Desde el país de los billetes de 500 euros

Fuente: Publico.

"Había corrido muchísimas veces por aquella playa. Un día, no hace muchos años, la encontré interrumpida por un informe montón de bloques de roca", rememora el ex director de la Estación Biológica de Doñana, Miguel Delibes de Castro. "Con la marea alta, si uno quería seguir adelante debía meterse en el agua o sortearlos por arriba. No daba crédito a lo que estaba viendo. Pocas semanas más tarde habían construido sobre la escollera un paseo marítimo, y luego harían, detrás, hoteles y apartamentos. Me indigné. ¿Y la Ley de Costas?", recuerda el investigador del CSIC sobre un pueblo andaluz en el que, literalmente, bajo los adoquines había arena de playa.
Delibes es uno de los testigos de la devastación del litoral español que ha colaborado en el informe Destrucción a toda costa 2010, presentado ayer en Madrid por Greenpeace. La organización ecologista publica postales históricas aunque de fecha sin determinar de un país que ya no existe y las compara con imágenes irreconocibles de los mismos lugares tomadas hoy. Los paisajes idílicos han sido sepultados por el cemento en unos pocos decenios.
Según el estudio, entre 1987 y 2005 se destruyeron más de 50.000 hectáreas de suelo natural en los dos primeros kilómetros de litoral, sin incluir Canarias. Desde que el Gobierno de Felipe González aprobó en 1988 la Ley de Costas, que debía frenar la privatización de las playas, casi 80.000 metros cuadrados de suelo costero se han transformado en urbanizaciones o industrias cada día. "Una superficie equivalente a ocho campos de fútbol diarios", según la ONG.
Las cifras expuestas por Greenpeace no requieren interpretación. Entre 1990 y 2000, la población creció un 5%, mientras la urbanización aumentaba más de un 25%. En 2006, en la apoteosis de la burbuja inmobiliaria, circulaban por España más billetes de 500 euros que de cinco: 100 millones de billetes, la cuarta parte de todos los emitidos para la zona euro. Y más de 300 políticos y empresarios serán juzgados este año por corrupción o tráfico de influencias.

La solución, "en un cajón"

"La agresión a la costa ha sido imparable los últimos años, pero lo más grave es que esta tendencia continúa y los políticos se afanan en acabar con la única normativa que defiende el litoral", denunció ayer el director de Greenpeace, Juan López de Uralde. A juicio de la coordinadora del informe, Pilar Marcos, el batacazo del sector inmobiliario en España no ha detenido la invasión de las costas. "En 2007, Greenpeace denunció que los ayuntamientos del litoral proyectaban tres millones de viviendas. Y ahora esperan tiempos de bonanza para replicar ese comportamiento", lamenta. Según la ONG, en España hay suelo recalificado para construir otros 20 millones de viviendas.
López de Uralde presentó ayer sus recetas para "salvaguardar lo que queda del litoral": la aplicación efectiva de la Ley de Costas, la creación de una red de reservas naturales costeras y un cambio legal de la financiación de los municipios, que hoy dependen del ladrillo. La anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, impulsó en 2007 una Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, coincidente en muchos puntos con Greenpeace, pero el documento se despeñó tras la salida abrupta de Narbona, en 2008. "Ahora está en un cajón criando telarañas", censura López de Uralde.
El Gobierno es más optimista. El secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, destacó en mayo que la Ley de Costas se ha aplicado en 9.074 de los 10.160 kilómetros de costa. El 92%. La ley de 1988 prohíbe construir en los primeros cien metros de costa y faculta al Estado a derribar edificios levantados después de esa fecha. Otra lectura de las cifras del Ministerio podría ser que, 22 años después de aprobarse la Ley de Costas, todavía no se aplica en más de mil kilómetros de litoral.
Fernando Martín Castán, director general de Costas entre 1996 y 2000, explica en el informe este retraso. Cuando asumió su cargo, las instituciones públicas sólo le pedían "más de lo mismo: puertos y más puertos, urbanizaciones, carreteras, dragados del fondo marino, puertos industriales, paralización de los deslindes o concesiones para los usos más peregrinos y contrarios a su debida protección".