Esta herramienta informática ofrece cartografía vía satélite de forma gratuita a través de internet con una visión fotorrealista del paisaje, gracias a los datos captados por una flota de vehículos que recorren las calles de las ciudades con una batería de cámaras que apuntan en todas las direcciones.
La Fiscalía guipuzcoana, que cuenta con uno de los doce fiscales especializados en delincuencia informática en España, inició sus pesquisas, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), tras tener conocimiento de que estos automóviles podrían haber captado "datos de las comunicaciones telemáticas" realizadas por particulares "en sus domicilios y negocios" a través de conexiones Wi-Fi a internet.
La Fiscalía de Guipúzcoa, que en aquel momento asumió la investigación del caso en toda España, trataba de determinar si con sus actuaciones Google vulneró el artículo 197 del Código Penal, que establece penas de 1 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses para quien se apodere de "papeles de otros, cartas, mensajes de correo electrónico, otros documentos y efectos personales".
Este artículo prevé las mismas penas para quien "utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de sonido, imagen o cualquier otra señal de comunicación" para "descubrir los secretos o vulnerar la intimidad" de terceros "sin su consentimiento".
También están incluidos en este tipo penal los que, sin estar autorizados, se apoderen, utilicen o modifiquen, en perjuicio de un tercero, "datos reservados de carácter personal o familiar" de otro registrados en "ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos".
Sin embargo, el Ministerio Público ha decidido ahora archivar el asunto mediante un decreto, al que hoy ha tenido acceso Efe, en el que considera que "el carácter aleatorio, indiscriminado y fragmentario de la técnica utilizada por los automóviles de Google "Street View", impide que se haya obtenido información que, ''per se'' suponga el descubrimiento de secretos o la vulneración de la intimidad que exige el tipo penal".
El documento aclara asimismo que, para los datos obtenidos por los coches de Google "tuvieran potencialidad lesiva de la intimidad" hubiera sido preciso que esta información "se aplicara a algún tipo de finalidad que sirviera a los objetivos" de la compañía investigada, que son "eminentemente comerciales".
El escrito aclara que para ello hubiera sido "imprescindible" someter la información obtenida a "algún tipo de técnica" informática con el fin de "ordenar y tratar" lo que de otra manera "no es más que una masa informe de datos" y "una sobreabundancia de información que no permite extraer un conocimiento inteligible" de ella.
El texto precisa que "no se ha descubierto actividad" alguna por parte de Google en este sentido, al igual que no existe "el menor indicio" de que la empresa haya intentado "comerciar directamente" con el conjunto de información obtenida.
El Ministerio Público señala además que en este punto "no cabe continuar" su actividad investigadora, "toda vez que las posibilidades se han reducido al extremo, debido a que los soportes de datos originales no se encuentran ya en territorio español".
La Fiscalía guipuzcoana, que cuenta con uno de los doce fiscales especializados en delincuencia informática en España, inició sus pesquisas, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), tras tener conocimiento de que estos automóviles podrían haber captado "datos de las comunicaciones telemáticas" realizadas por particulares "en sus domicilios y negocios" a través de conexiones Wi-Fi a internet.
La Fiscalía de Guipúzcoa, que en aquel momento asumió la investigación del caso en toda España, trataba de determinar si con sus actuaciones Google vulneró el artículo 197 del Código Penal, que establece penas de 1 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses para quien se apodere de "papeles de otros, cartas, mensajes de correo electrónico, otros documentos y efectos personales".
Este artículo prevé las mismas penas para quien "utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de sonido, imagen o cualquier otra señal de comunicación" para "descubrir los secretos o vulnerar la intimidad" de terceros "sin su consentimiento".
También están incluidos en este tipo penal los que, sin estar autorizados, se apoderen, utilicen o modifiquen, en perjuicio de un tercero, "datos reservados de carácter personal o familiar" de otro registrados en "ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos".
Sin embargo, el Ministerio Público ha decidido ahora archivar el asunto mediante un decreto, al que hoy ha tenido acceso Efe, en el que considera que "el carácter aleatorio, indiscriminado y fragmentario de la técnica utilizada por los automóviles de Google "Street View", impide que se haya obtenido información que, ''per se'' suponga el descubrimiento de secretos o la vulneración de la intimidad que exige el tipo penal".
El documento aclara asimismo que, para los datos obtenidos por los coches de Google "tuvieran potencialidad lesiva de la intimidad" hubiera sido preciso que esta información "se aplicara a algún tipo de finalidad que sirviera a los objetivos" de la compañía investigada, que son "eminentemente comerciales".
El escrito aclara que para ello hubiera sido "imprescindible" someter la información obtenida a "algún tipo de técnica" informática con el fin de "ordenar y tratar" lo que de otra manera "no es más que una masa informe de datos" y "una sobreabundancia de información que no permite extraer un conocimiento inteligible" de ella.
El texto precisa que "no se ha descubierto actividad" alguna por parte de Google en este sentido, al igual que no existe "el menor indicio" de que la empresa haya intentado "comerciar directamente" con el conjunto de información obtenida.
El Ministerio Público señala además que en este punto "no cabe continuar" su actividad investigadora, "toda vez que las posibilidades se han reducido al extremo, debido a que los soportes de datos originales no se encuentran ya en territorio español".
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