Potencias del viejo continente como Francia y Alemania y la propia Comisión Europea, con sede en Bruselas, amenazan a convertirse en los principales enemigos de gigantes tecnológicos como Google y Microsoft con medidas legales y fiscales que impactarían en sus negocios.
Estas posturas duras se profundizaron en las últimas semanas con decisiones que podrían propagarse a otros países europeos y continentes.
Microsoft
Joaquín Almunia, comisario europeo de la Competencia, anunció el 6 de marzo una sanción de 561 millones de euros a Microsoft por no cumplir el compromiso con las autoridades sobre la elección de navegadores en su sistema operativo.
Si se suman procesos anteriores, el mayor fabricante mundial de software fue multado por las autoridades europeas con 2.200 millones de euros y es la empresa que más sanciones ha tenido.
La multa tiene un carácter de ejemplo porque Microsoft fue la primera empresa en romper un acuerdo con las autoridades europeas.
En rigor, la compañía con sede en la ciudad estadounidense de Redmond “la sacó barata” porque la Unión Europea podría haber sancionado a la empresa que dirige Steve Ballmer hasta con el 10% de sus ingresos de 2012, es decir, con unos 6.000 millones de euros.
La empresa reconoció el fallo técnico y lo rectificó. Entre febrero de 2011 y julio de 2012, las computadoras con el sistema operativo Windows no dejaban la opción de elegir navegador como había sido estipulado en el pacto de 2009.
“Si las empresas ofrecen compromisos, los deben cumplir y si no se tienen que atener a las consecuencias”, explicó Almunia, quien agregó: “Espero que esta decisión haga a la compañías pensar dos veces la ruptura de sus obligaciones aunque sea por negligencia".
La opción de elegir navegador en las computadoras con Windows, que se mantendrá hasta 2014, tuvo un efecto muy perjudicial para Microsoft.
Desde que se implantó en 2009, la cuota de su Internet Explorer cayó a la mitad, quedándose en Europa en un 24% mientras el Chrome de Google subió al 35% y el Firefox de Mozilla al 29%, según los datos de StatCounter.
Skype
El organismo regulador de las telecomunicaciones francesas ARCEP pidió el 12 de marzo a la fiscalía de París que se investigue a Skype, el servicio de voz de Microsoft, por negarse a declarar como operador de telecomunicaciones en Francia.
Skype, según el comunicado de ARCEP, desechó las repetidas peticiones del organismo para que se inscribiera como “operador electrónico de comunicaciones”.
El regulador explicó que, como servicio que da llamadas de voz a teléfonos fijos y móviles en Francia y en el resto del mundo, Skype tiene la obligación de permitir llamadas de emergencias y la interceptación de comunicaciones cuando se requiera por las autoridades.
Skype ofrece llamadas gratuitas entre aparatos con Internet o a bajo precio si alguna de las partes no está conectada a la red. Su éxito, al igual que otros servicios menos extendidos como Viber, han dañado el tradicional negocio de las operadoras, especialmente en las llamadas internacionales que mayoritariamente se hacen con servicios como Skype.
La exigencia de ARCEP, si se acepta por parte de las autoridades judiciales, supondría un importante cambio legal para Skype e, incluso, para Microsoft por las obligaciones y deberes que debería cumplir como operador.
Google
El comisario europeo de la Competencia tiene desde hace casi dos años un expediente que sigue contra Google es un caso mucho más grave pues se la acusa de poner obstáculos al desarrollo de la competencia y de interferir en campañas publicitarias de clientes que se anuncien con Adwords.
También a la compañía, con sede en la localidad estadounidense de Mountain View, se la culpa por incluir en sus búsquedas especializadas contenidos de otros sitios, sin haber contado con su permiso.
Google tiene a su favor el antecedente de los Estados Unidos, cuyas autoridades comerciales cerraron sin sanción alguna y con el voto favorable de todos sus miembros un expediente similar.
La dueña del buscador anunció que, en adelante, dejaría de copiar contenidos de otros sitios si estos se lo pedían. Y se comprometió voluntariamente a que los clientes que hicieran campañas con sus herramientas publicitarias pudieran exportar sus contenidos a otras plataformas.
Paz armada con editores
Google y los editores de prensa franceses llegaron el 1 de febrero a una tregua en el conflicto que los enfrentaba por la difusión de contenidos.
El acuerdo fue presentado en el Elíseo por el presidente francés, François Hollande, y por el máximo ejecutivo de la compañía, Eric Schmidt.
Google pagará a los editores de prensa generalista 60 millones de euros, según anunció el Elíseo, pero no por enlazar sus contenidos como querían los editores, sino a través de un “fondo de ayuda a la transición digital”. A ese fondo solo podrán acceder las empresas de prensa de información general.
