La Cámara Argentina de Comercio (CAC) se metió de lleno en la pelea por el "impuestazo" tecnológico, que recibió media sanción en el Congreso y espera su tratamiento en el Senado.
La entidad expresó en un comunicado que "coincide con la necesidad de impulsar la producción local, pero también entiende que la aplicación de este tipo de políticas debe realizarse evaluando previamente de manera precisa sus costos, quiénes serán los beneficiarios y haciendo saber el impacto que sus disposiciones tendrá en la economía y en la sociedad".
La inquietud de la CAC, que preside Carlos de la Vega, radica en que "hasta el momento no se conoce públicamente la capacidad de producción ya instalada para sustituir con fabricación local esos productos, si existen planes en marcha para hacerlo y mucho menos si hay compromisos u ofertas concretas para realizar inversiones con ese fin".
Además, observa que "tampoco queda claro, si en el futuro cualquier empresario podrá instalarse en la zona promocionada, ya que de acuerdo con las normas vigentes esto no resultaría posible por una serie de normas legales, entre ellos el Decreto Nacional 1234 de 2007, que extiende la vigencia de los beneficios en la Zona Aduanera Especial hasta 2023 y limita la instalación de nuevos emprendimientos industriales a empresas que se hubieren radicado en el área antes del 31 de diciembre de 2005".
Por el contrario, considera la CAC que "de manera rápida se encarecerían productos que hacen al desarrollo tecnológico, las comunicaciones, la educación, el confort de los hogares y la productividad de las empresas y de la economía en general".
No se trata de un punto menor, habida cuenta de que "esta situación significaría un estímulo para el mercado ilegal y una ampliación de la brecha digital, ya que el impuesto recae sobre productos a los que debe acceder, por necesidad, toda la sociedad, y la premisa que persigue el proyecto de que aquellos que más tienen aporten a los sectores más necesitados, tendría un efecto contrario", concluye el comunicado.
En consecuencia, la Cámara Argentina de Comercio entiende que es oportuno generar un amplio debate de la iniciativa ante la posibilidad de arribar a propuestas superadoras que, protegiendo el desarrollo industrial y tecnológico en Tierra del Fuego, no lo haga en desmedro de los intereses de la mayor parte de la población y del acceso a la más moderna tecnología, asegurando así que las decisiones a las que se arriben sean en defensa del interés general.
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