Los precios de las computadoras portátiles aumentarán más de un 30% y las de escritorio un 13%, si el Congreso aprueba un proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional que eleva la tasa del IVA del 10,5% al 21% para bienes tecnológicos como notebooks y monitores, junto a otros productos electrónicos y electrodomésticos.
La iniciativa oficial se agrega a un decreto, el 252/2009, que otorga una reducción en la aplicación de impuestos internos a productos eléctricos y electrónicos fabricados, o a fabricarse, en Tierra del Fuego del 61,47 por ciento.
Esta medida debía regir a partir del 1 de julio de 2009, pero la demora en el debate parlamentario obligó a postergarla hasta el 1 de septiembre, también mediante otro decreto, el 784/2009.
Sin embargo, la iniciativa logró generar el rechazo de un amplio abanico de compañías fabricantes y ensambladores de computadoras y empresas de telecomunicaciones, que advirtieron que el aumento de la carga impositiva impactará directamente a este sector, que fabrica 1,5 millón de computadoras y emplea en forma directa a 5.600 personas.
Los cambios impositivos lograron esta singular concordia de intereses entre las cámaras sectoriales que agrupan a las empresas de base tecnológica.
Propuesta polémica
El proyecto de ley considerará a las computadoras portátiles, los monitores LCD, las cámaras digitales y los teléfonos móviles, entre otros productos, como artículos “suntuarios”. Además del incremento en la alícuota del IVA, sufrirían la quita de otros beneficios a la importación.
Alcanza con Impuestos Internos a una serie de bienes eléctricos y electrónicos de uso común, entre ellos notebooks y netbooks, monitores LCD, teléfonos celulares y todo equipo de electrónica o informático que pesen menos de 10 kilos. También duplica la alícuota en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para estos dispositivos.
La iniciativa, que si se aprueba en Diputados pasará al Senado, justifica los cambios en la necesidad de que “quienes mas poseen colaboren en mayor medida (…) para enfrentar la crisis financiera internacional y de aquellos bienes que demandan un alto consumo energético, de manera tal de incentivar el uso racional de la energía”.
Debate parlamentario
La propuesta fue despachada por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja el 13 de mayo. En ese encuentro se emitieron dos dictámenes: el de mayoría (firmado por el oficialismo más diputados aliados) y el de minoría (firmado por dos diputados del PRO).
El proyecto cuenta con “orden del día” y un pedido de preferencia para ser considerado este miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados, la primera luego de las elecciones legislativas del 28 de junio pasado.
Más allá de que para esta sesión se esperan otros temas de gran relevancia relativos a la producción agropecuaria, el oficialismo asumió en público el compromiso de tratar el proyecto.
En cuanto al respaldo que cosecha la propuesta impositiva, el bloque kirchnerista estaría dispuesto a acompañar la iniciativa del Gobierno, que además contará con el respaldo de la UCR, Solidaridad e Igualdad (SI), la Coalición Cívica y el Proyecto Sur.
El bloque del Partido Socialista intentará introducir algunas modificaciones relativas a los productos considerados en el proyecto. El que ocasiona mayor debate es el referido a las notebooks.
El argumento principal es que la mayoría de las computadoras portátiles se producen en el extranjero y, por lo tanto, no sería relevante incorporarlas en el cuerpo de la norma. Si esta propuesta es planteada, sería apoyada por el resto de los bloques menores.
¿Se vienen los cambios?
La diputada socialista por Santa Fé, Silvia Ausburger, dijo a iProfesional.com que no votará el dictamen de mayoría tal como está. La legisladora apuntó que si la iniciativa se aprueba, atentaría contra la política de estímulo a las inversiones en su provincia, y provocaría la pérdida de puestos de trabajo. “No acordaremos la aprobación del proyecto en esos términos”, agregó la diputada.
El presidente de la comisión de Presupuesto, el oficialista Gustavo Marconato, y la fueguina Rosana Bertone, trabajaron durante las últimas horas en la redacción de modificaciones. Estos cambios, una vez que se acuerden con el Poder Ejecutivo nacional y otras fuerzas parlamentarias, serían llevados para su discusión en el recinto, para asegurar el mayor consenso posible para la aprobación de la norma.
