Es necesario redoblar esfuerzos con el fin de que las TIC sigan jugando un papel trascendental en la transformación de la justicia.
Hasta hace un tiempo, podía tomar cerca de 35 horas consultar información sobre un preso en Colombia; hoy en día, gracias a la tecnología, esa consulta demora 3 minutos.
Algo similar sucede con un trámite muy común relacionado con ese sector: la expedición del certificado judicial. Ahora se puede hacer en línea, y gracias a ello el número de quejas bajó de 1.912 a 54 en un año.
Esos dos ejemplos muestran cómo los desarrollos tecnológicos y de telecomunicaciones se están convirtiendo en un factor fundamental a la hora de administrar justicia en el país.
A esta conclusión se llegó en un foro sobre el tema organizado en los últimos días en Bogotá por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), donde fueron presentadas varias experiencias nacionales e internacionales en este campo.
Durante su intervención, la ministra María del Rosario Guerra recordó que la justicia es uno de los pilares sobre los que se cimenta el Plan Nacional de TIC y que junto con el Consejo Superior de la Judicatura se trabaja a toda marcha para sacar adelante el proyecto de modernización tecnológica de la administración de justicia.
Precisamente, la funcionaria destacó ejemplos del avance de la rama judicial en la aplicación de las TIC, como el Certificado Judicial en Línea, una iniciativa que entró en operación el 7 de noviembre del 2008 y al 31 de octubre de este año había
permitido la expedición de 476.386 documentos.
Se estima que gracias al uso de este sistema cada usuario se ahorra unos 9.000 pesos en costos indirectos (fotografías y transporte). Además, el tiempo del trámite pasó de dos horas a 10 minutos.
La ministra Guerra también se refirió al Sistema Integral Penitenciario y Carcelario, una herramienta que permite conocer la información de los internos desde el momento de su ingreso al establecimiento de reclusión hasta su salida a la libertad.
Este sistema, que recibe unas 20.000 consultas diarias, abarca el 90 por ciento de los procedimientos ejecutados en los sitios de reclusión y reduce de 35 horas a 3 minutos el tiempo para la realización de consultas individuales (estado del sindicado o condenado, ubicación, sentencias, etc.), entre otros beneficios.
Por su parte, Gloria María Borrero, directora ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), destacó en su presentación iniciativas como el Sistema Centralizado de Consultas de Información (Proyecto Pijao), que permite el intercambio de datos entre 16 instituciones con necesidades mutuas, como Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Registraduría, Dian, la Unidad de Información y Análisis Financiero, entre otras.
Este esquema ha sido clave, por ejemplo, a la hora de combatir delitos como el lavado de activos.
Así mismo, Borrero resaltó los avances de la Fiscalía General de la Nación con el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), en especial su versión móvil, que permite a los funcionarios de la entidad -mediante un teléfono inteligente- acceder desde lugares remotos del país a esta plataforma para suministrar en tiempo real información crítica (material probatorio) de un proceso judicial, como fotografías, videos, etc.
Pese a lo anterior, la directora del CEJ considera que es necesario redoblar esfuerzos con el fin de que las TIC sigan "jugando un papel trascendental en la transformación de la justicia". "Realmente, es a través del uso de las TIC que se va a lograr el acceso real a la justicia y la eficiencia del sistema", concluyó Borrero.
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