Muchos italianos ya estaban pensando en celebrar la Navidad cuando, el lunes 23 de diciembre, el parlamento de la República transalpina se animó a aprobar un impuesto conocido como la "Tasa Google". La idea es obligar a las empresas que operen en el país a contratar sus campañas publicitarias a través de empresas con sede fiscal en Italia.
La medida pretende otorgar este trato discriminatorio con la esperanza de que empresas como Google no puedan canalizar ingresos obtenidos en Italia a través de estructuras fiscales registradas en jurisdicciones de fiscalidad reducida, como sería el caso de Irlanda, Luxemburgo o las Bermudas.
Sin embargo, esta legislación difícilmente podrá ser aplicada sin violar algunos aspectos fundamentales de las leyes comunitarias. Así lo entiende el profesor Sol Picciotto, que habló con Bloomberg para apuntar que la medida "es claramente contraria a las leyes de la Unión Europea". Esto se debe a las normas del mercado único, que pretenden eliminar tratos diferenciales y discriminatorios como el propuesto en Italia.
Por su parte, el académico milanés Carlo Alberto Carnevale-Maffe entiende que esta medida "se explica por la habilidad de los gobernantes italianos para buscar excusas y alimentar su afán recaudatorio". Carnevale-Maffe también detecta intereses "proteccionistas" en la "Tasa Google".
Pero la medida no solamente tiene una dimensión nacional: también se explica por la presión de la OCDE, que lleva años luchando contra la competencia tributaria internacional y los paraísos fiscales. Según la organización radicada en París, los ingresos fiscales han ido a menos desde los años 80 debido a la deslocalización de declaraciones tributarias hacia estas jurisdicciones.
Sin embargo, los datos muestran lo contrario: en 1980, los países de la OCDE obtenían una recaudación fiscal media del 31% del PIB mientras que en 2010 superaban el 35%. Por otro lado, cabe recordar que los burócratas empleados por la OCDE en París cobran su sueldo libre de impuestos, una aparente contradicción.
También en Bruselas existen iniciativas políticas destinadas a suprimir la competencia tributaria entre países y jurisdicciones. Sin embargo, la "Tasa Google" choca con la legislación comunitaria: en palabras de Emer Traynor, la portavoz tributaria de la Comisión Europea, "tenemos dudas sobre esta ley, ya que parece apuntar contra los principios de no discriminación y las libertades fundamentales enmarcadas en los tratados de la UE".
Google defiende su estructura tributaria
Refiriéndose a la cuestión de la competencia fiscal entre jurisdicciones, el Consejero Delegado de Google, Eric Schmidt, se ha mostrado tajante: "Pagamos muchos impuestos, y los pagamos en las maneras y formas que nos exige la Ley. Nuestra estructura tributaria la hemos establecido basándonos en los incentivos para operar que nos ofrecen los gobiernos. Se llama capitalismo. Estamos orgullosos de ser capitalistas, de eso no tengo duda".
Según datos oficiales de Google, la compañía pagó en 2012 más de 9.630 millones de euros en concepto de impuestos empresariales aplicados sobre sus ingresos en suelo no estadounidense. Hablamos de una cifra significativa que, no obstante, se queda en el 2,6% sobre ingresos obtenidos.
¿Cómo consigue Google una factura fiscal tan baja? Canalizando la práctica totalidad de su beneficio en el extranjero a su filial en las islas Bermudas, jurisdicción en la cual no se pagan impuestos por los beneficios empresariales. La filial irlandesa de Google articula la transferencia de estos fondos desde la UE hacia la división de las Bermudas. Ese dinero no es repatriado finalmente a Estados Unidos porque el país norteamericano aplica un gravamen a la entrada de estos ingresos. Semejante marco fiscal ha sido criticado de forma recurrente por expertos tributarios que interpretan que este castigo a la repatriación de beneficios "engorda" a los paraísos fiscales y mantiene miles de millones fuera de la economía estadounidense.
Por eso, el Senador Rand Paul ha propuesto en Estados Unidos una la aplicación de un impuesto reducido del 5% para la repatriación de beneficios obtenidos en el extranjero. Paul entiende que esta medida "generaría una recaudación fiscal de 36.000 millones y permitiría una entrada masiva de capitales, hoy fuera del país debido a la alta fiscalidad vigente".
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