La oposición por parte del PRO es la más rígida e inflexible. El despacho de minoría firmado por este bloque no propone modificaciones al proyecto original sino directamente su archivo.
"Poner impuestos que encarecen la compra de herramientas de acceso a Internet es un atentado contra los más pobres, porque la Web es la principal herramienta de igualdad de oportunidades de la actualidad", expresó a iProfesional.com el jefe de bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo.
El legislador opositor explicó que no se justifica vender más caros los celulares con los que hablan millones de argentinos, para beneficiar a operarios que ganan un salario que llega a ser 4 o 5 veces el sueldo mínimo de la Argentina.
El argumento de la fuerza de Macri es que la medida va a contramano de lo que hace el resto del mundo, es decir, abaratar los costos tecnológicos para mejorar la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa. "Nos parece bien apoyar la industria, pero estas políticas deben ser sustentables en el tiempo y no perjudicar a los consumidores", concluyó Pinedo.
Más allá del rechazo del bloque macrista, los números previos están a favor de la iniciativa, cuyo apoyo se espera que alcance cómodamente la mayoría requerida.
Rechazo de las "telcos"
Desde Cicomra, la cámara que agrupa a los operadores de servicios de telecomunicaciones y filiales locales de fabricantes de computadoras y teléfonos móviles, no dudaron en calificar al proyecto como “muy inconveniente” para el desarrollo tecnológico del país.
“Es un retroceso de los progresos alcanzados y tendrá un impacto negativo en la adopción de estas tecnologías de la información y la comunicación”, dijo a iProfesional.com Norberto Capellán, presidente de esta entidad.
El empresario rechazó uno de los fundamentos de la propuesta oficial, que califica de bienes suntuarios a los celulares, cuando estos dispositivos “llegaron a todas las capas sociales y son el principal servicio tecnológico usado por la población de bajos recursos y, en muchos casos, es el único medio de comunicación”.
En el contexto de un mercado donde proveedores de telecomunicaciones y fabricantes de celulares apuestan por el recambio del parque telefónico móvil, Capellán afirmó que “este proyecto es regresivo porque establece una barrera para la renovación de estos elementos”.
El titular de Cicomra apuntó que en el marco de la crisis económica mundial, otros países “hacen lo contrario que acá y fomentan estas tecnologías. Por esto, nos parece muy poco razonable estar insistiendo con esto”.
Por ejemplo, recordó que en Turquía se redujo el IVA a los productos tecnológicos; en Australia se devuelven impuestos por compra e instalación de PC; en Portugal se subsidia la compra de PC conectadas a la banda ancha; y en China se reembolsa el 13% para la compra de computadoras y electrodomésticos.
En cuanto a la posibilidad de que el proyecto se modifique en el recinto para beneficiar a las notebooks, denunció que se demostraría con esas modificaciones que se trata “de algo que no se ha pensado, no se ha sopesado”.
En ese sentido, propuso “repensar todo el proyecto, con una discusión mucho mas amplia que considere los intereses de todos los sectores: usuarios, fabricante, desarrolladores y operadores”.
Dura oposición de los fabricantes
Pero quienes ejercen la más férrea oposición al proyecto son los ensambladores de computadoras agrupados en la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (Camoca).
Esta entidad, que nuclea a los fabricantes que no están radicados en Tierra del Fuego, denunció que en realidad lo que se busca es favorecer la producción y ensamblado en la provincia, distrito donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció a fines de abril su intención de que se transforme en un polo de zona franca como el brasileño de Manaos.
En declaraciones a iProfesional.com, Gustavo Vilches, de la compañía Sicsa, que fabrica las computadoras Olivetti en el país y es presidente de la subcomisión de informática de CAMOCA, afirmó que “la ley no puede sancionarse tal como está".Vilches justificó la dura oposición del sector en la necesidad de luchar por "la preservación de una industria nacional de bienes informáticos de carácter federal, de los 6.500 puestos de trabajo que generan las empresas instaladas en 21 provincias del país, y el acceso a estos bienes para toda la población, evitando que el impuestazo propuesto aumente significativamente el precio final".
