El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó el lunes la nueva ley de Política Nacional de Cambio Climático, que fija metas para la reducción de emisiones de CO2. La norma mantiene los objetivos que Lula expuso en Copenhague: reducciones de entre un 36,1% y un 38,9% hasta 2020, con respecto a los niveles de 1990.
Sin embargo, Lula impuso tres vetos que dejan un tanto descafeinada la ley elaborada por el Congreso. Se elimina la mención al "abandono paulatino del uso de fuentes de energía que empleen combustibles fósiles", con el argumento de que los hidrocarburos "no necesariamente" son incompatibles con el estímulo de energías limpias. Renunciar al petróleo no parece conveniente para un país que, con los recientes hallazgos de reservas, podría estar entre los grandes exportadores de crudo en unos años.
Fondos para el clima
En segundo lugar, el veto presidencial limita la financiación de la lucha contra el cambio climático. El Gobierno no tendrá la obligación de gastar todo el presupuesto destinado a este capítulo. Por último, desaparece la prioridad que daba la ley, a través de fondos públicos, a las pequeñas hidroeléctricas frente a las medianas y grandes, más agresivas con la selva.
El compromiso para la reducción de CO2 sólo podría lograrse reduciendo en un 80% la deforestación del Amazonas, que provoca el 60% de las emisiones de Brasil. Un reto en el que Lula no ha tenido mucho éxito. En noviembre desaparecieron 75 km2 de selva, un 21% más que el año anterior, aunque el Ejecutivo se jacta de que el ritmo de tala ha decaído.
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