El Pais
El tribunal federal de Suiza ha declarado ilegal la actividad de una empresa privada, Logistep, que se dedicaba, a petición de clientes, a recolectar direcciones IP de ordenadores sospechosos de realizar descargas P2P. El tribunal declara ilegal esta actividad, ordena la apertura de un proceso penal y pide el arresto de su responsable. Logistep recibía encargos de detentadores de derechos que querían cazar el intercambio P2P de las obras. La empresa rastreaba las redes hasta localizar la dirección IP, que suministraba al cliente. Éste abría un procedimiento para indetificar al abonado. En muchos casos, una vez en posesión del dato, remitía una carta al internauta solicitándole una determinada cantidad de dinero a cambio de no iniciar un procedimiento penal.
En 2008, la autoridad suiza responsable de la protección de datos publicó una recomendación por la que la obtención de la identidad del titular de una dirección IP sólo podía hacerse legítimamente en el marco de una investigación penal y consideraba el acudir a empresas privadas un abuso.
Logistep presentó un recurso administrativo contra esta recomendación y el tribunal de primera instancia le dió la razón con el argumento de que "el fin justifica los medios". El recurso de un abogado contra esta sentencia es el que ha llevado al tribunal federal a revocarla argumentando, precisamente, que el fin no justifica los medios y que una empresa privada no puede convertirse en gendarme del P2P. La sentencia ha causado el alborozo entre los colectivos organizados de internautas en Suiza y Francia, ya que la empresa había también recibido encargos de empresas de esta nacionalidad.
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