A raíz del proyecto, los opositores armaron este blog y una causa en la red social Facebook.
La posición del gigante de los chips
Intel, el mayor productor mundial de chips, también manifestó su rechazo al proyecto a través de gerente general para el Cono Sur, Esteban Galuzzi, quien no dudó en calificarlo de “inadecuado”. “No creemos que el camino para que se desarrolle una industria nacional sea por el lado de castigar al consumo”, dijo el ejecutivo.
“No hay país en el mundo que desincentive la adopción de tecnología”, advirtió Galuzzi, quien estimó que si se aprueba el proyecto se repetirá una escena que observó en diciembre de 2002. En ese mes, casi un año después de la devaluación del peso, comparó un aviso de venta de PC de la cadena de electrodomésticos Frávega con uno del mismo mes pero de 2001. “Había un 40% de aumento en los precios y habían bajado los niveles de la tecnología”, señaló en un reciente encuentro con ensambladores locales de PC.
El hombre de Intel en la región también confió en que los diputados nacionales no votarán la iniciativa porque “es un impuestazo a la clase media que compra estos productos y reduce los puestos de trabajo en todas las provincias”.
Cámaras digitales
Comerciantes e importadores de equipos fotográficos rechazaron la iniciativa porque provocaría aumentos del 25% en los precios de las cámaras digitales y una fuerte reducción en la actividad del sector.
"En el caso de las cámaras fotográficas no solo no mejora la balanza comercial del país sino que la empeora, ya que generalmente el costo del kit de partes con el cual se ensamblaría el producto en el país, se importaría a valores mayores a los que hoy se importa el producto terminado", expresó la gerente de la Cámara Argentina de Comercio e Importación de Equipos de Imagen, Fotografía y Electrónica (Cacieife), Gabriela Molina.
En el mediano plazo, estas medidas intentan generar "sustitución de importaciones por importaciones" y ensamble en Tierra del Fuego, creando unos 100 nuevos puestos de trabajo a un alto costo fiscal estimado en 116.000 dólares anuales por empleado, que "sufrirán todos los contribuyentes, que a su vez deberán pagar más caros los productos que compren".
"Este beneficio impactará de manera negativa en los importadores radicados en la Provincia de Buenos Aires o la Capital, y su red de comercios al público, hoy grandes empleadores que verán muy afectado su negocio estimando una pérdida de 500 puestos de trabajo, que supera ampliamente las aspiraciones de nuevos empleos en Tierra del Fuego", advirtió la cámara.
Bendición presidencial
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner defendió en público el proyecto de ley antes de las elecciones del 28 de junio y salió también a cuestionar a los sectores empresarios que rechazan la iniciativa.
"¿Saben cuánto importamos en materia electrónica en la Argentina? Es decir, trajimos trabajo por 6 mil millones de dólares", dijo el 22 de mayo la Presidenta, quien comparó ese monto con los pagos que deben realizarse por los bonos Boden.
"Imagínense si esos 6 mil millones de dólares se hubieran fabricado aquí en laptops, en celulares, PC de mesas. Cuánto trabajo calificado para argentinos habría y cuántas divisas", afirmó la jefa de Estado. "Se estaría cubriendo el vencimiento del Boden 12 de este año, del año que viene y del 2011", resaltó.
La mandataria destacó que "el Estado es el instrumento más apropiado para que, en épocas de crisis como la actual, podamos intervenir y sustituir a un mercado que se derrumbó para apuntalar la producción". "De todas las crisis pueden salir oportunidades y aprovechar para comenzar un proceso de sustitución de importaciones", continuó la jefa de Estado, quien defendió el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento "para desarrollar como polo electrónico nacional a Tierra del Fuego".