Las asociaciones de editores de prensa reclamaban a Google el pago de un nuevo “derecho” similar a los de autor al considerar que el motor búsqueda en Internet canibalizaba sus contenidos y se lucraba con ellos.
Ese mismo mes, Google llegó a un acuerdo en Bélgica, según el cual el buscador proporcionará a los editores de ese país sus sistemas publicitarios para que obtengan más ingresos en Internet.
En la base de la disputa se encuentra la remuneración por la difusión de los contenidos incluidos en los diferentes productos de la firma cuyo buscador es una valiosa e imprescindible fuente de tráfico de lectores para la prensa.
Ese tráfico en sus páginas web se traduce en audiencia, la principal variable que determina las tarifas de publicidad, y en visibilidad para sus anuncios, terreno en el que Google arrebató el protagonismo a la prensa.
El acuerdo, calificado de histórico por Schmidt, prevé que la compañía abone un fondo de ayuda a la transición digital de la prensa para financiar proyectos de “cambios estructurales”, bajo la supervisión de una comisión.
Google “ha propuesto acompañar este cambio con sus ingenieros y sus conocimientos técnicos”, según precisó el intermediario de las negociaciones.
Alemania
La potencia germana también tiene en la mira al buscador. Los agregadores de noticias tendrán que pagar a los editores de periódicos en Alemania, según la nueva ley aprobada el 1 de marzo por la Cámara baja parlamentaria (Bundestag) alemana.
Este intento de proteger los derechos intelectuales de autores y editores provocó controversias, reflejadas en la división de los diputados: 293 votaron sí y 243 no a una norma que ofrece gran margen de interpretación.
Los editores de prensa alemanes se apresuraron a celebrar la aprobación como un “elemento importante para la remuneración justa” de los contenidos editoriales.
Por el contrario, el portavoz del gigante de Internet en Alemania, Ralf Bremer, aseguró que es “una ley innecesaria, que dañará a las empresas y a los usuarios” de la red “porque obtendrán peores resultados en sus búsquedas”.
La nueva norma permitirá a las editoriales de periódicos cobrar a las plataformas de Internet por el uso de sus contenidos.
En la versión aprobada, el texto excluye del pago las citas formadas por “palabras sueltas o extractos mínimos” de artículos ajenos.
Esto añade aún más confusión a los interrogantes que la ley arroja desde su redacción por parte del gobierno que preside Angela Merkel.
Impuestos
Gobiernos de varios países europeos tratan de aumentar la presión internacional contra Google y otras multinacionales similares por sus prácticas de ingeniería fiscal.
Pero, por el momento, esa presión no impactó mucho en Google que en 2012 destinó 430 millones de dólares a impuestos por los beneficios de 8.075 millones de dólares que logró fuera de Estados Unidos.
Esas cifras suponen una tributación de solo el 5,3%, en contraste con el 41% que tributó por las ganancias de 5.311 millones de dólares logradas en EE.UU.
La tasa fiscal en el exterior aumentó desde el 3,2% de impuestos que Google pagó el año anterior por su beneficio fuera de dicho país.
El buscador logra descender su factura fiscal con maniobras que considera legales, pero son investigados por las autoridades en el Reino Unido, Francia, Australia, Italia, Suiza y España.
En la compañía creen que no esperan que esas investigaciones tengan un efecto relevante sobre sus cuentas.
Privacidad
El 25 de febrero fue un día histórico para Google porque por primera vez fue obligada a responder ante un tribunal sobre el denominado “derecho al olvido”.
Ese día, la comisaria comunitaria de Justicia, Viviane Reding encabezó la reunión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), con sede en Luxemburgo, donde representantes del gigante de Internet debieron responder acerca de una cuestión sensible.
El derecho al olvido es la capacidad de una persona para que los grandes buscadores de la red preserven su privacidad e impidan la difusión de informaciones publicadas en páginas web que no tengan relevancia ni interés público y pueden resultan dañinas para su dignidad personal.
Varios países de la UE inmersos en procesos similares como Austria, Polonia, Grecia e Italia, enviaron delegaciones a la vista.
Tras la audiencia, el abogado general del Tribunal Europeo, Nilo Jääskien, publicará un dictamen de conclusiones no vinculante el 25 de junio. La sentencia podría estar lista a finales de año.
Las deliberaciones de los jueces del Tribunal de Justicia coincidirán en el tiempo con el debate abierto por el Parlamento Europeo para la elaboración del nuevo reglamento sobre privacidad dirigido a armonizar las heterogéneas normativas que rigen en los distintos Estados de la UE.
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