Los gobiernos autonómicos se defienden afirmando que los requisitos que exigen para los equipos "son suficientes para las necesidades que deben cubrir y que las exigencias, en cuanto a asistencia técnica, responden a que cualquier problema en los ordenadores no afecte a la dinámica del sistema educativo".
Hasta ahora, son seis las autonomías -Cantabria, Cataluña, País Vasco, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha- que han puesto en marcha este proyecto, que se financia al 50% entre los gobiernos regionales y el central, con un presupuesto conjunto para este año de 200 millones de euros. Según las fuentes consultadas, la horquilla de precios para los portátiles que están fijando las primeras regiones en lanzarse al plan oscila de entre 270 a 400 euros. Esta última cifra ha sido fijada en el concurso convocado por Extremadura, "quizá la comunidad que más alto ha establecido, por ahora, el valor del ordenador a comprar", según los fabricantes consultados.
El problema, indican las mismas fuentes, es que en esos precios las comunidades incluyen no sólo el dispositivo en sí, si no también la garantía para los equipos, que en algunos casos como el Gobierno Vasco se exige por cinco años; la instalación de los dispositivos; el mantenimiento; el software, con sistema operativo (bien Windows, Linux o dual, según la autonomía), paquete ofimático y antivirus; la formación para su uso, y servicios de puesta en marcha.
"Me gustaría ver qué proveedores se presentan finalmente en el País Vasco o Cantabria, por ejemplo, pues es imposible cubrir sus exigencias para que resulte rentable la adjudicación", afirma un alto directivo del sector. Otro colega de la industria va más allá y afirma que no le "extrañaría que algunos de estos concursos queden desiertos por falta de licitadores, pues para muchas compañías los precios que se están manejando son inviables". Según ha podido saber CincoDías , Acer e Informática El Corte Inglés podrían ser las dos únicas empresas que se han presentado al proyecto vasco.
Los ejecutivos consultados prefieren mantener su anonimato porque sus empresas están involucradas en diferentes licitaciones, y están haciendo aproximaciones a autonomías que aún no han hecho públicos sus concursos, aunque lo harán pronto, como son Madrid, Murcia y Valencia. Lo que sí afirman es que "el plan que implicará una venta de unos 420.000 ordenadores, al margen de pizarras digitales, redes wifi y conexión a internet nos viene muy bien en estos tiempos de crisis y no lo queremos perder, pero tampoco lo podemos regalar".
Los fabricantes, que llevan desde que Zapatero lanzó la idea del Plan en mayo, con una actividad frenética tratando de hacerse con algunos de los concursos, reconocen, no obstante, que es "lógico" que las comunidades busquen aminorar lo más posible los precios del equipamiento, dados los recortes presupuestarios derivados de la actual crisis económica. Pero insisten en que "el modelo educativo no se puede mejorar a costa de las cuentas de las empresas tecnológicas".
En este contexto de precio, el netbook (ultraportátil de bajo coste) parece que se impondrá como el dispositivo mejor adaptado a los requerimientos establecidos por las regiones. En el pliego del País Vasco se habla del suministro de "20.000 miniportátiles", mientras que el concurso de Castilla-La Mancha se deja claro que los dispositivos serán "netbook". Por su parte, Extremadura, habla, sin más, de "ordenadores portátiles", aunque en el pliego fija medidas de pantalla (entre 8,9 y 12 pulgadas) y peso (1,5 kilos) en la línea de los nuevos modelos ultraportátiles de bajo coste.
Desde la industria advierten que las autonomías no pueden dejar de lado el tema de la calidad de los ordenadores. "Es importante que tengan en cuenta que, para este tipo de usuarios (niños en torno a los 11 años), son importantísimos aspectos como el peso, la batería (que dure al menos la jornada escolar), el tamaño del teclado y el de la pantalla, dado que pueden pasar muchas horas delante de ella". Y eso por no hablar de la resistencia que deben tener estos dispositivos, añaden. "Los materiales deben ser duraderos ante los traqueteos en los que se pueden ver envueltos los equipos", comenta un directivo, que cuenta que desde su empresa están prescribiendo a las autonomías que inviertan en calidad, "y nos consta que en algunos equipos que se están presentando los dedos de los niños no caben en los teclados, que son demasiado pequeños".