Rechazo internacional
El proyecto sumó también en contra a un jugador de peso internacional: la Asociación GSM, institución que representa a más de 750 operadores móviles en todo el mundo que proveen servicios móviles a más de 3.500 millones de usuarios.
"Estas medidas van a afectar claramente a casi todos los consumidores de servicios de telecomunicaciones de todo el país, que ya superan los 43 millones de conexiones, ya que solo el 2% de los terminales móviles provienen de Tierra del Fuego. Esto es, 98% de los terminales móviles verán un aumento de precio que reducirá las posibilidades de la gente a acceder a estos servicios afectando el consumo y la economía en general", resaltaron desde la entidad.
Apoyo austral
En Tierra del Fuego, la única provincia beneficiada por el proyecto de ley y el decreto del Poder Ejecutivo, el respaldo a la iniciativa es unánime. La gobernadora de la provincia patagónica, Fabiana Ríos, destacó que los bloques de la Cámara baja "se mostraron predispuestos a votar favorablemente la Ley en general, por lo que no debiera haber ningún inconveniente para su sanción en Diputados".
"No pedimos privilegios para Tierra del Fuego sino el justo tratamiento para el desarrollo de un polo industrial", sostuvo.
Pero los más acérrimos defensores de la propuesta son las empresas radicadas en las ciudades de Río Grande y Ushuaia. Desde la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (Afarte) sostienen que la implementación del marco permitirá consolidar un clúster de producción en Tierra del Fuego y, en simultáneo, asegurará la sustitución de importaciones por desarrollos diseñados a nivel local.
“Lo que se propone es que las cosas sean semejantes a Manaos, en Brasil, que diferencia el impuesto interno según donde esté o se haga el producto. No es lo mismo Manaos que el resto de Brasil o lo que llega importado”, aseguró Alejandro Mayoral, presidente de Afarte.
En diálogo con iProfesional.com, el empresario destacó las bondades de promover la fabricación en la Argentina en desmedro de la compra de equipamiento importado.
“Con la ley se fijará un impuesto interno que desalentará la importación y que, a partir de ahí, otorgará beneficios como la creación de hasta 2.000 puestos de trabajo e inversiones cercanas a los u$s40 millones por parte de las empresas”, dijo.
¿Por qué cree que el proyecto de ley despertó tanta resistencia? Mayoral dio su visión de los hechos: “Ha habido una desinformación deliberada en defensa del interés importador. No habrá pérdidas de miles de puestos de trabajo como se dijo. Eso lo dicen los que ensamblan notebooks y dicen que generan 1.000 empleos cuando en realidad apenas si tienen 10 operarios”.
Para el ejecutivo, la experiencia de la zona brasileña de Manaos habla por sí sola de los buenos resultados que originará la aprobación del denominado “impuestazo tecnológico”.
“En Brasil funciona perfectamente. Y a los que dicen que aumentarán los precios basta ver el ejemplo de los televisores LCD, que ya pagan un impuesto interno y de un año a esta parte redujeron sus valores hasta casi la mitad”, ejemplificó.
Respaldo sindical
El proyecto de ley cuenta con el aval de los gremios. Desde la seccional fueguina de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sostienen que la medida representa, en principio, “una defensa de la industria nacional”. Y que su puesta en vigencia garantizará desde la reincorporación de obreros cesantes hasta la creación de nuevos puestos de trabajo.
“La electrónica representa en la actualidad alrededor de 3.000 puestos de trabajo en Tierra del Fuego. Buscamos que esa cifra se pueda subir todo lo que pueda. Acá se pueden ensamblar notebooks, más equipamiento de audio y DVD, y otros productos que hoy se importan. Sin dudas, se podrá sumar mucha más mano de obra local”, comentó a iProfesional.com Normando López, secretario adjunto de la UOM Tierra del Fuego.
“En Tierra del Fuego hay 1.800 trabajadores fuera del sistema por la baja en las ventas y el achique a nivel producción. Con la ley se los podría volver a tomar y, si se da como se espera, incluso llamar a nueva gente”, concluyó.
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