los afiliados a la “obra social” o seguro médico del sector bancario argentino, a los pacientes que recibían quimioterapia no se les caía el pelo. La mayoría pensaba que eran afortunados porque su organismo tenía mayor fortaleza de la esperada o bien porque la quimio debía ser de última generación y ya no causaba esos efectos secundarios. Hace unos días, los que todavía están vivos, no podían creer la noticia. El tratamiento recibido era un fraude. Por eso conservaban su cabello.
La llamada “mafia de los medicamentos” en Argentina lleva años cebándose a costa de la salud pública. El juez federal, Norberto Oyarbide, andaba tras sus pasos desde hace tiempo. La pista también la siguió la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, cuyas protestas –según fuentes de su entorno- caían en saco roto cuando se dirigía a la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para relatar los casos de corrupción que iba descubriendo en distintas áreas de la Sanidad y que, casualmente, siempre tenían detrás a algún sindicalista.
El actual ministro de Sanidad de la provincia de Buenos Aires, Claudio Zin, movió el avispero de la corrupción al declarar: “es muy posible que el 10 por ciento de los medicamentos que circulan por el país sea falsificado”.
Fruto de las investigaciones, Oyarbide ordenó la detención de Néstor Lorenzo, propietario de la distribuidora farmacéutica San Javier, la misma que distribuyó cientos de medicinas oncológicas vencidas o adulteradas a distintas obras sociales por un valor estimado de 150 millones de euros. El magistrado está convencido de la presunta complicidad del titular del sindicato de los bancarios, Juan José Zanola, un hombre afín al Ejecutivo, con Lorenzo y otros tres detenidos en la causa. Por cuestiones de procedimiento, el juez exigió hace dos días al Gobierno que intervenga la obra social de los bancarios. El Ejecutivo aceptó hoy dar luz verde a la medida.
También afecta a portadores del VIH
El escándalo de la llamada “mafia de los medicamentos” afecta no sólo a remedios para pacientes con cáncer sino a aquellos que son portadores del VIH. En ambos casos, las recetas son de precios elevados pero el sindicato asumía los costos que, en realidad, eran inexistentes ya que los enfermos recibían preparados inocuos. Lacausa salpica al Gobierno de Cristina Kirchner ya que Oyarbide, durante el registro de la vivienda de Lorenzo –hoy en libertad bajo fianza- descubrió, según dijo, “una serie de facturas que tienen que ver con posibles aportes a la campaña presidencial” del 2007 de la Presidenta.
No es la primera vez que se descubren lazos entre personas vinculadas a la venta de estupefacientes y la campaña de Fernández de Kirchner. Sebastián Forza, víctima de un triple homicidio en agosto del pasado año, figura como donante de unos cincuenta mil euros. Empresario farmacéutico, el asesinato de Forza y de otros dos compañeros se relacionó con la venta ilegal de efedrina, una sustancia necesaria para la elaboración de drogas sintéticas como el éxtasis. Los vínculos con la campaña los investiga la juez federal María Servini de Cubría.
En este escenario, “de una gravedad inusitada” en palabras de Oyarbide, el diario Crítica publica hoy que el Ministerio de Salud ha tenido que retirar de los hospitales públicos cuarenta mil DIU (Dispositivos Intrauterinos) tras detectar defectos en su fabricación.
Según el periódico, el Ministerio los había adquirido para su distribución gratuita dentro del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) las muestras analizadas “no cumplen con los requisitos de esterilización” pues “se halló presencia de gérmenes y bacterias”. La alarma saltó después de que ginecólogos apreciaran “cambio en la coloración de los dispositivos”.
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