Reparación de equipos
Ante posibles desperfectos que los equipos podrían sufrir por su uso, las autonomías han fijado para los adjudicatarios unos servicios técnicos "muy exigentes", según advierte la industria, si se tiene en cuenta los precios a los que se quiere comprar los equipos. Así, por ejemplo, el Gobierno Vasco señala que "el adjudicatario deberá reparar los equipos averiados en un plazo máximo de cinco días laborables desde que se comunicó la incidencia. Castilla-La Mancha establece cuatro días desde el registro de las mismas, mientras que Extremadura va todavía más lejos al indicar que "la respuesta entre aviso y reparación o sustitución del material deteriorado no excederá de dos días laborables, valorándose tiempos menores".
Los gobiernos autonómicos se defienden afirmando que los requisitos que exigen para los equipos "son suficientes para las necesidades que tienen que cubrir y que las exigencias en cuanto a asistencia técnica responden a que los problemas en los ordenadores no pueden afectar la dinámica del sistema educativo".
En el diseño de sus ofertas, las empresas se han encontrado también con una disparidad sobre la fórmula de los contratos. "Cada comunidad está pidiendo a la carta". La mayoría ha optado por comprar los ordenadores, aunque otras como Castilla-La Mancha han elegido el renting. También se ha desmarcado Cataluña, que ha contado con inversión privada, ya que los padres van a costear la mitad del precio del ordenador.
La opción del renting permite es transformar en un gasto periodificado la inversión del Plan Escuela 2.0. En el caso de Castilla-La Mancha, el presupuesto base de licitación establecido es de 7,86 millones (incluido el IVA). Esta comunidad, no obstante, tendrá la opción de comprar los equipos al final del periodo de vigencia del plan pagando su valor residual. Este gobierno regional ya aplicó la misma fórmula en 2008 en un programa de ordenadores para profesores, que ganó Toshiba con Informática El Corte Inglés como la empresa de renting.
La mayoría de las comunidades ha pedido que los portátiles sean de colores llamativos, se personalicen con sus símbolos de identificación, y algunas han solicitado muebles de carga y armarios de seguridad para enchufar y guardar los ordenadores mientras no se usen, etiquetas antirobo y máquinas de buck-up.
Toshiba se adjudica en Cataluña 15.000 equipos
La Generalitat catalana se ha sumado al Plan Escuela 2.0 a partir de un proyecto de informatización de los colegios que ya tenía en marcha, en su caso para segundo de la ESO en lugar de quinto de primaria (una opción que está estudiando la comunidad de Madrid). "Con el plan de Zapatero hemos logrado duplicar nuestro presupuesto", dice un portavoz de la Generalitat.
La compañía que ha tomado ventaja es Toshiba. Tras homologar la Generalitat su modelo Toshiba NB200, a un precio de 300 euros, el gobierno autonómico le ha solicitado 15.000 portátiles, con opción a otros 15.000 en los próximos meses.
La fórmula elegida por Cataluña es el copago (la familia pagará la mitad del equipo, aunque el desembolso para ésta puede ser menor porque habrá becados) y PromoCaixa actuará como canal de suministro. La gestión se hará con unos certificados con códigos de barras que se leerán en los cajeros de La Caixa, donde aparecerá el importe a pagar. "Si la familia no tiene cuenta en la entidad, introduce una tarjeta de crédito y paga", aclara otra fuente.
Para conocer los proveedores seleccionados por el resto de comunidades habrá que esperar. Las empresas creen que antes de final del mes de octubre se habrán adjudicado los concursos ya publicados.
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